La Policía Nacional del Perú (PNP) aprobó la Guía para el otorgamiento de la reserva de identidad a las personas víctimas del delito de extorsión con el objetivo de salvaguardar la confidencialidad de quienes formalicen una denuncia ante las autoridades.
El Ministerio del Interior (Mininter) impulsó esta medida, por lo que la PNP aprobó, mediante la Resolución de Comandancia General N.° 1081-2025-CG PNP/COMOPPOL, los procedimientos y formatos que regulan la asignación de códigos de reserva de identidad a ciudadanos afectados por extorsión y delitos conexos.
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La medida permitirá estandarizar la actuación policial y busca reforzar la seguridad y confianza de las víctimas que denuncien ante la División de Investigación de Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), así como ante otras unidades especializadas de la PNP.
Asimismo, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (Dirtic) de la PNP incorporó en el sistema de denuncia digital una celda específica para el registro del código de reserva de identidad, lo que facilitará el seguimiento de los casos y la generación de información estadística estratégica para la toma de decisiones operativas y preventivas.
Esta iniciativa fue impulsada por la Dirección General contra el Crimen Organizado (DGCO) del Mininter, en cumplimiento del Decreto Supremo N.° 009-2025-IN, que establece medidas especiales para la prevención e investigación del delito de extorsión y delitos conexos, garantizando una mayor protección a las víctimas.
La directora de la DGCO, Silvia De la Cruz, señaló que el sector ha propuesto la incorporación del delito de solicitud extorsiva, a fin de sancionar penalmente desde el momento en que la víctima recibe el mensaje amenazante, sin necesidad de que se concrete un pago, anticipándose así al daño y cortando el ciclo delictivo desde su fase inicial.
Además, se ha planteado sancionar a los funcionarios o servidores públicos que revelen información reservada vinculada a denuncias por extorsión, operativos policiales u otras acciones que obstruyan la lucha contra la criminalidad.
