El Congreso de la República debatió este viernes el dictamen recaído en el proyecto de ley 7752/2023-PE que busca otorgar facultades legislativas al Ejecutivo para legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.
En el debate intervinieron al menos 30 congresistas de diferentes bancadas que expresaron un descontento generalizado por el pedido. Así también, solicitaron el retiro de diferentes puntos del dictamen.
Después del debate, se votó una cuestión previa para discutir el dictamen materia por materia y fue aprobado con 53 votos a favor y 48 en contra.
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Luego de una segunda votación de reconsideración donde se reafirmó la aprobación de la discusión del dictámen por separado, la congresista Adriana Tudela (Avanza País) solicitó un cuarto intermedio para poder evaluar los pedidos realizados desde las distintas bancadas a fin de que la presidencia y el equipo técnico de la comisión puedan evaluar un texto sustitutorio.
¿Qué dice el dictamen?
El 11 de junio, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el predictamen otorgando facultades a las 10 materias y 62 submaterias de las 105 submaterias que solicitó el Ejecutivo.
Las 10 materias comprenden el fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública y público-privada y gestión de servicios públicos; la mejora de la calidad de la inversión pública; el fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado; la deducción de costos de transacción; así como el acceso y competencia en servicios financieros.
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Asimismo, el equilibrio fiscal; materia tributaria; política criminológica y penitenciaria; desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del terminal portuario de Chancay; y seguridad y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital.
Pronunciamiento
Gremios empresariales y sindicatos de trabajadores emitieron un comunicado rechazando las decisiones del Congreso de aprobar en primera votación el proyecto de ley que modifica la ley contra el crimen organizado pues pone en riesgo la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado.
El comunicado fue firmado por Adex, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP).
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En el pronunciamiento, consideran grave que se señale como requisito que las organizaciones criminales controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, pues quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto.
Así también, cuestionan la modificación que considera como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los seis años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción.
“LLamamos al Congreso a que considere estas observaciones en la segunda votación del referido proyecto. Igualmente, esperamos que el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial sienten su posición frente a las citadas modificaciones que, de prosperar, harán que los peruanos estemos más expuestos ante extorsionadores, asaltantes y secuestradores”, concluyeron.
