El pleno del Congreso de la República aprobó un dictamen que autoriza el bloqueo y la baja de servicios móviles asociados a actividades delictivas. La medida busca mejorar la seguridad ciudadana y frenar el uso de dispositivos en delitos como extorsión, tráfico de drogas y explotación sexual infantil.
El dictamen modifica el Decreto Legislativo 1182, que regula el uso de datos de telecomunicaciones, y el Decreto Legislativo 1338, orientado a la prevención del comercio ilegal de móviles.
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Estas modificaciones permitirán a la Policía Nacional del Perú (PNP) acceder a datos de geolocalización en casos de flagrancia y en investigaciones preliminares.
Entre los delitos incluidos en la iniciativa están la trata de personas, la explotación sexual, la pornografía infantil y otros delitos graves. Esta herramienta también aplicará para delitos contra la vida, el patrimonio y la administración pública.
Para bloquear un dispositivo, las entidades competentes, como el Ministerio del Interior y la PNP, podrán solicitar a Osiptel la suspensión temporal de la línea, la emisión de mensajes de advertencia y el bloqueo del IMEI en un plazo de dos horas.
Las operadoras de telecomunicaciones deberán ejecutar las órdenes en un máximo de tres horas después de la solicitud, garantizando así una rápida respuesta en la lucha contra la delincuencia organizada y el comercio ilegal de dispositivos.
