
Al final de la audiencia pública realizada ayer, la presidenta del Tribunal Constitucional, la magistrada Luz Pacheco Zerga, informó que se dejará a voto si se declara infundada o no la demanda presentada por la Provincia Franciscana. Sin embargo, resaltó que es preferible que ambas partes lleguen a un arreglo directo “antes que tener un juicio largo”.
“Quisiera animar a la orden franciscana a que busque el entendimiento con la Municipalidad de Lima. Si logran una conciliación, las partes podrán encontrar sus necesidades satisfechas”, expresó.
La controversia se centra en la Plazuela de San Francisco, un espacio emblemático del Centro Histórico de Lima que permanece cerrado al público desde agosto de 2022 debido a una disputa legal entre la congregación franciscana y la MML.

Esto ha impedido que se paralice la puesta en valor de la plazuela a cargo de Prolima, gerencia de la MML que recupera el valor cultural del centro de la capital. De acuerdo con la institución, la obra beneficiará a más de 18 mil vecinos y visitantes, quienes no pueden acceder al espacio público desde hace 30 meses. Además, Prolima estima que la paralización de los trabajos ha generado una pérdida de S/ 250 mil.
El proyecto para la plazuela San Francisco está valorizado en S/4’700.000. Contempla la renovación de sus pisos, la instalación de nuevo mobiliario público, la mejora de su sistema de iluminación y la restauración de su pileta. A pesar de los daños de la paralización, Prolima asegura que la obra podría concluirse encinco meses.
¿Cómo se originó la disputa legal?
En enero del 2022, el Ministerio de Cultura (Mincul) autorizó la ejecución del proyecto de restauración integral. Un mes después, la MML retiró el cerco perimétrico de la plazuela, en compañía de la Fiscalía de Prevención del Delito, la Policía Nacional y el Mincul.
Este hecho ocasionó la disputa legal. En marzo de ese año, los franciscanos interpusieron una acción de amparo en contra de la MML y el Mincul; la medida fue concedida por el PJ en agosto del 2022 y desde entonces la plazuela permanece cerrada al público.
Luego de una apelación de la MML, en abril del 2023, el juez titular del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por los franciscanos. Estos últimos apelaron la decisión, por lo que debía resolverse en segunda instancia.

En ese mismo mes, tres magistrados de la tercera sala judicial declararon improcedente la solicitud de nulidad de la orden. Sin embargo, diferencias en el contenido de la redacción de los votos improcedentes impidieron la publicación de una sentencia definitiva por parte del PJ, por lo que se programó una audiencia para el 26 de junio del 2024 para resolver la discordia.
No obstante, esta no se llevó a cabo, debido a que el PJ, en interpretación de su propia Ley Orgánica, determinó que, al haber tres votos a favor de la improcedencia de la demanda presentada por la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles, ya existe una resolución del caso en segunda instancia.
“Con los votos de los señores Jueces Superiores Paredes Flores, Cabrera Giurisich y Escudero López [que votaron para declarar la demanda como improcedente] ya se conformó resolución, por lo que carece de objeto llevar a cabo la audiencia de vista de causa en discordia (…) La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 144° prescribe: (…) Tratándose de sentencias de segunda instancia en materia constitucional, en las Salas Superiores se requieren tres votos conformes para hacer resolución”, se lee en el documento enviado a ambas partes en litigio el 21 de junio del año pasado.
Luis Martín Bogdanovich, gerente de Prolima, declaró anteriormente a El Comercio que la decisión del PJ como una “victoria de la ciudad de Lima”.

Sin embargo, como indicó en su momento Fabricio Valencia, actual ministro de Cultura y entonces abogado de los franciscanos, la congregación impugnó el resultado en segunda instancia en el TC.
Según Valencia, la oposición de los franciscanos a la obra a cargo de Prolima se debía principalmente a que esta carecería de un estudio de impacto patrimonial (EIP) aprobado por la Unesco.
“La Convención sobre la protección del patrimonio determina que toda intervención de un bien patrimonial requiere de un EIP aprobado por la Unesco antes de su ejecución. Prolima ha elaborado un EIP, pero no tiene la aprobación de la Unesco”, afirmó Valencia.
“Prolima respondió que cuentan con la opinión favorable de una delegación de Unesco sobre su Plan Maestro y la demolición del cerco perimetral que tenía la plaza. Sin embargo, esto no reemplaza a la aprobación de Unesco de un EIP”, sostiene. “Si Prolima muestra el EIP con la aprobación de la Unesco y este indica que debe retirarse la reja perimétrica de la plazuela, nosotros aceptaremos la decisión del PJ”, afirmó.

Sobre este último punto, Valencia indicó que el cerco perimétrico que tenía la plazuela de San Francisco —cuyo retiro en febrero del 2022 dio inicio a la disputa legal— sí es un bien que conforma el patrimonio cultural.
“Como todo elemento que forma parte del centro histórico de Lima, inscrito como patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1991, el cerco perimétrico sí forma parte del patrimonio de la humanidad; no importa si se colocó en 1987. Además, la Unesco había declarado como patrimonio al conjunto monumental de San Francisco en 1988 y este incluía el cerco perimétrico”, sostuvo.
Prolima, por su parte, refirió a El Comercio que la reja perimétrica de la plazuela no es un elemento de valor histórico, ya que fue colocada en 1987. Asimismo, la gerencia de la MML reafirmó que toda la obra de recuperación de la plazuela tiene respaldo de la Unesco y cuenta con EIP.