El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente de la Corte Superior de Apurímac José Alberto Tinco Luján y su esposa, Elionora Yntusca Janampa. Ambos son investigados por el presunto delito de abuso de autoridad y otros.
Tinco es sindicado de realizar contrataciones irregulares en la entidad del Estado que dirigía, mientras que según la tesis fiscal, su esposa habría ejercido mucha influencia en él para la contratación de servidores públicos.
El pedido había sido sustentado por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. El caso incluye a Alexander Puma Valer, coordinador de Servicios Judiciales de la Corte de Apurímac; y a Marco Antonio Cerón Trujillo, coordinador de Recursos Humanos de esa institución.
Otras 25 personas, que habrían sido contratadas ilegalmente por José Alberto Tinco también son investigadas por los delitos de organización criminal y por el nombramiento, designación, contratación, o aceptación ilegal de cargo.
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En el caso de Puma Valer, se dispusieron doce meses de prisión preventiva, mientras que para Cerón Trujillo y Mario Ramos se ordenó que sigan la investigación en libertad.
Como se recuerda, el pasado 2 de julio agentes de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados al Crimen Organizado, en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron a Tinco Luján y a su esposa.
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Además, se ejecutaron 21 allanamientos en distintas sedes judiciales y viviendas vinculadas a los investigados. El megaoperativo fue realizado en simultáneo en Lima, La Libertad y Puno, y permitió que se desarticule una presunta organización criminal denominada “Las Corbatas Negras”, cuyos miembros son funcionarios y trabajadores del Poder Judicial.
De acuerdo con las investigaciones, la presunta organización criminal habría actuado para influir en decisiones dentro del sistema de justicia. Al menos 14 hechos bajo análisis revelarían un esquema orientado a favorecer determinados procesos judiciales mediante supuestas prácticas irregulares.
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La forma de operar de estos presuntos delincuentes es a través de presiones y represalias contra magistrados para presuntamente influir en resoluciones judiciales. Asimismo, causar designaciones irregulares de jueces supernumerarios y personal administrativo sin cumplir requisitos necesarios.
