El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria declaró improcedente el pedido presentado por el partido político Renovación Popular para no ser investigado por el presunto delito de lavado de activos.
En su lectura del fallo, el juez Ubaldo Callo concluyó que no se cumplen los presupuestos para la figura de extinción de la acción penal solicitada por dicha agrupación, así como su exclusión del proceso.
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Asimismo, indicó que los partidos sí pueden ser pasibles de una multa, que debe derivar de una presunta responsabilidad penal de sus integrantes o de la agrupación como persona jurídica, lo cual deberá dilucidarse en un proceso penal.
Del mismo modo, señaló que Renovación Popular puede ejercer actos de defensa y la única posibilidad de que pueda hacerlo es estando incorporado válidamente en el proceso. “Disponer su exclusión más bien significaría dejarlo en indefensión frente a una eventual pretensión que pueda formular la procuraduría”, aseveró.
Como se recuerda, el partido liderado por el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, buscaba acogerse a la Ley 32054, aprobada por el Congreso en junio de 2024.
Dicha norma excluye de responsabilidad penal a los partidos, con lo cual las organizaciones políticas no podrán ser disueltas por los actos ilícitos cometidos por sus integrantes, sino que estos deberán asumir su responsabilidad de manera individual.
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Por ello, Renovación Popular había solicitado, el pasado 14 de junio, su exclusión de la indagación por la presunta entrega de dinero de ambos consorcios a Solidaridad Nacional, que lideraba el fallecido Luis Castañeda Lossio.
El caso
El Ministerio Público le imputa a dicha agrupación política haber utilizado su estructura organizacional para facilitar y favorecer actos de lavado de activos provenientes de dinero ilícito de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.
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Según la tesis fiscal, la finalidad era darle apariencia de legalidad a través de su ingreso como falsos aportes de campaña. En este caso también estaba implicado Castañeda Lossio, quien falleció el 13 de enero del 2022.
El Ministerio Público sostiene que el partido habría tenido en su poder parte del dinero de fuente ilícita proveniente de Odebrecht (US$ 200,000 aproximadamente), entregado a través de Jorge Barata, en la campaña presidencial del 2011.
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Asimismo, para la campaña municipal del 2014, Odebrecht y OAS habrían entregado U$S 200,000 y U$S 480,000, respectivamente. Dichos montos fueron ingresados como falsos aportes de campaña y se habrían entregado en un local de la Universidad Telesup.
