El Poder Judicial cambió la presidencia y conformación del juzgado que se encargará del juicio oral a Keiko Fujimori por el ‘Caso Cocteles’, donde la fiscalía pide 30 años y 8 meses de prisión contra la lideresa de Fuerza Popular. Dicho tribunal era dirigido por la jueza Nayko Coronado, pero ahora será liderado por la magistrada Juana Caballero García.
Este miércoles se publicó en el diario oficial El Peruano una resolución firmada por el titular del PJ, Javier Arévalo Vela. Allí se designó a la jueza Caballero García como nueva integrante del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), a quien luego se asignó la presidencia del tribunal.
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La CSJNPE ve la mayoría de procesos más complejos del sistema judicial peruano por delitos como organización criminal, corrupción, lavado de activos, terrorismo, narcotráfico, entre otros; además de casos emblemáticos como Lava Jato, los ligados a Pedro Castillo y, más recientemente, organizaciones como el Tren de Aragua.
Juana Caballero ingresó como integrante del juzgado en reemplazo de Raúl Caballero Laura, a propuesta de la jueza Porfiria Condori, encargada de la presidencia de la CSNJPE. La separación Caballero Laura, según la resolución, se dio a consecuencia del resultado de la ‘Investigación Definitiva Nº 093-2019-Tacna’, emitido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Fuentes de El Comercio indicaron que antes de que Raúl Caballero se incorpore a la CSNJPE desde la Corte Superior de Justicia de Tacna, en el 2019, tenía un proceso administrativo por retraso en la administración de justicia. Ello derivó en una suspensión, que fue apelada. El caso llegó al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que ratificó la sanción de suspensión por seis meses. Por eso, indicaron, se hizo necesario el cambio.
Luego, ante la necesidad de designar a un nuevo juez, se evaluó la hoja de vida de Caballero García y se le encontró apta para el cargo “en consonancia con sus antecedentes, desempeño en la función jurisdiccional y méritos profesionales”.
La magistrada venía desempeñándose como jueza especializada penal de la Corte Superior de Justicia de Huaura. El año pasado, Caballero estuvo a cargo del Primer Juzgado Penal Unipersonal – Procesos Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad de Huaral. Ahora pasará a ver casos de organización criminal y lavado de dinero, como el Caso Cocteles, donde hay unos 40 acusados y más de 1000 testigos.
Cambio en la presidencia
Caballero García se incorporó este miércoles al colegiado (juzgado conformado por tres jueces) junto a sus colegas Max Vengoa y Nayko Coronado, quien era la presidenta del tribunal. La magistrada es abogada por la Universidad San Martín de Porres, con maestría en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, y es docente en la Universidad César Vallejo. En su carrera en la Corte Superior de Justicia de Huaura, también fue jueza superior provisional.
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El miércoles, en la sesión del juicio a Ollanta Humala y Nadine Heredia, a cargo de este colegiado, Nayko Coronado informó que la magistrada Caballero se estaba integrando al caso. Al ser el cambio de un solo juez, ello no quiebra o afecta ese juicio.
Este jueves se publicó en El Peruano una nueva modificación al colegiado: se le encargó la presidencia a Juana Caballero en lugar de Nayko Coronado, quien seguirá como integrante del colegiado. La resolución para fijar esta nueva conformación fue firmada por Porfiria Condori, presidenta encargada de la CSNJPE.
El documento cita como fundamento para la conformación el “orden de antigüedad de los jueces integrantes de esta CSN, a partir del 06 de marzo del presente año, conforme al Cuadro de Precedencia por Antigüedad de Jueces Especializados Titulares integrantes de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada remitido por la Oficina de Organización de Cuadro de Méritos y de Antigüedad”.
Fuentes ligadas a la CSNJPE comentaron que, en efecto, el cambio se debe a que la presidencia de los colegiados se establece en base a la antigüedad de los magistrados. En este caso, Juana Caballero figura como juez especializada titular desde el 2006; mientras que Nayko Coronado es jueza especializada penal desde el 2009 y Max Vengoa, desde el 2017. Coincidentemente, Coronado y Vengoa fueron fiscales antes de pasar al Poder Judicial, mientras que Caballero fue jueza durante toda su carrera.
Las fuentes afirmaron que el rol de un presidente del colegiado está vinculado “al manejo administrativo de los casos: establecer las agendas, este tipo de cosas”. En cambio, el juez director de debates asignado a cada caso es quien se encarga de elaborar la resolución y proponérsela a los otros dos miembros del juzgado, quienes pueden estar de acuerdo u oponerse. Para el ‘Caso Cocteles’, se prevé que el puesto de director de debates se asignará de forma aleatoria entre los tres.
Los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, con su conformación anterior, tenían experiencia en casos complejos. A inicios de semana, el tribunal sentenció al exgobernador de Áncash César Álvarez a 19 años de prisión por el caso La Centralita, luego de un juicio que duró unos tres años. Además, tienen a su cargo el referido juicio al expresidente Ollanta Humala desde febrero del 2022. Se espera una sentencia para la segunda mitad del año.
La jueza Nayko Coronado, por su parte, es conocida por haber dictado en julio del 2019 la primera sentencia ligada al caso Odebrecht en el Perú. Le impuso 8 años y 3 meses de prisión a César Álvarez por pactar ilícitamente con la constructora brasileña para otorgarles la concesión de la carretera Chacas San Luis a cambio de coimas de US$ 2,6 millones.
En enero, la CSNJPE anunció que se determinó “por sorteo” que el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional iba a hacerse cargo del juicio por el Caso Cócteles. Por entonces, fuentes de El Comercio ligadas al sistema judicial destacaron que la “independencia” de la jueza Coronado garantizaba un proceso justo. A fines de ese mes, se fijó el 1 de julio como fecha para el juicio, debido a la cantidad de testigos y a la necesidad de hacer trámites previos de cooperación internacional.




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