El contralor general de la República, César Aguilar, anunció la ejecución de un servicio de control posterior a la obra del estadio Miguel Grau, principal recinto deportivo de Piura, que permanece inoperativo desde hace diez años.
La medida busca determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales tras la resolución del contrato de un proyecto cuya inversión supera los S/ 192 millones.
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Durante una inspección técnica realizada junto a auditores de la Contraloría, Aguilar informó que los trabajos de rehabilitación del estadio se iniciaron el 12 de junio de este año. Sin embargo, precisó que el avance físico alcanza solo el 1,64 %, pese a que ya se ha desembolsado más de S/ 3 millones. El proyecto tenía como meta su culminación en 2026, pero el contratista comunicó la resolución del contrato.
El contralor advirtió que esta situación genera preocupación. “Nos genera mucha preocupación que se intente ejecutar una infraestructura sin contar con bases técnicas adecuadas”, señaló. Añadió que el control permitirá establecer las responsabilidades correspondientes y evaluar si existieron fallas desde la etapa de planificación del proyecto.
Aguilar indicó que la Contraloría es consciente de la expectativa de deportistas y ciudadanos de Piura por la culminación del estadio. No obstante, remarcó que la complejidad de la obra será evaluada con rigor. “Tienen el compromiso de la Contraloría de destrabar esta obra en el menor plazo posible”, afirmó.
Asimismo, informó que esta obra se suma a otras paralizadas en la región, donde se repite un patrón de deficiente formulación de proyectos. Según explicó, estas falencias suelen derivar en adicionales de obra, problemas técnicos y posteriores paralizaciones.
Como parte de su agenda en Piura, el contralor también inspeccionó la obra del hospital Los Algarrobos, paralizada desde 2021, y supervisó otras inversiones públicas en la región.
Tras las visitas, aseguró que la Contraloría continuará enfocando sus esfuerzos en el destrabe de obras y en la correcta utilización de los recursos públicos. “La ciudadanía no puede esperar”, enfatizó.
