“Considero que sí es necesario tengamos delimitada la ubicación de lo investigados dentro del país, para que así pueda garantizarse o minimizarse el peligro de fuga que pudiera tenerse respecto de los investigados o igualmente abordar con suficiencia y solvencia por parte del Ministerio Público las indagaciones que están realizando.”
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Todos ellos son investigados por los presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Los hechos se vinculan a presuntas irregularidades en el proceso de licitación del “Servicio de transporte de carga a nivel nacional, despliegue y repliegue de material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio – EG 2026”, a favor de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C, por un valor de S/ 6’368,332.75.
Galaga S.A.C. ya había sido penalizada hasta en tres oportunidades por la misma entidad electoral, y pese a ello fue adjudicada con la nueva licitación para las Elecciones Generales del 2026, pese a que ofertó un mayor monto que sus competidoras.
Incluso, el 12 abril, día de la elecciones, no se cumplió con el reparto de material electoral en 11 locales de votación afectando a cerca de 60 mil electores.
Galaga se vio favorecida por una cuestionada decisión de la ONPE.
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Juzgado consideró necesaria la presencia de los investigados en el país al existir elementos que merecen investigación
En sus argumentos, el juez de investigación preparatoria, Manuel Chuyo señaló que el Ministerio Público había cumplido con exponer un conjunto de hechos que merecían investigación y que implicaban a Piero Corvetto Salinas, Juan Samamé Blas, José Phang Sánchez, el empresario Juan Alvarado Pfuyo y otros funcionarios de la ONPE.
“La judicatura entiende que hay un conjunto de datos objetivos que merecen ser indagados en los cuales se encuentran involucrados; no porque exista un grado de certeza de la comisión del delito, pero sí un indicio que merece indagación y es en ese sentido que se cumple con el elemento de convicción en este estadío, donde los investigados están vinculados o están relacionados”, explicó.
Del análisis, señaló el juez, se evidenció que los investigados colaboraron con las investigaciones desde el inicio de la misma, no solo brindando su declaración; sino también entregando -en algunos caso- sus teléfonos. Descartó la presunta “pluralidad de domicilio” como un riesgo de fuga, al señalar que se trata de un mención sin hechos concretos.
Por tanto, el magistrado adujo que, si bien no hay algún acto concreto que permita entender una presunta obstaculización de averiguación de la verdad o en lo que concierne al peligro de fuga; era indispensable que los investigados puedan ser ubicados cuando sean convocados por la fiscalía para el esclarecimiento de los hechos.
“Sin embargo, en tanto es necesaria la presencia o resulta indispensable la presencia de los investigados, para continuar con los actos de investigación; siempre con la particularidad de que en el presente caso estos vienen concurriendo y prestando apoyo en la labor fiscal, considero que sí es necesario tengamos delimitada la ubicación de los investigados dentro del país para que así pueda garantizarse o minimizarse el peligro de fuga que pudiera tenerse respecto de los investigados o igualmente abordar con suficiencia y solvencia por parte del Ministerio Público las indagaciones que están realizando.”
En esa línea, concluyó que en este caso, sí se presentó el presupuesto de suficiente medios de prueba y la necesidad de la presencia de los investigados para la indagación de la verdad.
“A partir de estos datos, sí es posible restringir los derechos de los investigados (…) reitero en esta sesión lo único que se está determinando es la necesidad de investigación, los presuntos hechos ilícitos, de esclarecer las presuntas irregularidades advertidas, con presuntos vicios de comisión delictiva y a partir de ello, que los investigados puedan ser ubicados cada vez que el Ministerio Público requiera su presencia”, argumentó.
Por ello, declaró fundado el requerimiento fiscal e impuso 18 meses de impedimento de salida del país contra Corvetto Salinas, Phang Sánchez, Samamé Blas, Alvarado Pfuyo, Flores Bancho y Otoya Alvarado.
José Samamé Blas (exgerente de Gestión Electoral), Juan Antonio Phang Sánchez (suspendido subgerente de Producción Electoral), el empresario Juan Charles Alvarado Pfuyo (dueño de la empresa Galaga), y las funcionarias de Onpe, Hilda Elizabeth Otoya Alvarado y Lilia Flores Bancho.
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Ordenó que se oficie a la Superintendencia Nacional de Migraciones a fin de que se ejecute la medida dictada por su despacho.
El Ministerio Público, y las defensas de Corvetto, Samamé, Phang, Otoya y Flores se mostraron conformes con la decisión judicial. La defensa del empresario Alvarado Pfuyo apeló la decisión.
Fiscalía señaló que existirían “irregularides gravisimas” en una trama de direccionamiento a favor de Galaga
Durante la audiencia de requerimiento, el Fiscal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Reynaldo Abia, señaló que “sí hay sospechas de presuntos actos de corrupción” cometidos por funcionarios de la ONPE a favor de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.
“No solo estamos hablando de sospecha simple; sino de actos concretos de direccionamientos que revelarían presuntos actos de corrupción”, adujo.
Por tanto, señaló el fiscal, era necesario que los investigados estén sujetos a una medida que asegure su presencia para su participación en el desarrollo de las investigaciones.
Abia Arrieta argumentó que corresponde al Ministerio Público verificar si, en el citado proceso de licitación, hubo algún “trato, pacto, contacto o un concierto desfraudatorio”, puesto que los hechos posteriores a la adjudicación revelaban “que hubo perjuicio , que se habría materializado en nuevo gastos que fueron asumidos por el Estado a traves de ONPE.
“Lo que le vamos a decir en este caso, es que estas tantas irregularidades gravísimas tenían que ver con una negligencia inexcusable, o en realidad era una situación de dolo eventual o estamos viendo en este caso una trama, unas triquiñuelas, actos de corrupción intencional respecto al direccionamiento, con las modificaciones que se habrían hecho, para favorecer a la empresa Galaga.”
Sobre Piero Corvetto Salinas, en su calidad de exjefe de la ONPE, habría estado inmerso en diversas decisiones que afectaron los lineamientos para el buen desarrollo de la licitación del Servicio de transporte de carga a nivel nacional, despliegue y repliegue de material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio – EG 2026” con la finalidad de beneficiar a Galaga.
En línea, el fiscal adujo que podría haber una “precipitación” de Corvetto Salinas, como lo hizo con su renuncia a su cargo como jefe de ONPE, ante la investigación fiscal y la gravedad de la pena, por lo que era necesario dictar la medida de impedimento de salida en su contra ante una posible evasión de la justicia.
“La presencia del señor Corvetto es necesaria para que se aclaren los hechos de conocimiento público que han generado zozobra e impacto sobre todo, de cara a la Segunda vuelta de este proceso electoral. En ese sentido, considero que podría, no estoy diciendo que se vaya a ir, podría pensarlo, precipitarse, es un ser humano, hay que entenderlo; hay una amenaza que existe por parte del Ministerio Público, irse y evadir la acción de la justicia”, advirtió Abia Arrieta.
El fiscal recordó que en la diligencia de allanamiento se halló un tercer pasaporte a su nombre. La fiscalía, como se recuerda, precisó que el documento estaba vigente hasta agosto del 2026.
Sobre Samamé, Phang, y otros funcionarios de ONPE, el Ministerio Público también señaló que estos habrían participado en diversos hechos que terminaron por flexibilizar los requerimientos para favorecer a la empresa Galaga.
Piero Corvetto-Requerimiento de impedimento de salida del país
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Por tanto, se indicó, su presencia era necesaria para las diversas diligencias que se realizarán como peritajes, extracción de información de los equipos informáticos y celulares incautados con el fin de esclarecer la verdad. En el caso de Phang, la fiscalía indicó que se habían encontrado cerca de 157 documentos vinculados a ONPE.
Además, existían otros hechos que vienen siendo investigados en otros despachos fiscales que se acumularán a la investigación por la que se estaba pidiendo la medida y por ello se deberá contar con la presencia de los investigados.
Similar argumento se invocó en el caso del empresario Alvarado Pfuyo, a quien se le atribuye haber participado en un presunta colusión, ya que los lineamientos para el servicio contratado y los terminos de referencia se modificaron, lo que habría llevado a favorecer a la empresa.
“Esta incapacidad o tolerancia a esta incapacidad por parte de los funcionarios de ONPE, no es gratuita y la hipótesis es que estos se hicieron en favorecimiento a la empresa Galaga”, indicó el fiscal.
