El petróleo vuelve a cruzar la barrera de los US$100 por segundo día consecutivo y, con ello, revive un fantasma conocido, el de una energía cara que se filtra en toda la economía. Esta vez, sin embargo, el detonante no es una disrupción logística ni una salida abrupta de oferta como en 2022, sino un foco de tensión más volátil, Medio Oriente, con Irán en el centro y un escenario que combina ataques, amenazas y señales contradictorias desde Estados Unidos.
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El factor Irán no es menor. Se trata de uno de los principales productores globales y, sobre todo, de un actor clave en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.
“El Estrecho de Ormuz representa alrededor del 20% a 25% del comercio mundial de hidrocarburos”, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Agregó que ante una menor oferta o restricciones de abastecimiento, lo que vemos es una presión al alza del crudo.
A ello se suma un componente difícil de medir: la percepción de riesgo. “La incertidumbre es el principal factor que incrementa el riesgo y termina impactando en el precio”, añadió
Desde una mirada más estructural, Edwin Quintanilla, director de la Maestría en Gestión de la Energía de Esan, identificó tres motores detrás del alza: tensiones geopolíticas, recortes de producción de la OPEP+ y una demanda global que se mantiene resiliente. “El caso de Irán introduce una prima de riesgo geopolítico sobre el mercado”, explicó.
Aunque el petróleo en tres dígitos remite inevitablemente al shock de 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania, el contexto actual es distinto.“Antes era un conflicto más acotado entre Europa y Rusia. Ahora estamos hablando de rutas que abastecen cerca del 20% de la demanda mundial”, explicó García.
Aun así, consideró que podría tratarse de un episodio menos prolongado: “Este precio de US$100 afecta a todas las economías, incluido Estados Unidos, por lo que hay incentivos para que se llegue a una solución más rápida”, comentó.
Petróleo vuelve a estar por encima de los US$100 (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
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En la misma línea, Benoit Mougenot, director de las carreras de Economía de la Universidad San Ignacio de Loyola, señaló que el mercado ya descuenta un escenario de tensión persistente, aunque no necesariamente una guerra total. “El aumento refleja no solo el impacto actual, sino la expectativa de que el conflicto se extienda en el tiempo”, indicó.
La clave estará en la evolución del conflicto, una escalada militar directa —como la sugerida por Trump— o un cierre más severo del eEtrecho de Ormuz podría disparar aún más los precios. Por el contrario, un aumento de producción o liberación de reservas estratégicas podría contenerlos.
Para el Perú, el problema no es solo el precio, sino la exposición. Al ser un importador neto de combustibles, cualquier alza internacional se traslada —tarde o temprano— al mercado local.
“Todo incremento del precio se termina trasladando al consumidor final”, advirtió Cantuarias. En la práctica, esto implica combustibles más caros, mayores costos de transporte y presión sobre los precios de alimentos.
El traslado, además, no es inmediato pero sí inevitable. “Cuando se acaben los stocks comprados a menor precio, las empresas tendrán que importar a un costo más alto”, explicó.
Quintanilla añadió que el impacto es transversal. “Se observa primero en transporte, luego en alimentos y servicios, afectando más a los hogares de menores ingresos. Es lo que se conoce como inflación importada”, comentó.
Petróleo vuelve a estar por encima de los US$100
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Sin embargo, especialistas coinciden en que a diferencia de otros países de la región, el Perú cuenta con un elemento que puede moderar parcialmente el impacto: el gas natural.
“El gas natural nos va a salvar en parte, porque permite que sectores como la generación eléctrica tengan precios más estables”, sostuvo García. Sin embargo, el transporte —el principal consumidor de diésel— sigue siendo el punto más vulnerable.
Expertos también coinciden en una misma receta de fondo, acelerar la transición energética. “Es inaceptable que sigamos dependiendo del diésel cuando producimos gas natural”, cuestionó Cantuarias.
En el corto plazo, el Estado tiene herramientas como el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, aunque su uso implica costos fiscales y no es sostenible en escenarios prolongados. Sin embargo, en la práctica, este mecanismo lleva tiempo sin operar como debería. Cantuarias advirtió que el Fondo ha perdido efectividad tras la salida de actores clave como Petro-Perú, Repsol y los importadores de GLP, en medio de deudas acumuladas que —según detalló— bordean los S/1.000 millones. “Para reactivar el fondo, el Estado tendría que saldar esas obligaciones y volver a asignar recursos, justo en un contexto de presión fiscal”, señaló.
Desde una mirada más técnica, García coincidió en que el diseño actual tampoco ayuda a enfrentar episodios de alta volatilidad. “El fondo es un subsidio ciego, no necesariamente eficiente en este tipo de coyunturas”, sostuvo. En su opinión, si los precios continúan al alza, cualquier intervención debería ser más focalizada —por ejemplo, dirigida al transporte de carga o pasajeros— para evitar un impacto generalizado en la economía sin comprometer aún más las cuentas públicas.
Todos los expertos consultados coinciden en que depende de la geopolítica. En el corto plazo, el consenso es claro, los precios se mantendrán altos. “Lo más probable es que se sostengan mientras haya restricciones de oferta”, señaló Cantuarias.
En el mediano plazo, el panorama se abre. “Todo dependerá de si el conflicto escala, si otros productores aumentan su oferta o si la demanda global se desacelera”, sostuvo García.
Según información de la BBC, frente a un petróleo por encima de los US$100 y el riesgo de una interrupción prolongada del suministro —especialmente por el cierre del Estrecho de Ormuz—, gobiernos alrededor del mundo han comenzado a desplegar medidas para contener el impacto en sus economías. Desde subsidios directos y reducción de impuestos en Europa, hasta el uso de reservas estratégicas en China e India, el abanico de respuestas refleja distintos niveles de preparación y dependencia energética.
Algunas economías han optado por medidas inmediatas para amortiguar el impacto del alza en los combustibles sobre los ciudadanos. En Australia, por ejemplo, dos estados han decidido hacer gratuito el transporte público durante varias semanas —e incluso meses— como una forma de desalentar el uso del vehículo privado y aliviar el gasto de los hogares en gasolina. La lógica es directa: reducir la demanda de combustible y, al mismo tiempo, ofrecer un alivio tangible en el bolsillo de los consumidores.
Petróleo vuelve a estar por encima de los US$100 (EFE)
/ Andrea De Silva
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En el Reino Unido, la estrategia ha sido distinta, pero igualmente enfocada en la contención. El gobierno ha advertido que intervendrá si detecta abusos en los precios minoristas de combustibles, mientras despliega ayudas focalizadas para hogares vulnerables, especialmente aquellos que dependen del gasóleo para calefacción. A esto se suman recortes tributarios en países como Irlanda, donde la reducción de impuestos a los combustibles busca frenar el traslado del alza internacional al consumidor final.
En otras latitudes, como Filipinas o Egipto, las medidas combinan subsidios directos, ajustes en tarifas y restricciones al consumo. Desde apoyos económicos a transportistas hasta limitaciones en horarios comerciales o el impulso al teletrabajo, los gobiernos están recurriendo a una batería de herramientas para enfrentar un mismo problema: un shock energético que, aunque externo, tiene efectos inmediatos sobre la inflación y la vida cotidiana.
