Y es que la empresa viene arrastrando una utilidad neta negativa de US$384 millones hasta mayo de este año, cifra superior en US$201 millones a la de enero-marzo (US$-183 millones), según un documento oficial de la empresa al que este Diario tuvo acceso.
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A entender de César Gutiérrez, ex presidente de Petro-Perú, este resultado negativo era esperable debido al largo tiempo de detención de la planta de flexicoking (enero, febrero y marzo) y a los inconvenientes que ha venido sufriendo desde enero de este año debido a averias que todavía no han sido explicadas.
“Por tanto, la situación de la empresa va a ser más difícil y fea al cierre de junio, en línea con el empeoramiento del déficit del capital de trabajo”, señala el especialista.
En efecto, este Diario supo también que el déficit del capital de trabajo de Petro-Perú continúa profundizándose, pues lleva ya acumulado un monto de US$2.924 millones hasta mayo. Esto es, US$123 millones más que en marzo pasado y cuatro veces más que lo registrado en igual mes del 2023 (US$703 millones).
Para completar este cuadro, resulta que la participación de mercado de la estatal en el mercado de combustibles se sigue contrayendo, habiendo caído hasta el 25%, un punto porcentual menos respecto al 2023 (26%) y seis puntos menos en comparación del 2022 (31%).
De acuerdo a Fernando De la Torre, ex gerente financiero de Petro-Perú, estos resultados muestran que la situación de la empresa es más grave de lo imaginado y “moviéndose hacia peor”.
“La pregunta es cuánto tiempo más podrán resistir con la nariz bajo el agua. Me atrevería a decir que cada minuto cuenta”, señala el economista.
De acuerdo a Gutiérrez, la gravedad del asunto obligaría a Petro-Perú a pedir plata del fisco, posiblemente, con cargo a las cuentas del Banco de la Nación, entidad que “ya ha comprometido US$1.800 millones en anteriores salvatajes”.
A fin de cuentas, señala, quien debería encargarse de lidiar con esta situación sería el gestor privado que la estatal planea contratar para administrar la empresa. Su principal tarea, explica, tendría que ser “conseguir el mayor margen de refinación de la refinería de Talara”.
MEDIDAS URGENTES
En opinión de De la Torre, esto se conseguiría transfiriendo el complejo refinero a un interesado que asegure la continuidad del negocio de comercialización bajo un modelo de usufructo (concesión o alquiler).
“En otras palabras, deben enfocarse en salvar el negocio comercial del que vivieron de fines del 2019 a fines del 2023, mientras la refinería estaba oficialmente parada”, apunta.
Esta es una medida que va en línea con la propuesta de recuperar los terminales de combustibles que el directorio de Petro-Perú ha presentado a su Junta General de Accionistas para su aprobación.
En paralelo, De la Torre recomienda concesionar también las refinerías de Bagua y Pucallpa para la producción de biocombustibles líquidos, manteniendo las refinerías de Conchan e Iquitos como plantas de almacenamiento y venta.
Cabe señalar que el directorio de Petro-Perú está encargando una auditoria forense de la refinería de Talara, la cual incluye una auditoria a la planta de flexicoking para saber por qué se averió tan tempranamente.
