El 2026 arranca con una nueva visión estratégica para Petro-Perú, alejada de los continuos rescates económicos que, a decir del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), han amplificado su frágil situación financiera, “acelerando los riesgos de iliquidez” y limitando severamente su capacidad “para adquirir crudo y otros insumos esenciales”.
Al cierre del 2025, la petrolera adeudaba US$975,8 millones a sus proveedores de crudo, gas y servicios esenciales, y se estima que cerrará el año con una pérdida neta de US$445,3 millones.
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Petro-Perú
De allí, la publicación – en vísperas de Año Nuevo – del DU 010-2025, el cual busca paliar la crítica situación de Petro-Perú mediante la reorganización patrimonial (división) de sus activos estratégicos, incluyendo a la nueva refinería de Talara, que “representa su principal fuente de pérdidas operativas” (-US$481 millones en 2025), según análisis efectuado por el MEF.
“Se trata de restructurar a Petro-Perú. El tema es que no se la puede vender ni liquidar en este momento porque nadie compraría sus activos, y, por otro lado, tampoco se puede seguir dando dinero de todos los peruanos a una empresa que está notoriamente en déficit y cuya gestión es negativa”, manifestó el premier Ernesto Álvarez, en conversación con este Diario.
CAMINO IRREVERSIBLE
La dación de la norma no tiene, sin embargo, a todos contentos. Es el caso del partido Podemos Perú, que prepara una moción de censura contra la titular del MEF, Denisse Miralles, por su responsabilidad política en el proyecto. Y también es el caso de las federaciones de trabajadores de Petro-Perú, las cuales denuncian el descuartizamiento de la empresa estatal.
Para Oliver Stark, expresidente de la estatal, se trata, sin embargo, de una medida positiva porque pone un freno a las resistencias internas que impedían la realización de reformas en Petro-Perú.
“Básicamente, lo que se quiere es cambiar la gobernanza y hacer lo que la razón manda, es decir, reducir personal, vender activos y hacer financieramente viables ciertas unidades de producción a través de su escisión en bloques patrimoniales”, refirió.
De igual opinión es David Tuesta, ex director de Petro-Perú. A su entender el DU 010-2025 busca trazar un ‘camino irreversible’ de reducción de la participación estatal en la empresa petrolera para poder atraer capital privado.
Esto significa, indicó, que algunos activos podrían ser vendidos, como la sede central de Corpac, mientras que otros podrían abrirse a una coparticipación privada.
Es el caso de la refinería de Talara, la cual podría seguir operando de forma autónoma, pero con capital privado para “hacerla más eficiente”, señaló el premier Álvarez.
Todo eso, claro está, tendrá que ser definido por ProInversión, entidad encargada de diseñar y ejecutar la división patrimonial de la empresa.
¿Cuánto demorará la agencia estatal en lograr este cometido?
CRONOGRAMA Y PLAZOS
“Lo que aspiramos es llegar al 1 de junio con la posibilidad de haber deshojado lo innecesario de Petro-Perú”, indicó el premier Álvarez.
Expreso que, en ese lapso, ProInversión tiene que entrar a tallar para determinar qué actividades son rentables para Petro-Perú y “cuáles no debe realizar más en el futuro”.
Cesar Gutiérrez, expresidente de Petro-Perú, advirtió, sin embargo, que la petrolera podría paralizar operaciones antes de la fecha señalada por el premier.
Esto, debido a que adeuda tres meses a sus proveedores de crudo y gas natural, y otro tanto a sus concesionarios de servicios auxiliares de la refinería de Talara, así como al operador logístico del lote off-shore Z-69.
“Los proveedores de Petro-Perú ya no aguantan más. En enero vendrán cuatro meses impagos. Por eso mi pronóstico es que en cuatro más, si no hay un apoyo de la caja estatal para Petro-Perú, la empresa tendrá que paralizar operaciones”, manifestó
David Tuesta considera, empero, que la negociación con los proveedores puede manejarse mediante algún esquema de reprogramación de pagos. La deuda crítica, anota, es la que Petro-Perú tiene con los bonistas y bancos del crédito sindicado (Cesce) de la refinería de Talara, a los cuales debe pagar US$160 millones semestrales en intereses.
“Yo tengo información, de buena fuente, de que Petro-Perú ya pagó a los bonistas y que tiene el dinero reservado para el crédito CESCE”, aseguró.
A su entender, esto otorga un respiro de seis meses para que Proinversión desarrolle su trabajo. Esto es, antes del mes de julio, que es la fecha del próximo pago semestral a los acreedores de la refinería.
“Ese es el objetivo: que ProInversión deje el proceso encaminado antes del cambio de gobierno, para que el próximo mandatario no pueda dar marcha atrás una vez que los capitales privados ingresen a Petro-Perú”, indicó.
Gutiérrez duda, sin embargo, de que ProInversión pueda lograr su cometido de vender o atraer capital privado para algún activo antes de junio.
“El único hito que el Gobierno se puede fijar es cuándo vender los inmuebles, pero que consigan éxito en la venta es otro tema. ¿Habrá interesados para el edificio principal?“, se preguntó.
Álvarez agregó que la decisión política del gobierno no es despedir obreros. “Lo que sí se debe poner el ojo es en los altos funcionarios que tienen altos sueldos”, dijo.
