Mérito del actual directorio de Petro-Perú es el haber sincerado la situación y presentar un plan de acción para la empresa.
A diferencia de los directorios y gestiones anteriores que nunca informaron al país de la verdadera situación de Petro-Perú.
Pertinente a fin de deslindar responsabilidades el tomar la decisión de investigar: ¿Por qué la Refinería de Talara terminó costando 4 veces su costo original (US$6.500 millones) y demoró más del doble del tiempo en su ejecución?
Adecuadas las medidas de corto plazo adoptadas por el directorio: la reducción del personal y de las 56 gerencias con su traslado a Talara, adoptar un plan de reducción de gastos a todo nivel, poner a la venta los activos que no son necesarios para la marcha del negocio. Queda pendiente la eliminación de la cedula viva en la jubilación de los funcionarios de Petro-Perú.
La Junta General de Accionistas constituida por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía y Minas deben dar el respaldo y avalar el plan presentado por el directorio.
Esperemos que el Ministerio de Economía tenga el peso y la ascendencia suficiente para definir está situación y no entre a un proceso de indefinición por la presión política.
El presidente del directorio ha señalado: “lo que se busca con estas medidas es qué en el 2028, finalmente la empresa no dependa de nadie”.
La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿tenemos que esperar hasta el 2028 para sanear la empresa y recién poder tomar la decisión de qué hacer con Petro-Perú?
Si bien Petro-Perú hoy no se puede privatizar ya que su deuda es 4 veces su patrimonio, la empresa es propiedad de los acreedores y ningún inversionista va a poner dinero en una empresa quebrada.
Esperar al 2028 para recién definir el futuro de Petro-Perú no es la decisión más adecuada por los siguientes motivos:
- A pesar de las medidas adoptadas hay un costo para el país en seguir manteniendo a Petro-Perú hasta dicho año
- de llegar al 2028 en una mejor situación económica, difícilmente por el historial de Petro-Perú va a ver inversionistas interesados en adquirir solo el 49% del accionario de la empresa y ser socios minoritarios del Estado
- el mayor riesgo visible es que por los vaivenes políticos, se llegue al 2028 y se decida nuevamente seguir manteniendo a Petro-Perú como está.
Hoy la mejor opción es que el directorio continúe con las medidas adoptadas de reestructuración de la empresa mediante su división en unidades de negocio.
Se debería buscar a un operador internacional para la refinería de Talara, devolver los lotes petroleros a Perúpetro (I, VI y Z-69) para que los operen quiénes tengan la capacidad técnica y financiera para su explotación, licitar la concesión de gas natural suroeste (administrado por Petro-Perú), buscar socios estratégicos para las refinerías de Pucallpa y Bagua. Y el Oleoducto Nor Peruano como ha sido comentado por el presidente del directorio; ver la posibilidad que sea transferido al Ministerio de Defensa.
A fin de garantizar el abastecimiento de combustibles en las zonas alejadas del país, el servicio puede ser subastado con los otros operadores ya que Petro-Perú representa solo el 25% del mercado de combustibles a nivel nacional.
La otra opción es que Petro-Perú vaya a un proceso concursal con la junta de acreedores, quienes deberían definir su futuro y evitar seguir perdiendo dinero para el país.
Si esperamos al 2028 para recién decidir qué hacemos con Petro-Perú corremos el riesgo de seguir con la misma indefinición y con pérdidas para el país.
