Petro-Perú informó que, como parte de su compromiso con las medidas dispuestas de reestructuración, ha procedido con la segunda convocatoria del Proceso por Competencia Internacional N°PCI-002-2025-OFP para la adjudicación del Servicio de Transformación Integral.
- PUEDES VER: Autoridad argentina solicita Perú que elimine la TUUA de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez
La petrolera estatal indicó que el proceso cumple con determinar los requerimientos técnicos mínimos del artículo 7 del Decreto de Urgencia N°013-2024, que son la experiencia en operaciones de estructuración y reestructuración de deuda y negociación con acreedores de empresas del sector hidrocarburos y/o energía.
Newsletter exclusivo para suscriptores
También se exige contar con experiencia en diseño e implementación de procesos de reestructuración, reorganización o transformación operativa de empresas del sector hidrocarburos y/o energía; experiencia en diseño e implementación de procesos de reestructuración, reorganización o transformación de la gestión y gobernanza de empresas y/o entidades estatales; así como la experiencia en diseño e implementación de procesos de reestructuración, reorganización o transformación operativa en entidades/instituciones públicas o empresas con participación estatal.
- MÁS INFORMACIÓN: Petro-Perú: nula licitación internacional de administrador privado agrava crisis institucional y frena su plan de sostenibilidad
Finalmente, Petro-Perú reafirmó su compromiso con la transparencia, la integridad y la rigurosidad técnica en todos sus procesos de contratación, según lo dispuesto con el marco normativo.
Cabe recordar que, tras un año de disposición del proceso de transformación integral de Petro-Perú, la convocatoria internacional de la petrolera estatal para contratar servicios de soporte técnico fue declarada nula debido a que la oferta económica del Consorcio Arthur D. Little – DLA Piper, de US$ 13,6 millones, superó en 17% el monto referencial establecido.
Actualmente, Petro-Perú enfrenta una deuda que supera los US$ 6.000 millones, derivada principalmente de los costos de la modernización de la Refinería de Talara. En septiembre, el Gobierno otorgó un respaldo financiero por medio del Banco de la Nación, a través de una emisión de bonos por US$ 287 millones, con el fin de garantizar el abastecimiento de combustibles en el país.
