Petro-Perú enfrenta su hora más crítica, con una pérdida neta de US$468,3 millones en el 2025 y el riesgo de cerrar sus operaciones si el Gobierno no acude a su rescate.
Petro-Perú enfrenta su hora más crítica, con una pérdida neta de US$468,3 millones en el 2025 y el riesgo de cerrar sus operaciones si el Gobierno no acude a su rescate.
No obstante, los trabajadores de la empresa agrupados en el Sitrapp (Sindicato de Trabajadores de Petróleos del Perú), vienen exigiendo el pago de utilidades correspondientes al ejercicio 2025.
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Esto, en atención a un supuesto acuerdo alcanzado con Roger Arévalo, presidente de la petrolera estatal, en una reunión sostenida el pasado 1 de abril.
De acuerdo a Sitrapp, Arévalo habría manifestado en dicha ocasión que la empresa “sí había generado utilidades y que los beneficios de los trabajadores serían respetados”.
“Por lo expuesto, exigimos el cumplimiento inmediato del pago de las utilidades correspondientes al ejercicio 2025, en resguardo de los derechos laborales y en concordancia con los compromisos asumidos por la alta dirección de la empresa”, demanda la federación, en una carta dirigida al presidente de Petro-Perú, a la que este Diario tuvo acceso.
Sitrapp, agrupación que se arroga la representación de los trabajadores a nivel nacional, advierte en dicha misiva que “el incumplimiento del pago de utilidades podría acarrear la imposición de sanciones y multas por parte de la autoridad competente”.
Carta de Sitrapp dirigida al presidente de Petro-Perú en demanda del pago de utilidades.
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En esa línea, insta al presidente de Petro-Perú a ordenar el abono respectivo en las cuentas de todos los trabajadores el día jueves 9 de abril (hoy).
“Si bien comprendemos la situación económica que atraviesa la empresa, también solicitamos que se comprenda la legítima expectativa de los trabajadores respecto al cumplimiento de este derecho laboral”, arguye la federación.
La exigencia de Sitrapp ocurre en circunstancias en que el Gobierno gestiona un nuevo rescate para Petro-Perú, por más de US$2.000 millones para pagar deudas y comprar combustibles.
