La Contraloría General de la República recomendó que se interponga una denuncia penal contra el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por haber ordenado el pago irregular de bonificaciones a efectivos de la Policía Nacional del Perú que lo resguardaban cuando se desempeñaba como gobernador regional de Junín, entre enero y agosto de 2019. Según el informe de control específico 26660-2022-CG/GRJU-SCE, al que accedió La República, el perjuicio económico al Estado por este caso, según los documentos suscritos por el líder del partido al lápiz, asciende a 35.000 soles.
Todo inició el 11 de diciembre de 2018, día en que Cerrón solicitó a la VI Macro Región Policial Junín la designación de los efectivos policiales Carlos Wilfredo Zarate Villalobos y Edwin Mamani Cáceres para su custodia personal. La Contraloría observa que el pedido del líder de Perú Libre se efectuó antes de que el Jurado Nacional de Elecciones le otorgara las credenciales de gobernador regional; es decir, requirió el destaque de agentes cuando no ostentaba el cargo de autoridad.
El informe también detectó que Vladimir Cerrón basó su pedido en la resolución ministerial 0674-2016-IN/PNP, que regula el servicio de seguridad para autoridades y funcionarios. Este dispositivo establece expresamente que el resguardo es brindado de oficio, por lo que el exgobernador no tuvo que haber iniciado un trámite y los gastos los asumía la PNP.
No obstante, en el Gobierno Regional de Junín se inició un trámite para otorgar una bonificación especial a los dos policías que resguardaban a Cerrón, pago que se concretó con la firma de la resolución ejecutiva regional 125-2019-GR-JUNÍN/GR.
Esta no es la única irregularidad que ha identificado la Contraloría. La resolución ejecutiva regional que suscribió Vladimir Cerrón lleva como sustento jurídico tres decretos supremos y una resolución ministerial ya derogados para la fecha en la que se emitió el documento. Según el informe de control, el hecho no fue advertido por ninguno de los funcionarios que intervinieron en el proceso de elaboración de la resolución:
- David Llanco Flores, exsubdirector de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
- Luis Alberto Salvatierra Rodríguez, director regional de Administración y Finanzas
- Mercedes Carrión Romero, exdirector regional de Asesoría Jurídica
- William Acosta Laymito, exgerente regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
- Loly Wilder Herrera Lavado, exgerente general regional.
Dispositivos que sustentan resolución fueron derogados. Foto: Contraloría General de la República
Luego, en febrero de ese año, Vladimir Cerrón requirió al jefe de la VI Macro Región Policial Junín el destaque de Yrineo Rodolfo Perales López. Los tres efectivos recibieron por cada mes de trabajo una bonificación de 1.000 soles, por lo que para diciembre de 2019 el perjuicio económico fue de 35.000 soles.
Este mismo esquema sería utilizado, hasta agosto de 2021, tras la suspensión de Cerrón Rojas por corrupción, en la gestión de Fernando Orihuela Rojas como gobernador regional de Junín. En total, el perjuicio económico fue de 103.500 soles.
Acciones penales contra Vladimir Cerrón
Al ser notificado sobre los hechos encontrados durante su administración en el GORE Junín, el órgano de control solicitó a Vladimir Cerrón sus comentarios al respecto. No obstante, el líder de Perú Libre no respondió las comunicaciones, por lo que se recomienda al procurado público especializado en delitos de corrupción de la región iniciar las acciones penales contra el exgobernador.
Piden iniciar acciones legales contra Cerrón. Foto: Contraloría
También se requiere el inicio de acciones legales contra los servidores involucrados en la elaboración de la resolución ejecutiva regional con la que se autorizó el pago indebido de las bonificaciones a los policías.