Perú: “Tenemos evidencia de minería ilegal en 11 regiones amazónicas, prácticamente la totalidad del bioma” | ENTREVISTA

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En Perú, la minería ilegal de oro reinició su expansión en la Reserva Nacional Tambopata, una de las áreas protegidas más emblemáticas del país, ubicada en el sur de la Amazonía. Este es el principal hallazgo del último reporte de MAAP, elaborado por Amazon Conservation y Conservación Amazónica – ACCA. Sin embargo, el problema va mucho más allá.

La extensión ocurrió principalmente durante el segundo semestre de 2025 e inicios de 2026 y coincide con la disparada del valor del oro a nivel internacional, explica a Mongabay Latam el biólogo Sidney Novoa, director de Sistemas de Información Geográfica de Conservación Amazónica.

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El crecimiento del negocio del oro en el área protegida, donde está prohibida la actividad minera -así como cualquier minería en cuerpos de agua, como ríos-, ha provocado la deforestación de 500 hectáreas en la parte norte de la reserva, en zonas aledañas a lo largo del río Malinowski.

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Gracias al análisis de imágenes satelitales de muy alta resolución espacial (Skysat de Planet, 0.5m), se detectaron también 183 infraestructuras mineras y 67 campamentos en cinco zonas mineras en Tambopata. Se estimaba que unas 1000 personas estaban involucradas en la minería ilegal dentro de la reserva en febrero pasado.

“La minería específicamente aurífera ha tenido un crecimiento desbordante en el país en los últimos tres o cuatro años, especialmente después de la pandemia por el Covid-19”, explica Novoa. “En medio de las crisis internacionales, de las guerras y los conflictos, el precio del oro ha ido alcanzado valores bastante altos, haciendo que la minería se convierta en la principal actividad dentro del mundo de las economías ilegales, desplazando a otras tradicionales, al menos en la Amazonía, como el narcotráfico. Es mucho más rentable la minería de oro”, agrega el experto.

Además, la actividad ilegal se ve beneficiada por una serie de grises legales.

Novoa afirma que la actividad dejó de estar concentrada en un ámbito geográfico, la región de Madre de Dios, y se expandió por el país, especialmente en la Amazonía. “Nosotros tenemos 24 departamentos, de los cuales 12 son amazónicos. En 2024, en esos 12, la minería ya estaba en siete departamentos. En 2025, en nueve y en 2026 tenemos datos, evidencia de minería [ilegal] en 11 regiones amazónicas, prácticamente la totalidad del bioma”, asegura el biólogo.

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—En su último informe han detectado 183 infraestructuras mineras activas y 67 campamentos. ¿Qué es lo que les muestran las imágenes satelitales de esta infraestructura? ¿Cómo les permite ver estos detalles?

—En 2021, tuvimos un proyecto de cooperación grande con fondos de USAID [Agency for International Development de Estados Unidos]. Fue un año pandémico. Nadie salía a hacer ningún tipo de trabajo de campo. Teníamos este proyecto grande enfocado en delitos ambientales y nos sugirieron hacer una estimación o un censo para saber cuántas personas estaban directamente vinculadas a la minería en Madre de Dios. Ante el impedimento de poder salir a campo, propusimos adquirir imágenes de muy alta resolución, de 60 a 70 centímetros el tamaño de píxel, para poder identificar los diferentes mecanismos, modalidades de extracción y cuántas personas están asociadas a cada una de estas modalidades de extracción.

Determinamos que había cerca de 46 000 personas trabajando en la región. Aprendimos cómo se ven estas unidades trabajando desde el espacio. En el caso de las dragas, de las balsas que se utilizan para extraer el oro de los ríos, puedes ver efectivamente la plataforma, puedes ver esta suerte de semigrúas donde cuelgan una manguera de succión. Y si a eso le sumas que está en medio de una poza de agua residual donde está todo deforestado, pues ya está identificada.

Los campamentos están en superficie terrestre, son más fijos. Hacen uso de plásticos de colores, es bastante conspicuo.

—En los últimos meses también pudieron contabilizar alrededor de 1000 personas trabajando en minería ilegal en Tambopata. ¿Qué funciones cumplen?

—Es una estimación, es muy probable que haya habido incluso más. Hay personas que se dedican a la vigilancia, otros están metidos en las máquinas. Generalmente en los campamentos, hay algunos mineros que llevan hasta a la familia, pero a los familiares no los contabilizamos. Solo nos enfocamos en lo que pueden ser las personas que están trabajando directamente en la minería.

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—Vienen observando cómo va avanzando la minería ilegal cerca de los puntos de vigilancia y de control de Tambopata. ¿Cuál es la situación del control o de la falta de control y de las personas que se dedican al control en las áreas protegidas? ¿Qué tantas herramientas tienen para poder controlar?

—Los guardaparques no tienen dentro de sus competencias la posibilidad de realizar detecciones ni de portar ningún tipo de arma letal. Su labor es principalmente hacer uso de otro tipo de elementos técnicos, de convencimiento o articulación con las autoridades correspondientes. Lo que tiene que hacer un guardaparque es eventualmente informar a sus superiores y estos realizar una solicitud al Ministerio Público Fiscal.

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Los guardaparques tienen muchas limitaciones y no pueden tener esta suerte de enfrentamientos directos, aunque entiendo que muchas veces es inevitable. Tambopata es una de las áreas protegidas que tiene un mayor número de personal asignado, alrededor de 80 personas formadas para cuidar los diferentes puestos. Y tienen alta rotación.

—¿Por qué se produce este salto entre mediados de 2025 y principios de 2026? ¿Qué pasó para que la minería ilegal se expandiera tanto en Tambopata?

—Es el resultado de una serie de malas decisiones o de decisiones basadas en otro tipo de intereses que han ido finalmente afectando no solamente a Tambopata. Esto es una situación nacional. Tambopata es lo más emblemático por ser un área natural protegida, pero se está viendo en realidad en varios puntos de la Amazonía del país.

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Entre finales de 2015 y 2019, se tomó la decisión de asignar a estos puestos de vigilancia de guardaparques la participación de policías y sobre todo de la Marina de Guerra. Pero esto venía con una asignación de recursos. Eran muchos, no son de la región, venían de Lima, entonces tenían su suerte de recambio y eso bueno, tiene un costo. El pasaje promedio Lima a Puerto Maldonado está entre 300 y 400 dólares. Entonces movilizar una tropa es bastante costoso, más viáticos, alimentación.

Cuando se acabaron los recursos de esta intervención militar, se abandonaron los puestos, sin la presencia directa de la Marina de Guerra y de la Policía Nacional. Todos los años tenemos un evento en donde presentamos un balance de la minería e invitamos a todas las autoridades. Veníamos reportando que la actividad se estaba moviendo, yendo en dirección sur y que iban a entrar en la reserva.

Ahora la situación es más crítica porque ha habido un recorte fuerte de recursos asignados, por ejemplo, al Ministerio Público Fiscal. En el país las fiscalías especializadas en materia ambiental no tienen cómo salir al campo a realizar supervisiones, fiscalizaciones, dependen de otros. Ha habido también debilitamiento normativo. Generalmente en un operativo se dinamita la maquinaria, los campamentos. Hubo iniciativas legislativas para prohibir eso.

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—¿Cómo reaccionan las autoridades cuando les presentan estos hallazgos?

—Hay acciones prioritarias, de corto plazo. Y hay otro tipo de acciones que se deben tomar en el marco de la sostenibilidad de los resultados. Es como un paciente. Si tiene fiebre, se le da un remedio para bajar la fiebre, pero este no le cura la enfermedad que le provoca la fiebre. Para eso necesitas análisis, identificar qué tiene y eventualmente proponer un tratamiento distinto que cure la enfermedad. Lo que hemos visto [con operativos recientes de las autoridades en la zona] es el remedio para la fiebre, la respuesta inmediata frente al problema. Pero no está curando.

Lo que ha pasado particularmente en Tambopata, es que la forma de llegar a estas zonas es a través del río Malinowski o el río Tambopata. En el río ya tienes una cantidad de infraestructuras [mineras] con las que literalmente ya cumpliste tu meta, tienes asignado un combustible que te va a limitar hasta cierto punto y el tiempo determinado de acción.

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Por ejemplo, si es una operación helitransportada, realmente tienes que hacer todo en dos horas. Es decir, tú llegas, revientas un punto de minería, coges a las personas que puedas, en dos horas te regresas y ahí acabó, pero no necesariamente penetraban hacia el interior del área, porque ya en el borde del río podías gastar todas tus balas.

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Luego, las autoridades reportan que han decomisado motores, etcétera, pero en dos días lo recuperan prácticamente todo. Tuve información de que al frente de la reserva había 12 centros de abastecimiento. O sea, no tenían ni siquiera que irse hasta la ciudad. Ahí mismo pueden comprar combustible, pueden comprar maquinaria, tienen mecánicos.

El oro luego se vende esencialmente al mejor postor, o sea, ese oro de Madre de Dios puede salir, puede venderse a las casas comercializadoras locales, puede venderse a cualquier otra planta de beneficio en el país donde se junta, se funde y ya está. No tienes que blanquear de dónde vino. Y es prácticamente imposible de hacer la trazabilidad.

Hay una penetración de grupos internacionales, sobre todo en las fronteras de Colombia y Ecuador. Disidencias de las FARC en el caso de Colombia con la frontera del río Putumayo, y grupos como Los Choneros o Los Lobos, que son grupos armados en Ecuador, que también controlan áreas. El oro es una de las actividades en las que han diversificado sus diversas fuentes de recursos.

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—La deforestación minera alcanzó niveles de crisis a mediados de la década de 2010, afectando particularmente la Reserva Nacional Tambopata y a su zona de amortiguamiento. Esto activó una gran operación gubernamental conocida como «Operación Mercurio» en 2019 y una iniciativa posterior denominada «Plan de Restauración» en 2021. ¿Funcionó el Plan Restauración de Tambopata?

—El Operativo Mercurio fue un operativo militar represivo y con el Plan de Restauración se pensó un poquito más en el qué vamos a hacer después. No, no funcionó. Se dieron cuenta de que la minería salió de Tambopata y su zona de amortiguamiento hacia otros puntos de la región. Tenían que ir porque si no la cosa se ponía peor por otros lados.

Hubo algunas actividades efectivamente de reforestación de las áreas mineras pero hoy se perdió todo lo que se reforestó en su momento con mucho esfuerzo y plata.

—En el corto plazo, ante la situación actual, ¿cree que la solución es otro Operativo Mercurio?

—Creo que ahora lo que toca es hacer un poco de ejercicio de números. Las áreas prohibidas como áreas naturales protegidas, reservas indígenas, reservas para indígenas en aislamiento voluntario, todas categorías territoriales con un nivel de protección bastante estricto. Intocables. Ahí pon al ejército afuera. Nadie entra, nadie sale. El resto de la situación del territorio ya va a pasar por otro tipo de procesos.

—En el informe, hablan de las limitaciones presupuestarias, de las respuestas reactivas, pero también hablan de una brecha estructural entre la escala del problema y la respuesta estatal. ¿Por qué sucede esto?

—Voy a poner un ejemplo. En el reporte contamos que solamente dentro de la reserva se detectaron unas 1000 personas realizando minería en Tambopata. Madre de Dios tiene un despacho fiscal que atiende los casos de minería ilegal. Solamente tiene tres fiscales. Tres fiscales para un territorio gigantesco. ¿Cómo puede realmente el Estado lidiar con esto?

Pero el problema es mucho más grande. Es a nivel país. Estos son gremios grandes. Lo que se produce en Madre de Dios en términos de oro es muy pequeño respecto a lo que se genera en otras partes.

—¿Cómo está influyendo la política electoral en los problemas puntuales como la minería ilegal en Tambopata y el avance de la minería ilegal en general?

—El Observatorio de Minería Ilegal publicó un reporte sencillísimo en el que evaluó todas las propuestas de los candidatos sobre minería. Son desastrosas casi todas. Tenemos dos candidatos [para la segunda vuelta], ambos tienen vínculos directos con la minería en general: legal, ilegal, informal. La línea es bastante difusa.

REFERENCIA

Pacsi R, Novoa S, La Torre S, Balbuena H, Finer M, Santana A, Castillo H. (2026). Rápida expansión de la minería ilegal de oro en la Reserva Nacional Tambopata (Amazonía peruana sur). MAAP:241.

El artículo original fue publicado por Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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