En los últimos años, América Latina ha comenzado a mostrar señales de un giro ideológico con implicancias en su desempeño económico. Tras periodos prolongados de crisis, algunos países de la región han iniciado procesos de corrección que, con distintos ritmos y costos, apuntan a emprender reformas estructurales que podrían modificar la percepción sobre el futuro de la región.
Argentina es el caso más visible. Luego de años marcados por inflación crónica y sucesivas crisis fiscales, dicho país inició, hace unos años, un proceso de ajuste que en la actualidad se refleja en cifras y perspectivas más favorables. Bolivia, por su parte, enfrenta el agotamiento de un modelo que sostuvo durante más de una década, que derivó en desequilibrios macroeconómicos generalizados. Sin embargo, tras el comienzo de un nuevo gobierno iniciaría una etapa marcada por la expectativa de reformas orientadas a restablecer su economía. Incluso Venezuela, en un escenario optimista, podría iniciar una salida gradual de su prolongada crisis, algo que hasta hace unos años parecía poco probable. En conjunto, estos procesos sugieren que países que durante años permanecieron fuera del radar de los inversionistas podrían comenzar, progresivamente, a reinsertarse en él.
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En este contexto, la posición comparativa de Perú con estos países merece una reflexión. Durante buena parte de las últimas dos décadas, el país destacó en América Latina por la solidez de sus fundamentos macroeconómicos. La disciplina fiscal, la credibilidad del banco central y un marco relativamente predecible para la inversión nos permitieron atravesar episodios de elevada inestabilidad política sin derivar en crisis económicas mayores. Esa fortaleza posicionó a Perú como un destino atractivo para la inversión.
No obstante, dicho atractivo puede estar en riesgo. Si bien la estabilidad macroeconómica es una ventaja, resulta insuficiente, sobre todo ante economías de mayor tamaño como Argentina, que incluso en contextos de severa inestabilidad ha mantenido su posición como la tercera economía más grande de la región. De hecho, la incorporación de Perú al grupo de las seis mayores economías de América Latina (G6 Latam), en el sexto lugar, respondió en buena medida a la profunda crisis venezolana, país que previamente ocupaba el quinto puesto en dicho ranking.
Si bien Perú no parte desde una posición desfavorable, el desafío es preservar su capacidad de atraer capital en un contexto de creciente competencia regional. En ese marco, la capacidad del Estado, y en particular del nuevo gobierno, para implementar políticas que impulsen la productividad, refuercen la institucionalidad y reduzcan la incertidumbre política será determinante para sostener la confianza de los inversionistas. De lo contrario, al país le resultará cada vez más difícil sostener tasas de crecimiento más altas, y evitar una erosión gradual de su posicionamiento competitivo frente a sus pares en la región.
