Esta situación no solo se ha establecido en el Perú, sino también en todos los países que cuentan con embajadas y consulados de Estados Unidos. De acuerdo con expertos, incluso antes de esta medida las sedes consulares ya solicitaban un examen médico y la acreditación de un seguro de salud para evaluar si el solicitante de la visa se encontraba en condiciones óptimas y determinar si presentaba alguna complicación médica.
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El secretario de Estado, Marco Rubio, dio instrucciones a todas las oficinas consulares de Estados Unidos alrededor del mundo para que se rechace este documento necesario para el ingreso al país a quienes presenten las condiciones señaladas.
Hasta antes de la aprobación de esta medida, la evaluación médica para una visa se centraba en enfermedades infecciosas. Sin embargo, la nueva directriz representa un giro: ya no se busca únicamente evitar contagios, sino determinar si una condición médica podría convertir al solicitante en una “carga pública”. La disposición apunta a evitar que los beneficiarios recurran a atención médica financiada con recursos de los contribuyentes estadounidenses.
El portavoz principal adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Tommy Pigott, indicó a El Comercio que “no es un secreto que la Administración Trump está poniendo los intereses del pueblo estadounidense en primer lugar. Esto incluye la implementación de políticas que garanticen que nuestro sistema de inmigración no sea una carga para los contribuyentes estadounidenses”.
Análisis
Las opiniones respecto a esta medida son diversas. Francisco Belaunde, analista y docente de política y derecho internacional, explicó a El Comercio que esta disposición forma parte de un conjunto de restricciones migratorias destinadas a dificultar cada vez más el ingreso de personas a EE.UU. “Es verdad que cada país tiene el derecho de determinar quiénes entran y quiénes no; es algo que le corresponde a cada Estado. Pero en el fondo hay otra intención”, señaló.
“El gobierno ha dejado de lado la compasión. Ahora se niega el acceso al país a personas con problemas de salud. Se busca eliminar oportunidades para ellas. Pese a ello, al tratarse de una normativa interna, no existe injerencia posible por parte del Perú. Es decir, no se puede hacer mucho porque es un país soberano. Quizá dentro de EE.UU. algún funcionario pueda cuestionar estas normas, pero sería un asunto que se resolvería dentro del propio territorio estadounidense. A nivel internacional, lamentablemente, solo queda acatar”, agregó.
Del mismo modo, Gustavo Arévalo, catedrático de derecho internacional, señaló a El Comercio que la gestión de Donald Trump busca ampliar las restricciones para obtener visas, lo cual considera preocupante. “Normalmente, para solicitar una visa permanente solo se pedía un examen médico. Pero esta medida está encendiendo muchas alarmas porque, de manera subjetiva, se presume que la inmigración por razones de obesidad, por ejemplo, sería una carga pública”, indicó.
“Es cierto que los Estados tienen la competencia de regular aspectos migratorios, pero este tipo de restricciones son válidas únicamente para enfermedades infecciosas. En este caso, se percibe un trasfondo discriminatorio, lamentablemente encubierto bajo la legalidad de la gestión de Trump, que lo faculta a regular los requisitos de ingreso a Estados Unidos”, agregó.
Arévalo reiteró que la disposición es cuestionable, ya que las personas de bajos recursos no cuentan con los seguros médicos necesarios. “Es irónico que se prohíba la entrada a personas con obesidad cuando Estados Unidos es uno de los países con mayor índice de obesidad en el mundo. La supuesta justificación para bloquear solicitudes de visa es que no quieren que estos ciudadanos se conviertan en una ‘carga pública’. Todo está camuflado en la legalidad que le permite a Trump actuar”, resaltó.
A pesar de ello, el especialista sostiene que una decisión consular es inapelable y solo queda acatarla. “Podrían presentarse denuncias, pero tendrían que hacerse dentro de Estados Unidos y ante cortes federales. Un solicitante de visa que se encuentra en el Perú no va a poder apelar”, precisó.
No todas las corrientes de opinión son coincidentes. El abogado experto en derechos humanos y gestión pública, Renato Sotelo, declaró a este Diario que someterse a un proceso de solicitud de visa no otorga automáticamente el derecho a obtener el documento. “Se paga la tasa, se reúnen todos los documentos necesarios y se mantiene la expectativa de viajar a un determinado país, pero eso no significa que el visado esté garantizado. Se trata de un proceso”, mencionó.
“El hecho de que un país restrinja la entrega de visados está, en realidad, legitimado. Sí, es cierto que puede parecernos incómodo o incluso odioso, pero tiene la facultad de hacerlo. A quienes desean viajar y no pueden por diversas condiciones, solo les queda acatar y buscar prestaciones sanitarias dentro de su propio país, porque en ocasiones también se realizaban estos viajes para acceder a tratamientos médicos en el extranjero sin cumplir con las obligaciones correspondientes como ciudadanos contribuyentes. Considero que aquí se ha pensado en temas presupuestarios y en la carga que pueden representar los extranjeros para el sistema de salud”, opinó.
La disposición ha generado diversas críticas de organizaciones de salud, asociaciones de migración y académicos. Señalan que esta política afectaría de manera desproporcionada a poblaciones de países donde la prevalencia de diabetes y obesidad es alta, y podría profundizar las barreras de acceso para solicitantes de visas de trabajo, estudio o reunificación familiar.
Asimismo, el propio Manual de Asuntos Consulares de Estados Unidos establece que las evaluaciones no deben basarse en predicciones hipotéticas sobre la condición médica futura de un solicitante, lo que genera dudas sobre la compatibilidad de esta directiva con la normativa vigente.
