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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe de calificación de la Denuncia Constitucional 403 presentada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala por el Caso Ascensos.
El exmandatario es acusado de los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal, cohecho pasivo propio, mientras que al exministro se le denunció por organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, tipificados en los artículos 376, 385, 393, 317,317 y 400 del Código Penal, respectivamente.
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Por 11 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones, dicho grupo de trabajo dio luz verde al documento sustentado este martes, 23 de enero, por la secretaría técnica. Votó en contra Margot Palacios (Perú Libre).
En tanto, se abstuvieron Álex Paredes y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), Isaac Mita y Segundo Montalvo (Perú Libre), Edgar Reymundo (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), Jorge Coayla y José Balcázar (ambos de Perú Bicentenario), y Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario).
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Cabe recordar que por ser de la misma naturaleza, esta denuncia fue acumulada a la N° 201, la misma que retornó a la subcomisión, pues se encuentra con informe final en la Comisión Permanente, versa sobre los mismos hechos y las mismas presuntas responsabilidades imputadas.
En agosto del año pasado la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Castillo Terrones y Ayala Gonzales por el caso denominado Ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).
El caso
Este caso se deriva de la presunta organización criminal dirigida por Pedro Castillo dentro de su gobierno. El esquema fiscal también señala al congresista Américo Gonza (Perú Libre), quien niega las imputaciones.
En noviembre del 2021 el excomandante general del Ejército peruano (EP) José Vizcarra denunció presiones desde el Gobierno para el ascenso de los oficiales Carlos Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra Loayza, que serían cercanos al exmandatario.
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Del mismo modo, el excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Jorge Chaparro dio cuenta de injerencias desde el Ejecutivo para la promoción de los oficiales Edgar Briceño Camero, Carlos Castillo y Herber Vilca.
De acuerdo con las pesquisas de la fiscalía, el excomandante general de la Policía Javier Gallardo habría sido quien encabezó el presunto esquema de cobros ilícitos para que oficiales de la institución fueran ascendidos.
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En total, se alega que nueve generales en actividad habrían pagado hasta US$40.000 para ascender. Por ello, a Gallardo Mendoza se le imputa los delitos de organización criminal y cohecho.
