Camones indicó a El Comercio que el hoy preso exmandatario será citado “entre hoy y el lunes 20 de octubre“ de manera virtual junto a sus exministros para que efectúen sus descargos ante denuncias constitucionales que plantean su inhabilitación en la próxima sesión de la SAC el 24 de octubre.
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“Esperamos remitir las notificaciones convocando a la audiencia a todas las partes entre hoy y el lunes 20, tanto por vías digitales cómo físicas, la audiencia se realizará en la próxima sesión ordinaria. La participación del Sr. Castillo sólo puede ser por vía virtual, como se ha venido realizando en otras audiencias, por razones de seguridad públicamente conocidas”, señaló la legisladora.
Al ser consultada respecto a la demora del trámite de la denuncia constitucional contra Castillo, Camones indicó que el subgrupo de trabajo que preside recibió la misma en agosto y que con ello han trabajado con el “mayor rigor técnico”.
“Nosotros recibimos, en agosto, las denuncias constitucionales 547 y 575 con plazo de investigación pero sin delegado, en este periodo la Subcomision ha notificado a los denunciados, estos han presentado sus descargados, se ha delegado las denuncias a la congresista Ana Zegarra”, manifestó.
En esa línea, dijo esperar que los denunciados no presenten “maniobras dilatorias” para ralentizar el trámite.
En el informe elaborado por Ana Zegarra Zaboya (Somos Perú), inicialmente se pretendió dejar fuera a Roberto Sánchez, pero el grupo de trabajó corrigió esta medida ante un pedido de la legisladora Martha Moyano (Fuerza Popular) quien dijo creer que “cometeríamos un gravísimo error si en este estadio colocáramos que a tal persona le corresponde o no una acusación o si hay que quitarlo del proceso de denuncia constitucional”.
La decisión se tomó con 9 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención.

Informe tardío
Consultado sobre la demora en el trámite, el exoficial mayor del Congreso de la República José Elice indicó que el informe contra Castillo Terrones “ya debería estar listo”, pero consideró que la demora en su caso se puede deber a que » la acusación viene también con la parte penal»
“La argumentación les debe resultar complicada, me imagino, aunque creo que Pedro Castillo está bien vacado en el sentido sustancial. Todos fuimos testigos de la infracción de la Constitución, cuando menos, que cometió”, manifestó a El Comercio.
“De repente, es un tema de que no saben cómo terminar el informe, porque si el presidente hizo esto frente a todo el país y ante la comunidad internacional —es decir, quebró el orden constitucional y demostró la clara intención de hacerlo, aunque no lo logró—, no hay mucho que debatir», añadió.
Al respecto, el especialista en derecho parlamentario César Delgado-Guembes indicó que el tiempo que demora la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en aprobar una denuncia depende de cuatro variables: “la oportunidad de ingreso, la mayor o menor carga de trabajo en los distintos órganos, la prioridad acordada por el subgrupo de trabajo, y el interés o voluntad política para tramitar una denuncia”.
Elice recordó que “en general los procesos en la subcomisión fueron ágiles”, pero que, en este caso, ha demorado más de lo habitual
Se discutieron otros informes
La jornada estuvo marcada por votaciones sobre seis denuncias constitucionales clave, donde se admitieron a trámite casos contra Patricia Chirinos por tráfico de influencias, magistrados del sistema de justicia por patrocinio ilegal, y el alcalde de Lima Rafael López Aliaga, mientras se archivó la denuncia de Perú Libre contra jueces supremos y se aprobó por unanimidad calificar el caso del ministro Morgan Quero por discriminación.
Caso Pedro Castillo y exministro González Toro
Durante la sesión también se desarrolló la continuación de la audiencia de la DC 498, formulada por el exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro de Energía y Minas Eduardo Eugenio González Toro, por la presunta comisión de los delitos de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del cargo, y Nombramiento Ilegal por la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú-Petro.

Desestiman denuncia contra Patricia Chirinos
La Subcomisión desestimó por mayoría simple admitir a trámite la denuncia constitucional de la congresista Sigrid Bazán contra Patricia Chirinos Venegas (Renovación Popular) por presunta infracción al artículo 39 de la Constitución y delito de tráfico de influencias (artículo 400 del Código Penal).
Chirinos había solicitado el 6 de octubre una ampliación de plazo para responder a otra denuncia (DC 512), evidenciando la múltiple carga de acusaciones constitucionales que enfrenta.

Aprueban improcedenuncia contra Kamiche, Flores Ancachi y Aragón Carreño
La Subcomisión aprobó por mayoría la improcedencia de la denuncia de la exfiscal Delia Espinoza contra los congresistas Luis Roberto Kamiche Morante, Jorge Luis Flores Ancachi y Luis Ángel Aragón Carreño por presunto patrocinio ilegal, tráfico de influencias y cohecho pasivo impropio (artículos 385, 400 y 394 del Código Penal).
La votación mostró división: representantes de Avanza País y Renovación Popular votaron en contra cuestionando el sustento de las acusaciones, pero la mayoría respaldó la procedencia, permitiendo que la investigación avance a la etapa de determinación de hechos.
Archivan denuncia de Perú Libre contra jueces supremos
Por amplia mayoría, la Subcomisión archivó la denuncia constitucional de ocho congresistas de Perú Libre contra los jueces supremos José Antonio Neyra Flores, Iván Salomón Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez.
El informe recomendó la inadmisibilidad por falta de sustento constitucional, argumentando que los hechos denunciados no corresponden a delitos de función susceptibles de acusación constitucional.
Aprueban desestimar denuncia contra Morgan Quero
La Subcomisión aprobó el informe de calificación que desestimaba la denuncia de Delia Espinoza contra el exministro de Educación Morgan Quero Gaime por posible delito de discriminación (artículo 323 del Código Penal).

La denuncia se originó por las declaraciones de junio de 2024, cuando Quero señaló que los abusos sexuales contra menores en comunidades amazónicas podrían tratarse de una “práctica cultural”. Estas expresiones generaron indignación nacional al interpretarse como normalización de la violencia sexual bajo argumentos culturales. También ingresó la DC 597 contra Quero y la exministra Ángela Hernández Cajo por el mismo tema.
Desestimaron investigación contra Rafael López Aliaga
Por mayoría simple, con abstenciones de Acción Popular, la Subcomisión desestimó a trámite la denuncia constitucional de la ciudadana Silvana Araceni Ayquipa Aylas contra el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga Cazorla por posible tráfico de influencias (artículo 400 del Código Penal), habilitando una investigación preliminar.
Próximos pasos
En el caso de las DC 547 y 575 sobre el golpe de Estado, la congresista Ana Zegarra continuará elaborando el informe final tras recibir información del Poder Judicial.
Los informes finales deberán ser aprobados por la Subcomisión y elevados a la Comisión Permanente. Finalmente pasarán al Pleno del Congreso, donde se requerirá el voto de dos tercios de los presentes para aprobar inhabilitaciones o sanciones. La sesión del 17 de octubre consolidó el rol fiscalizador de la SAC sobre autoridades del Ejecutivo, el sistema de justicia y el propio Congreso.















