La misma ceremonia trajo consigo otro anuncio que viene con cada inicio del año judicial y que, más allá de los discursos de altas autoridades, trae consecuencias concretas en los diversos casos que se tramitan en el más alto nivel del sistema judicial del Perú: la conformación de las distintas salas y juzgados que componen la Corte Suprema.
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Definir la conformación de estas salas es una de las atribuciones que tiene todo presidente del Poder Judicial. Pero para este año, la decisión despertaba un particular interés, ya que uno de estos tribunales es el que se encargará de juzgar a Pedro Castillo y a sus exministros por el caso del fallido golpe de Estado de diciembre del 2022. La fiscalía pide 34 años de prisión para el expresidente, acusado por rebelión y otros dos delitos.
Se trata de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, un tribunal dedicado a los juzgamientos de altos funcionarios y que este año, enfrentará un reto mayor, como es juzgar a un expresidente por el delito de rebelión. En el auto de enjuiciamiento de este proceso, donde se ordenó que Pedro Castillo y compañía vayan a juicio, se especifica que el juzgamiento estará a cargo de esta sala.
Por ello, la expectativa estaba en qué jueces supremos iban a ser elegidos por la nueva presidenta del Poder Judicial para conformar el tribunal en el 2025. Así, en una resolución firmada este jueves, Janet Tello definió al juez supremo provisional José Antonio Neyra Flores como presidente de la Sala Penal Especial, así como a Iván Salomón Guerrero López y a Norma Beatriz Carbajal Chávez como los otros dos integrantes.
¿Quiénes son los jueces que integran la Sala Penal Especial?
A partir de lo decidido por Janet Tello, José Antonio Neyra Flores seguirá por un año más como presidente de la Sala Penal Especial, puesto que ocupa desde octubre del 2023. De los tres, es el único que se mantiene de la conformación que tenía el tribunal en el 2024. Los otros dos supremos provisionales, Walter Cotrina Muñoz y Óscar Alarcón Montoya, fueron cambiados.
Sin embargo, según se especificó en la misma resolución, los magistrados salientes seguirán a cargo de los juicios que ya venían dirigiendo a nivel de la Sala Penal Especial. Entre estos destacan los del excongresista fujimorista Daniel Salaverry por peculado y el exministro vizcarrista César Villanueva por tráfico de influencias. Ambos comenzaron en noviembre pasado.
En sí, la Sala Penal Especial, como se le conoce hoy, se estableció en agosto del 2018 para conocer juicios de altos funcionarios. Su primer presidente fue el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas. De hecho, algunas versiones indicaban que el magistrado podía volver a esa sala luego de haberse reincorporado a la Corte Suprema tras su paso como presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, Janet Tello lo nombró como titular de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria.
En los últimos años, esta Sala Penal Especial dictó condenas emblemáticas, como las de tres excongresistas: Kenji Fujimori en el Caso Mamanivideos (2022), Michael Urtecho por recortes de sueldos (2023) y Freddy Díaz por violación sexual a un trabajadora de su despacho (2024); así como la del exfiscal superior Abel Concha (2023), entre otras.
Las dos primeras sentencias ya fueron confirmadas por la segunda instancia, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Y en las cuatro decisiones citadas, Neyra Flores ya era parte del tribunal. De hecho, fue el director de debates (ponente) en las mencionadas sentencias de Kenji Fujimori, Michael Urtecho y Abel Concha.
Neyra Flores es un juez limeño de 66 años. Es abogado por la Universidad San Martín de Porres (USMP), con maestría en la misma casa de estudios (2005) y doctorado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (2009). Además, ha sido docente de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Inició su carrera judicial como juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima en 1994, cargo en el que fue ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura en el 2002 y 2011.
En el 2013, llegó a la Corte Suprema como juez de la Sala Penal Permanente y en el 2018 pasó a integrar la recién creada Sala Penal Especial, bajo las presidencias de Jorge Salas Arenas, Víctor Prado Saldarriaga e Inés Villa Bonilla. En octubre del 2023, pasó a ser presidente de la sala luego de la jubilación de esta última.
Iván Salomón Guerrero López, el segundo integrante de la sala, nació en Huancayo hace 61 años. También es abogado por la USMP, con maestría en la Universidad Nacional del Centro (2011) y doctorado en la Universidad Peruana Los Andes (2019), ambas en su ciudad natal.
Fue nombrado juez superior titular en la Corte Superior de Justicia de Junín en el 2003 y fue ratificado en el 2012. En el 2018, fue convocado para integrar la Sala Penal Especial de la Corte Suprema como juez supremo provisional junto a Salas Arenas y Neyra Flores. Se mantuvo allí hasta el 2021, cuando pasó a la Sala Penal Transitoria, donde siguió hasta este año.
La tercera integrante de la Sala Penal Especial para este año es Norma Beatriz Carbajal Chávez, magistrada de 57 años. Como los otros integrantes del tribunal, es abogada por la USMP.
En el 2009, fue designada como jueza superior en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, nombramiento que fue ratificado en el 2017. En el 2021, durante la gestión de Elvia Barrios como presidenta del Poder Judicial, llegó a la Corte Suprema como juez suprema provisional en la Sala Penal Permanente.
Se espera que en las próximas semanas, la sala integrada por Neyra Flores, Guerrero López y Carbajal Chávez programe la audiencia de instalación del juicio oral por el golpe de Estado. De la próximidad de esa fecha y de la frecuencia con la que se realicen esas audiencias dependerá si la sentencia se podrá conocer este año, antes de que se cumplen tres años del golpe y que expire la orden de prisión preventiva de Pedro Castillo por este caso.
Otros nombramientos
Las otras designaciones dispuestas por Janet Tello en la Corte Suprema no trajeron mayores sorpresas.
César San Martín, el juez supremo más antiguo del Poder Judicial, seguirá como presidente de la Sala Penal Permanente. Este tribunal ve en segunda instancia los juicios que lleva la Sala Penal Especial y las resoluciones de procesos aún bajo investigación; a la vez que atiende casaciones de todo el país. Víctor Prado Saldarriaga, expresidente del Poder Judicial, también se mantiene como presidente de la Sala Penal Transitoria.
El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley seguirá al frente del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que dirige desde el 2022. Se trata de un puesto clave, ya que allí se resuelven pedidos de prisión preventiva, allanamientos, embargos, detenciones, tutelas de derecho, etc., en las investigaciones que abarcan a presidentes, congresistas, ministros, jueces supremos y superiores, fiscales supremos y superiores, entre otros altos funcionarios. También dirige los controles de acusación de esos mismos casos.
Checkley ha dictado prisión preventiva contra procesados como Pedro Castillo y Andrés Hurtado ‘Chibolín’, autorizó el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte, así como a viviendas y oficinas por las indagaciones a congresistas en los Casos Mochasueldos, entre otras medidas. Además, ordenó que Pedro Castillo vaya a juicio por el caso del golpe de estado.
El último año, la fiscal suprema Delia Espinoza lo incluyó en su investigación a la exfiscal Patricia Benavides, a raíz de presuntos contactos ligados al caso de su hermana, Enma Benavides, que también veía el juez Checkley. Si bien el magistrado rechaza la imputación, ello motivó que se inhiba de seguir a cargo de los procesados relacionados a las hermanas Benavides.
Checkley también se inhibió de resolver pedidos ligados a la investigación del ministro del Interior, Juan José Santivañez, debido a que ambos son representados por el mismo estudio de abogados.
Para el periodo 2025-2026
Tello asume como presidenta del PJ
En el inicio del año judicial del 2025, la magistrada suprema Janet Tello juró como presidenta de la Corte Suprema y del PJ para el periodo 2025-2026. A la ceremonia asistieron la presidenta Dina Boluarte, congresistas como Alejandro Aguinaga y Gladys Echaíz, la fiscal de la Nación, los titulares del TC, el Reniec y la ONPE, entre otros funcionarios.
En su discurso, Tello adelantó que se centrará en fortalecer el “liderazgo del Poder Judicial bajo el esquema de la equivalencia constitucional y separación de poderes”. “No hay prelación. No hay un primer, segundo o tercer poder. Hay relación de pares. El Poder del Estado es uno”, afirmó. Según dijo, su gestión atacará problemáticas como la desconfianza ciudadana, la sensación de impunidad y la lentitud de los procesos judiciales, y la inseguridad ciudadana y la corrupción.
En otro momento, reconoció que “en ocasiones del pasado”, el Poder Judicial se vio “afectado por la politización y de intereses ajenos a la justicia”; algo que calificó como un “riesgo contra el cual siempre debemos estar alertas”.
“Nadie debe poner un pie en el poder judicial que no sea para alcanzar justicia dentro de sus procesos, o para discutir con nosotros cualquier tema que atañe a la mejora de la administración de justicia”, dijo. “Haremos respetar la independencia del Poder Judicial en el plano objetivo y visible de la política, y pondremos al descubierto cualquier relación indebida que distorsione la función jurisdiccional y no respete las decisiones judiciales”.
Además, rechazó el uso de términos como “judicialización de la política” o “lawfare”. “Los procesos judiciales no han sido concebidos como una arena más en la que se dirimen los pleitos políticos. La lógica del poder no es la lógica con la que una jueza o juez acomete su tarea de hacer justicia”, afirmó.
“Denunciar al enemigo político, al personaje incómodo, al competidor electoral, al periodista de investigación para sacarlo de carrera, desprestigiarlo o desgastar su ánimo, sin que hubiera suficientes razones para ello, constituyen prácticas vedadas y juegos maliciosos (…) Lo único que cabe judicializar en nuestros estrados son los actos ilegales, sea quien fuere el que los cometa. Los juicios a personajes políticos deben tener las mismas garantías y los mismos rigores que los de cualquier ciudadano”.
En otro momento, afirmó que ella y los jueces supremos Elvia Barrios, César San Martín y Víctor Prado conformarán una comisión que “analizará las leyes promulgadas por los otros poderes para tomar las acciones que correspondan”.
Además, dijo que creará la “Comisión de Análisis de la Aplicación de la Pena Justa, encargada de evaluar la coherencia y proporcionalidad de las sentencias impuestas“. La magistrada no especificó si ese grupo se encargará de evaluar casos individuales con sentencias ya dictadas o si más bien evaluarán si las penas asignadas en el Código Penal a determinados delitos son proporcionales. El Comercio consultó al respecto al área de imagen del Poder Judicial, pero no hubo respuesta.
