Miércoles, Noviembre 27

Desde fines del 2022, cuando las sospechas de la comisión de presuntos actos ilícitos comenzaban a recaer sobre Pedro Castillo, el vacado exmandatario ha tratado de dinamitar las pesquisas denunciando a los fiscales que investigaban a personajes de su gestión y que, luego se conocería, integraban su presunta red criminal.

Posteriormente, cuando las investigaciones lo alcanzaron a nivel de la Fiscalía de la Nación; tanto por presunta corrupción y crimen organizado, como por rebelión debido al golpe de Estado de diciembre del 2022, ha interpuesto cuanto recurso le ha sido posible para revertirlos y archivar las causas.

En total, han sido al menos 46 los recursos que ha interpuesto ante el Poder Judicial (PJ). Los mismos no solo fueron presentados a nivel de las instancias penales que tienen a cargo el control de sus procesos (Juzgado de Investigación Preparatoria y la Sala Suprema Penal Permanente); sino también en la vía constitucional, sin haber tenido éxito hasta el momento.

Solo esta semana, el Poder Judicial ha rechazado otros cuatro recursos que buscaban, entre otras cosas, anular la acusación fiscal por el delito de rebelión y que el proceso judicial por presunta rebelión vuelva a la etapa de investigación para poder actuar 51 diligencias, como revisar la información brindada por la “prensa alternativa”, la declaración de la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, la declaración del fiscal Rafael Vela, la declaración de los congresistas Katy Ugarte, Guido Bellido, Jaime Quito, Elías Varas, entre otros.

También utilizó como argumentos la falta de entrega de piezas procesales, la vulneración de la reserva de la acusación y falta de notificación, para interponer tutelas en contra de la actuación fiscal en el proceso por rebelión.

Antes de ello, había tratado de anular su acusación por rebelión en la que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, ha requerido 34 años de cárcel en su contra.

Esta investigación, así como la prisión preventiva dictada en su contra por 18 meses, se ha mantenido firme y ha sido ratificada en la Corte Suprema.

Por este caso, ha recurrido 24 veces -vía tutela de derecho, excepción, control de plazo y apelaciones- recursos que han sido rechazados en primera y segunda instancia.

En la investigación donde es sindicado de liderar una presunta organización criminal que tenía el objetivo de cometer actos de corrupción en entidades públicas como el Ministerio de Transportes (MTC), Provías Descentralizado (Puente Tarata), Petro-Perú y el Ministerio de Vivienda, Castillo también ha tratado no solo de cuestionar el proceso; ha interpuesto 9 recursos en primera y segunda instancia que han sido rechazados de plano.

Aquí trató de escabullirse amparado en una presunta inmunidad presidencial, pero el Poder Judicial señaló que no le correspondía para este caso y que debía ser investigado. La judicatura también rechazó su pedido para anular el delito de colusión, el archivo de las casos Petro-Perú y Tarata; así como su prisión preventiva por 36 meses.

Incluso, cuando no ha logrado sus objetivos en los procesos penales principales, ha recurrido también a las denuncias constituciones vía hábeas corpus (HC), amparos y medidas cautelares.

En total, respecto a este tipo de recursos, el Poder Judicial le ha rechazado hasta en 13 oportunidades sus demandas en primera y segunda instancia.

En estos, pedía la nulidad de sus procesos por rebelión, la nulidad de la denuncia constitucional y acusación constitucional por presunto crimen organizado y corrupción, la reposición en el cargo de presidente, la nulidad de su vacancia, su excarcelación. Todas ellas, una vez más, sin éxito.

Tampoco prosperó denuncia contra Colchado

Ante Inspectoría de la PNP

En agosto del 2022, Pedro Castillo, denunció ante la Policía Nacional al coordinador del Equipo Especial de la PNP, coronel Harvey Colchado, por haber realizado un operativo en Palacio de Gobierno a fin de ejecutar una orden de detención contra Yenifer Paredes, cuñada del vacado exmandatario.

En su petitorio, el exmandatario acusaba al efectivo de falta grave y pedía su destitución. Sin embargo, luego de las diligencias pertinentes, la División de Inspectoría del PNP archivó la denuncia al no encontrar irregularidad en la actuación del oficial.

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