Pedro Castillo: Ocho testigos coinciden en que se intentó cerrar el Congreso tras golpe de Estado

Al menos ocho testimonios coinciden en que, tras el mensaje a la nación del hoy detenido, un contingente de policías de la Unidad de Servicios Especiales (USE) cercó las calles cercanas al Parlamento e impidió el ingreso de congresistas y trabajadores de esa institución [ver recuadro]. Y que la directiva fue dada por el entonces jefe de la VII Región Policial Lima, general PNP Manuel Lozada Morales.

La fiscalía ha solicitado 25 años de prisión para Lozada Morales; el comandante PNP Jesús Venero Mellado, ex jefe operativo de la USE; y el teniente PNP Eder Infanzón Gómez por el presunto delito de rebelión en la modalidad de coautor.

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En su declaración ante el Ministerio Público, la parlamentaria Vivian Olivos Martínez (Fuerza Popular) refirió que a la altura del jirón Ayacucho, en el Centro de Lima, se le impidió el pase.

“Uno de los policías que estaba en esa reja me dijo que no podía ingresar al Congreso, a lo que le dije que era congresista de la República y que me dejaran ingresar a mi centro de labores. A pesar de que me identifiqué como congresista, no me permitieron ingresar”, manifestó la fujimorista a inicios de marzo del 2023.

También relató que uno de los agentes le señaló lo siguiente: “entienda, tenemos la orden de que no ingrese ningún congresista, tenemos la orden superior de que no ingrese nadie por aquí, ya dejaste de ser congresista, olvídese”.

Con Olivos estuvo la parlamentaria Adriana Tudela (Avanza País), quien el mismo 7 de diciembre del 2022, denunció en sus redes sociales que no la dejaron pasar a la sede del Parlamento.

Luego, el 13 de febrero de 2023, ratificó este hecho ante la fiscalía suprema.

“Entrando por el Jr. Ayacucho, me encuentro con una reja y dos filas de policías que no me permitieron ingresar a las instalaciones del Congreso […] Entonces fui por el Jr. Huallaga con la Av. Abancay a ver si podía ingresar y también había rejas con pernos y tornillos, no se podía abrir las rejas”, expresó.

“Había personal de la Policía, que me indicó que tenía una orden de no dejar ingresar a los congresistas, no se me permitió el ingreso”, agregó.

Sindican a Lozada

José Malca Calderón, ex jefe del Departamento de Seguridad de Instalaciones del Congreso, indicó, ante el Ministerio Público, que él, junto a la capitana PNP Cinthya Chicoma Castro, acudieron hacia los jirones Ayacucho y Huallaga para intentar hacer ingresar a Tudela al Palacio Legislativo.

“El efectivo policial que se encontraba a cargo de este grupo de policías era el teniente de la USE Eder Infanzón Gómez, a quien le dije que deje entrar a la congresista y este me respondió que no podía porque había recibido la orden del jefe de la Región Policial Lima que nadie ingrese […]”, sostuvo.

Malca refirió que Infanzón Gómez “no debió cumplir” esta orden, porque era “ilegítima”.

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Este testimonio fue respaldado por Edwin Gutiérrez Tuesta, jefe de la División de Seguridad del Congreso, y por Chicoma Castro, jefa del Grupo A de la referida entidad.

“Cuando llegamos vimos a varios efectivos policiales y a la congresista Tudela, quien estaba detrás de las rejas. Ahí el comandante Malca habló con uno de los oficiales para que pueda ingresar la congresista, pero el teniente Infanzón le dijo ‘es orden del jefe de la Región que nadie ingrese al Congreso’”, refirió Chicoma.

Por su lado, Gutiérrez Tuesta estuvo hablando con teléfono con Malca cuando escuchó a Infanzón Gómez referir que Lozada había dado la directiva.

Por su parte, el suboficial brigadier de la Policía Canina, Edward Roldán Michue, señaló que después del mensaje a la Nación de Castillo Terrones, Venero Mellado, entonces jefe operativo de la USE de la PNP, le dio la orden de no permitir ingresar ni salir a nadie al Congreso.

“Trasladé la orden de no dejar ingresar ni salir a nadie en la parte exterior del Congreso […] Yo me encontraba al mando de 30 efectivos y se conformó tres cuadrillas de 10 hombres cada una”, expresó.

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Un tercer congresista también prestó su declaración ante la fiscalía en el mismo sentido que Tudela y Olivos. Se trata del izquierdista Hamlet Echeverría Rodríguez, quien en ese momento era parte de la bancada de Perú Democrático.

Echeverría Rodríguez refirió que “primeramente, la policía me impidió el ingreso al Congreso”.

“Primero la policía acordonó, quería entrar con el carro, me identifique como congresista y me dijeron que estaba prohibido el paso al Congreso […] Estábamos varios congresistas y trabajadores del Congreso afuera, la Policía no nos dejaba entrar”, manifestó el 13 de junio del año pasado.

“Los generales apoyaron a expresidente”

El Ministerio Público destaca en su acusación el testimonio de uno de los imputados: el teniente PNP Eder Infanzón Gómez. El ahora ex oficial operativo de la USE detalló que la orden dada por el general PNP Lozada, entonces a cargo de la Región Policial Lima, fue que “nadie ingrese, ni políticos, congresistas ni civiles”.

Infanzón indicó que “en su momento, los generales apoyaron al expresidente Castillo”, en referencia al golpe de Estado y que después de 20 minutos “cambiaron las órdenes”.

El teniente PNP, además, refirió que después de recibir la directiva de Lozada, él llamó al comandante Venero quien le “ratificó la orden del general Lozada Morales”.

“Sin embargo, cerca de las 13:00 horas de la fecha, el comandante Venero lo llamó y le manifestó que ya el comandante general de la Policía estaba apoyando a los congresistas; por lo tanto, se le tenían que dar las facilidades para el ingreso”, remarcó.

Para la fiscalía, los ocho testimonios descritos líneas arriba refuerzan su tesis, en el sentido de que Castillo, aprovechando su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, “ordenó el cierre del Congreso, por lo que no se permitió el ingreso” al Palacio Legislativo “de los parlamentarios”.

Y, para ello esta orden “fue trasladada” al general PNP Lozada Morales, entonces jefe de la Región Policial Lima.

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Este Diario intentó comunicarse con Venero Mellado, pero no respondió a nuestras llamadas.

Anteriormente, el ex jefe operativo de la USE de la Policía refirió a El Comercio que no prohibió el ingreso de nadie al Parlamento.

“Me están involucrando por el cargo. Nunca di órdenes. El comandante operativo era el general Lozada. Él dio la orden de que todo esté normal, que se les dé las facilidades a los congresistas. De repente alguien lo malinterpretó, lo escuchó mal”, añadió en aquella oportunidad.

El general PNP Lozada rechazó haber ordenado que nadie ingrese al Parlamento y negó haber recibido órdenes de Castillo Terrones o del entonces ministro del Interior, Willy Huerta.

“[La acusación del Ministerio Público] es abusiva, porque no valoran los hechos objetivos, solo toman para poder sustentar su acusación el dicho de un teniente. Este teniente está de baja. Y antes ya había sido pasado al retiro por medida disciplinaria”, manifestó.

En diálogo con este Diario, Lozada sostuvo que todos los congresistas, aunque con dificultades, lograron ingresar al hemiciclo.

“Acá no ha habido impedimento para nadie, esa es una mentira, se me acusa de rebelión, pero en ningún momento me he alzado en armas. La fiscalía suprema no ha valorado las pruebas que mi defensa ofreció, como un audio. Tampoco han llamados a nuestros testigos. No hubo restricción a los congresistas ni a sus asesores”, acotó.

Más información

La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular), quien era primera vicepresidenta del Congreso cuando Castillo dio el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, dijo al Ministerio Público que ella pidió “cerrar” las rejas de ingreso al Palacio Legislativo, tras el mensaje del docente. “Pero no las rejas de afuera”, porque “esas están a cargo de la Policía Nacional”. “Y por ahí es que no podían ingresar los congresistas”.

El Ministerio Público ha solicitado 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión (25 años), abuso de autoridad (tres años) y grave perturbación de la tranquilidad pública (seis años).