El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) denunció constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo el último martes por el golpe de Estado que dio en diciembre de 2022. Se trata del primer paso que se da en el Parlamento para someterlo a juicio político e inhabilitarlo de la función pública.
Aunque Castillo sigue recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple dos prisiones preventivas, aún no tiene impedimento legal para postular al Congreso en las elecciones de 2026. Esto se debe a que no ha recibido una sentencia judicial en primera instancia ni está inhabilitado por el Parlamento para ejercer función pública.
En diciembre del 2022, el contexto y la gravedad de los hechos llevaron a su destitución sumaria y al inicio de un proceso judicial. No obstante, el Congreso no activó el proceso para el juicio político. Esto ha permitido que, desde el penal, el exmandatario deje abierta la posibilidad de tentar nuevamente un cargo de elección popular, ahora con la agrupación Todo Con el Pueblo (TCP), que se encuentra en vía de inscripción como partido.
La denuncia constitucional de Muñante señala que Castillo infringió 29 artículos de la Constitución con el golpe de Estado, por lo que solicitó su inhabilitación pública por 10 años. Por los mismos hechos también denunció a la exprimera ministra Betssy Chávez, los exministros Willy Huerta (Interior), Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Gustavo Bobbio (Defensa). Este último, si bien no ha sido procesado penalmente, se le señala como presunto participante en la infracción constitucional.
“La prisión preventiva que actualmente cumple el expresidente junto a su ex primera ministra, así como las demás investigaciones en curso, se deben solo al desafuero por el delito de rebelión (antejuicio), lo cual no inhabilita a los golpistas izquierdistas a postular en las próximas elecciones. […] La democracia no puede ser boba”, dijo Muñante.
La denuncia será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso).
Argumentos
Muñante afirma en su denuncia constitucional que Castillo dio el golpe de Estado “ante la imposibilidad jurídica de poder seguir con actos de quebrantamiento del orden constitucional” y como respuesta a los actos de corrupción que lo involucraban. En diciembre de 2022, el expresidente ya se encontraba sindicado de ser el presunto líder de una organización criminal que copó puestos en el Estado y direccionó licitaciones públicas.
La denuncia desagrega el mensaje a la Nación que dio Castillo para anunciar el golpe. Destaca que el expresidente y sus ministros más cercanos infringieron al menos cinco artículos de la Constitución al instaurar un gobierno de facto. Aquella vez, Castillo anunció la instauración de un gobierno “de emergencia excepcional”.
También señala que con la decisión de disolver el Congreso, Castillo infringió 11 artículos de la Constitución, entre ellos el 134, que establece que el presidente solo puede disolver el Parlamento si este ha censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros.
Punto por punto, la denuncia también destaca que el exmandatario anunció la convocatoria a un nuevo Congreso que elabore otra Constitución en un plazo no mayor a nueve meses. Además, dijo que gobernaría mediante decretos ley, impuso un toque de queda y declaró en reorganización el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
De acuerdo con la denuncia, Castillo mostró una “conducta dolosa y sistemática” de quebrantamiento del orden democrático desde el inicio de su gestión. Para demostrarlo, se enumeran cinco hechos. El primero fue la presentación de un proyecto de ley de reforma constitucional para una asamblea constituyente en 2021, archivada por la Comisión de Constitución del Congreso; el segundo, la orden de inamovilización social del 5 de abril de 2022 en Lima y Callao, como respuesta a manifestaciones sociales contra su gobierno.
El tercero, cuarto y quinto hecho están relacionados entre sí. Tratan sobre la presentación de un proyecto de ley para derogar la ley que regula el derecho de referéndum en reformas constitucionales, la cuestión de confianza presentada por Aníbal Torres por ese proyecto, y por último, la posterior interpretación de la negación de confianza.
No fue solo un discurso político
La denuncia de Muñante resalta una resolución del Tribunal Constitucional que declaró improcedente una demanda de hábeas corpus presentada por Castillo. En esta, el órgano constitucional señaló que el mensaje a la Nación del 7 de diciembre no fue solo un simple discurso político, como pretendió argumentar la defensa legal del exmandatario.
“No se trató, por consiguiente, de un simple mensaje, discurso o anuncio meramente político o de carácter simbólico emitido por cualquier persona o funcionario público, sino de una orden transmitida por un presidente de la República, […]”, señaló el tribunal en una resolución conocida en abril de 2024.
El tribunal agregó que la decisión de Castillo “[…] resquebrajó abiertamente el orden constitucional en el Perú y supuso la ejecución de un golpe de Estado”. Y añadió que resulta reprochable que incluso haya pretendido justificar ese acto como si existieran razones válidas y legítimas que pudieran haber viabilizado constitucionalmente lo que hizo.
En opinión del especialista en asuntos parlamentarios Alejandro Rospigliosi, el Congreso no ha sido prolijo en el camino que debió seguir el caso contra Castillo. “Fue un descuido [no inhabilitarlo de la función pública], una ignorancia […] ahora el señor está en proceso de recolección de firmas para inscribir un partido. […] Muchos que están en penales pueden postular si no tienen sentencia. Pueden postular y podrían ganar. […] El señor [José] Luna Gálvez ha estado con detención domiciliaria, ha postulado al Congreso y ha ganado”, recordó.
Agregó que una resolución del Jurado Nacional de Elecciones respecto al expresidente Martín Vizcarra, fundador del partido Perú Primero, de junio del 2023, da una lección sobre la importancia de inhabilitar del ejercicio de la función pública a “personajes que dañaron la democracia con su comportamiento”.
La resolución da cuenta de que una persona inhabilitada por el Congreso de la República no puede fundar ni representar a una organización política.
Descargos
El defensor legal de Castillo, el abogado y exministro de Defensa Walter Ayala, señaló que los partidos de derecha buscan inhabilitar al expresidente porque tienen “un gran temor” de los resultados que pueda conseguir si postula al Senado en el 2026.
“Es raro que recién quieran inhabilitarlo. Han pasado dos años. Es sospechoso que se haga en estos momentos, cuando estamos a puertas de que se formalicen las alianzas electorales. […] Existe un gran temor de la derecha, que representan Renovación Popular, Fuerza Popular y el partido de [César] Acuña [Alianza para el Progreso]”, dijo a El Comercio.
Agregó que Castillo no cometió delitos porque el golpe de Estado no se concretó. Añadió que “se pisotearon” los derechos del exmandatario y el debido proceso.
En paralelo
Además de las infracciones constitucionales, los implicados enfrentan acusaciones por delitos de función, como rebelión y conspiración. Estos delitos están relacionados con el intento de alterar el orden constitucional y el funcionamiento de los poderes del Estado.
A inicios del 2024, la fiscalía acusó formalmente a Castillo y requirió 34 años de prisión en su contra. Por los mismos hechos pidió 25 años de cárcel contra Chávez, Huerta, Sánchez y tres oficiales de la Policía. En tanto, para Aníbal Torres, ex primer ministro y ex asesor de Chávez, requirió 15 años.
Se estima que este 2025 se inicio el juicio oral.
Además…
Audiencia el 21 de enero
El Poder Judicial evaluará este 21 de enero en audiencia una solicitud del expresidente Pedro Castillo para que se varíe su prisión preventiva por vigilancia electrónica.
