Sábado, Noviembre 23

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este martes, 23 de enero, dos informes de calificación que declaraban improcedentes las denuncias presentadas contra los exministros José Gavidia y Juan Carrasco, quienes ejercieron el cargo en el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022).

En el caso de Carrasco Millones, en la denuncia constitucional 221 se le acusaba de presunta infracción constitucional y de los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad, abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y retardo injustificado de pago.

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Fue declarada improcedente porque no cumple con los requisitos establecidos en el literal C del artículo 89 del reglamento respecto a que se refiera a hechos que constituyan una infracción de la Constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal. El informe fue aprobado por unanimidad (20 votos).

En el caso de Gavidia Arrascue, se le acusaba de presunta infracción a la Constitución y de los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad, abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, retardo injustificado de pago, delito contra la humanidad – discriminación.

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Los denunciantes, al igual que en el caso anterior, afirmaban que al ser personal de retiro por causal de renovación, tienen derecho al beneficio de un saldo remanente de seguro de retiro, lo cual no percibieron.

El informe de calificación concluyó que es improcedente la denuncia porque no se refiere a hechos que constituyan infracción de la Constitución y/o delitos de función previstos en la legislación penal.

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En el documento también se afirma que los denunciantes podrían hacer valer sus derechos por la vía judicial respectiva. Así, el informe fue aprobado por mayoría: 19 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención.

De otro lado, la subcomisión aprobó el informe de calificación de la denuncia constitucional 119 presentada por la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos contra la excongresista Yesenia Ponce por el presunto delito de cohecho activo específico.

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El documento determinó que si bien la denuncia cumple con el requisito de admisibilidad, la exparlamentaria ya no cuenta con el privilegio del antejuicio político. Fue aprobado por mayoría: 19 votos a favor, 2 votos en contra y cero abstenciones.

Finalmente, la subcomisión archivó la denuncia constitucional 251 presentada contra el excongresista Percy Alcalá por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, debido a que el exparlamentario ha fallecido y se produjo sustracción de la materia.

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