Pedro Castillo, quien permanece cumpliendo prisión preventiva por acusaciones de corrupción y por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, ahora busca que sea liberado y que sea objeto, más bien, de una vigilancia electrónica a la espera del inicio del juicio oral.
Según la resolución a la que tuvo acceso El Comercio donde se programa la audiencia virtual en la cual se evaluará este pedido, el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, admitió a trámite la solicitud hecha por los abogados de Castillo Terrones el pasado 3 de enero.
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Con esto, el Poder Judicial procedió a programar la audiencia para evaluar la solicitud para el martes 21 de enero.
Según la defensa de Castillo, se plantea el cese de la prisión preventiva que viene cumpliendo desde fines del 2022 para que se le aplique la medida de vigilancia electrónica, porque supuestamente hay nuevos elementos de convicción que demostrarían, según los abogados, que no hay figura que amerite que permanezca preso.
El Ministerio Público solicitó, en su denuncia ante el Poder Judicial, que se dicten 34 años de prisión contra Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
Esto debido al mensaje a la Nación del 7 de diciembre del 2022 en el que el entonces presidente anunció, en medio de investigaciones y denuncias por actos de corrupción que involucraban a su gobierno, un golpe de Estado que implicaba la disolución del Congreso y la intervención de otras entidades autónomas como la Fiscalía de la Nación.
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También están procesados por estos delitos la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, contra quien piden 25 años de prisión, al igual que el exministro del Interior Willy Huerta y el congresista Roberto Sánchez.
Contra Aníbal Torres, también exprimer ministro del gobierno de Castillo y entonces asesor de Huerta en la PCM, se ha solicitado 15 años de prisión.