El último jueves, durante la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y en el marco del paro convocado por los transportistas de Lima y Callao para pedir medidas contra la inseguridad, la presidenta Dina Boluarte aseguró que evaluaban declarar en estado de emergencia al sistema de transporte público.
Cinco días más tarde, y luego de que el 90% del sector apagara sus motores ante una nueva seguidilla de asesinatos, dirigentes transportistas y la Comisión de Transportes del Congreso acordaron la declaratoria de la medida para agilizar las acciones multisectoriales.
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MIRA: Transportistas y Congreso acuerdan declarar en emergencia el sector de transporte
Sin embargo, una solicitud de este tipo lleva más de 10 meses durmiendo en los buzones de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y del Ministerio del Interior.
El 11 de diciembre de 2024, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la Moción de Orden del Día 14995 en la que solicita al Gobierno declarar en emergencia al sistema de transporte en Lima y Callao por un periodo de 120 días.
Cabe recordar que para entonces ya existía una declaratoria de estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao que se venía ampliando desde el 27 de septiembre.
La moción de diciembre -presentada por las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP) y Avanza País en respuesta a una manifestación de transportistas- proponía “crear un equipo especial de la Policía Nacional dedicado exclusivamente a la protección de los operadores y usuarios del transporte público, con un enfoque en la prevención y disuasión de delitos como extorsión, homicidios y sicariato”.
Además, argumentaban que el estado de emergencia permitiría “implementar medidas de seguridad en las unidades de transporte, como cámaras de vigilancia y botones de pánico, y capacitar a los conductores en protocolos de seguridad para proteger a los usuarios”.
Este último punto también fue abordado por Boluarte en su conferencia del jueves, donde aseguró que «lamentablemente, cuando hay que hacer todo un proceso para la adquisición de estas cámaras, se ha caído más de una vez esta convocatoria“.
Lo que la mandataria no mencionó, sin embargo, es que la moción congresal fue enviada al entonces presidente del consejo de ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, el mismo 11 de diciembre y desde PCM, a su vez, notificaron por oficio a las secretarías generales tanto del MTC como del Ministerio del Interior el 16 de diciembre sin tener mayor acción al respecto hasta la fecha.
“Si se hubiese hecho entonces se podrían haber destinado recursos para que se combata mejor a la criminalidad, pero se evidencia una falta de ganas de hacer las cosas”, comenta una fuente de El Comercio que prefirió mantener el anonimato.
Esta fuente, conocedora de las carencias del sistema de transporte nacional, señala que en este momento medidas como las cámaras de seguridad o los botones de pánico serían útiles pero no determinantes.
Cabe recordar que en lo que va del 2025 más de 80 choferes han sido asesinados en casos relacionados con la extorsión, mientras que cada día la Policía recibe unas 75 denuncias por este mismo delito según el Sistema de Denuncias Policiales.
“Lo más urgente es el despliegue policial y, sobre todo, que el Gobierno destine recursos para crear unidades especializadas que se dediquen solo a este tipo de crímenes, tanto a detenerlos como a procesarlos”, explicó nuestra fuente.
El Comercio solicitó al MTC y Mininter comentarios al respecto, pero hasta el cierre de este artículo no habíamos recibido respuesta por su parte.
