Luego de la reunión solicitada por los gremios de transportistas de Lima y Callao con el Ejecutivo y el Legislativo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dio a conocer los acuerdos para ejecutar las medidas de lucha contra las extorsiones y asesinatos que padecen los trabajadores del sector transporte.
La mañana de este 8 de octubre fueron convocados a la sede de la PCM; sin embargo, algunos representantes de estos gremios fueron impedidos de ingresar a la reunión multisectorial, así como un grupo de congresistas. Por ejemplo, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, y Héctor Vargas, de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, se quedaron afuera.
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En cambio, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte (CIT), sí participó, al igual que otro grupo de representantes gremiales.
Pese a esta accidentada reunión, el presidente del Consejo de ministros Eduardo Arana dio a conocer los primeros acuerdos de esta reunión:
1. En un plazo no mayor a 15 días, se creará una unidad especializada de la Policía Nacional del Perú para combatir la extorsión.
2. Desde el Congreso se impulsará una iniciativa legislativa para la creación de un grupo interinstitucional especializado contra la extorsión y el sicariato, integrado por el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la PNP y otras entidades competentes.
3. El Ejecutivo asignará el presupuesto necesario para implementar nuevas unidades de flagrancia, crear fiscalías especializadas en bandas criminales y poner en marcha el grupo interinstitucional.
4. Desde el Congreso se realizará precisiones de manera inmediata a la ley de criminalidad sistemática y se priorizará el debate de iniciativas urgentes para enfrentar la inseguridad ciudadana.
5. En un plazo de 15 días hábiles, el Ejecutivo reglamentará todas las leyes pendientes vinculadas con la seguridad ciudadana, en especial, sobre sicariato y extorsión, solicitando al Congreso la exoneración de los plazos de prepublicación y revisión regulatoria.
6. El Ministerio Público propondrá una iniciativa legislativa para ampliar el plazo de flagrancia de 72 horas a 15 días en los delitos de sicariato y extorsión.
7. El Ejecutivo emitirá medidas extraordinarias para combatir la inseguridad ciudadana.
Tras la lectura del acta de acuerdos, Arana evitó responder las consultas de la prensa y aunque pidió disculpas a los congresistas que no ingresaron a la reunión, no se pronunció sobre los dirigentes que dejaron en la calle y que se retiraron hacia el Congreso al no poder ingresar.
Además, Arana señaló que la próxima sesión de la mesa de trabajo se realizará el jueves 16 de octubre a las 8:30 a. m. en el Congreso, y la siguiente, el 9 de noviembre a las 10:00 a. m. en Palacio de Gobierno.
Vale recordar que tanto el Congreso como el Ejecutivo habían convocado por separado a los gremios de transporte para reuniones programadas el mismo día y a la misma hora. Ambas citas coincidían este jueves 9 por la mañana. Con el anuncio de la PCM, finalmente se unificaron en una mesa de trabajo conjunta, donde algunos dirigentes fueron ignorados.
