El Poder Judicial (PJ) declaró fundada la solicitud de la Procuraduría Anticorrupción para ser constituida como actor civil en el proceso judicial que se le sigue al candidato presidencial del partido político Progresemos, Paul Deivis Jaimes Blanco, para quien solicitó el pago de S/50 mil como reparación civil provisional.
A través de diversas resoluciones judiciales a la que accedió El Comercio, el Juzgado De Investigación Preparatoria precisó que Jaimes, abogado de profesión, es investigado por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias agravado.
Este Diario solicitó la versión del candidato presidencial, pero no respondió a nuestras comunicaciones.
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Esta investigación no obra en la declaración jurada del candidato presidencial, ya que solo estaba obligado a consignar sentencias (cumplidas o en proceso de cumplimiento).
Lo que sí precisa en dicho documento -que tiene carácter de declaración jurada- es haber laborado como asesor en el despacho del congresista Óscar Zea, desde el 2022 al 2025.
Zea Choquechambi fue ministro de Agricultura entre febrero y mayo del 2022 durante el gobierno del ahora sentenciado expresidente Pedro Castillo. Una de sus primeras acciones fue nombrar a Jaimes Blanco como su secretario general en el Midagri.
Sin embargo, ninguno de los dos duró en el cargo. A los tres meses de su designación Zea tuvo que renunciar luego que se conociera que su hombre de confianza y hoy candidato presidencial habría usado su cargo para influir en la colocación de terceras personas en puestos del Estado vinculados al sector agricultura.
Jaimes Blanco fue removido del cargo, pero continuó laborando con el congresista en su despacho legislativo.
Paul Jaimes Blanco
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La tesis que el Ministerio Público investiga
Fue precisamente, en el desempeño del cargo como secretario general del Midagri que el ahora candidato presidencial habría incurrido en presuntos actos de corrupción, de acuerdo a la tesis del Ministerio Público.
Según la fiscalía, Paul Deivis Jaimes Blanco habría intercedido ante funcionarios del Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas) y Sierra Exportadora, a quienes habría ordenado colocar a personas que no cumplían los requisitos.
“En el presente expediente los delitos que se investigan son de abuso de autoridad, negociación incompatible, tráfico de influencias cuando se desempeñaba como secretario general de MIDAGRI y había intercedido por funcionarios de AGROIDEAS y Sierra Exportadora para colocar a personas que no cumplían los requisitos enviando órdenes a diversos funcionarios a través de WhatsApp, chats y mensajes, y que se trata alrededor de 10 personas cuyos nombres se habían solicitado colocar cargos estratégicos.”
Jaimes Blanco viene siendo investigado desde el 2023, de acuerdo a los documentos judiciales y actualmente.
El caso se encuentra en investigación preparatoria.
El pasado mes de marzo, la Procuraduría Anticorrupción solicitó ser constituida como parte civil en el proceso judicial a fin de poder accionar y solicitar el resarcimiento en favor del Estado -Midagri, en caso se llegue a concretar una futura sanción penal.
De acuerdo a la Procuraduría, de las pesquisas preliminares que se han desarrollado hasta el momento, la presunta conducta ilícita realizada por el investigado generó un agravio al Estado, ascendente a la suma de S/25,000 por concepto de “daño extra patrimonial por el delito de negociación incompatible” y S/ 25,000 por concepto de “daño extra patrimonial por el delito de tráfico de influencias agravada”.
PAUL JAIMES BLANCO
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La procuraduría precisó que el monto ascendente a un total de S/50,000 es provisional y se precisará en la etapa que corresponda.
“Ahora bien; este monto es estimatorio, y no necesariamente debe ser acreditado al momento de solicitar la constitución en actor civil, ello en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Plenario N° 05- 2011, que establece que estos montos son de carácter postulatorio, por lo que deberá de ser ratificada y verificada durante la investigación y debidamente sustentada en la etapa correspondiente”, señaló.
Tras analizar los requisitos y normas, el juzgado estableció que la procuraduría había cumplido con los requisitos legales para intervenir en el proceso en defensa del Estado Peruano.
Por ello, a través de una reciente resolución resolvió a favor de la procuraduría y la incorporó como actor civil al proceso judicial contra Jaimes Blanco.
