Tres personas fallecieron el miércoles 31 de diciembre producto de un presunto enfrentamiento a tiros en la bocamina Papagayo, ubicada en el el anexo de Vijus, distrito de Pataz, informó este jueves la División Regional de Inteligencia La Libertad de la PNP.
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Inicialmente, medios locales y ciudadanos de la zona habían reportado que se trataban de 13 asesinados y dos desaparecidos; sin embargo, en comunicación con El Comercio el alcalde de Pataz, Aldo Mariño, reafirmó que la cifra oficial que se manejaba era de tres víctimas mortales.
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En su reporte, la Policía identificó a los occisos como Pilar Eduardo Acosta (35), Marcelino Ramos (31) y Teodulio Ramos (33). Además, fueron hallados 11 casquillos de bala en el lugar.
Posteriormente, la Compañía Minera Poderosa informó mediante un comunicado de prensa que su personal de seguridad se acercó a la zona tras escuchar disparos y fueron ellos quienes dieron aviso inmediato a la PNP.
“Este enfrentamiento se habría producido en un sector donde operan grupos dedicados a la minería ilegal que se disputan el control del área (…) Las primeras diligencias permitieron la detención de dos personas, quienes fueron puestas a disposición de la Policía”, agregó la empresa.
La Poderosa, además, detalló que «no hay personas retenidas ni desaparecidas dentro de la operación» como inicialmente se había presumido.
Por la tarde, el Ministerio Público informó que la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz abrió una investigación preliminar por el delito de homicidio en agravio de tres personas. Los cuerpos fueron trasladados a la División Médico Legal II – Trujillo para que se le realice la necropsia correspondiente, mientras que los casquillos fueron encargados a la Depincri de Huamachuco para que se efectúe la pericia balística.
– Problema de fondo –
“En la provincia de Pataz hablamos de 49″ personas asesinadas a causa del crimen organizado, incluyendo a las tres víctimas del 31 de diciembre, aseguró el alcalde Mariño a El Comercio.
Entre ellos se cuenta, por supuesto, la masacre perpetrada en mayo del 2025 que estremeció al país tras conocerse que 13 trabajadores habían sido secuestrados y ejecutados al interior de una mina.
Desde inicios de década, Pataz se ha convertido en el reflejo más amargo de la violencia que rodea a la industria de la minería ilegal en nuestro país. Un reportaje publicado en julio por la Unidad de Investigación de El Comercio detallaba cómo durante la pandemia los mineros informales recurrieron a bandas criminales para proteger su mercancía.
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Sin embargo, desde el 2023 estos mismos grupos delictivos habrían dejado de solo brindar protección para convertirse en participantes dentro del multimillonario negocio. No había opción de rechazar su nuevo rol, pues quien intentara marginarlos del esquema terminaba siendo asesinado.
Desde entonces, dos factores han marcado el camino de la minería informal en específico de Pataz y en general del Perú. Por un lado, está el meteórico ascenso del precio del oro, cuya onza ha pasado de valer alrededor de los US$1.800 a más de US$4.300 en solo tres años.
Por otro lado, está la perpetuidad del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el cual se ha ampliado cinco veces desde el 2019, la última de ellas en noviembre pasado, y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2027.
Estos factores han fortalecido una industria que ya se calcula siete veces más poderosa que el narcotráfico en el Perú. Según datos del Instituto Peruano de Economía, nuestro país es el principal exportador de oro ilegal de Sudamérica. Mientras que en el 2023 exportábamos 77 toneladas, en el 2024 la cifra aumento hasta las 93 toneladas y en julio se estimaba que el 2025 cerraría con más de 100 toneladas de oro con origen desconocido exportado.
“Al cierre de año, se estima que alrededor del 45% y 50% del oro que se exporta del Perú es de origen desconocido. Es imposible calcular cuánto viene de cada zona del país, pero Pataz sin duda ocupa un lugar protagónico, seguido de Secocha (Arequipa), Puno, Madre de Dios, Nanay y San Ignacio”, comenta a El Comercio el experto en conflictos sociales y recursos extractivos Iván Arenas.
– Más promesas que soluciones –
Es importante dimensionar que todo esto ocurre mientras Pataz suma más de 22 meses en estado de emergencia decretado por el Ejecutivo, el mismo que ha incluido medidas especiales como el despliegue de personal militar y policial bajo el denominado Comando Unificado Pataz (CUPAZ) y un toque de queda que rige desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana.
Para Arenas, estas medidas resultan insuficientes por la enorme extensión territorial. “El problema no solo está en el distrito de Pataz sino en todo el margen del río Marañón que asciende hasta la Amazonía. Vijus, por ejemplo, está como a 7 u 8 horas de Pataz, es muy difícil que alguna fuerza del orden sea capaz de cubrir toda esa extensión”, señala.
El experto añade a ello que “no hay grupos especializados, ni en la PNP ni en el Ejército, para ingresar a socavones”. Sin embargo, la fuerza policial sería solo una de las múltiples aristas detrás del problema que Arenas no duda en calificar como uno de “desorden y desorganización”.
Por la mañana, el alcalde de Pataz aseguró que “el gobierno central ha fracasado en la provincia de Pataz, qué triste es que a Pataz se le mienta tan fácil, que se sienta olvidado por el gobierno central” y solicitó la presencia de representantes del Ejecutivo en la zona.
Mariño, recordado por haber realizado en octubre una caminata de 48 días para protestar contra el gobierno por el abandono estatal de la zona, considera que uno de los factores más preocupantes es la “ausencia de servicios de Inteligencia”.
La famosa marcha del burgomaestre, que inició cuando Dina Boluarte estaba en el poder y se encontró con José Jerí en el cargo al llegar a la capital, llevó a que Mariño se reuniera con el nuevo presidente en mesas técnicas para atender problemas viales, de salud y de seguridad.
A los pocos días de esa reunión, Mariño aseguró a RPP que el tema de la minería ilegal no se abordó directamente; sin embargo, en diálogo con El Comercio detalla que “solicitamos servicios de Inteligencia. En su momento pedí que toda la PNP de la región La Libertad sea rotada a otras regiones, he pedido el cambio de personal del INPE, reestructuración de la PNP y para Pataz el servicio de Inteligencia y Contrainteligencia”.
Al ser cuestionado sobre si se alcanzaron compromisos, Mariño aseguró a este Diario que “más que compromisos fueron pedidos. Los resultados arrojan que hay ausencia de servicios de Inteligencia o si los hay están podridos, corrompidos”.
En esa misma línea, el alcalde resalta que lo que sucede en su provincia “es el resultado de ausencia del gobierno central. Yo he pedido que se investigue a profundidad quiénes llevan a las bandas criminales: ¿será el alcalde de la provincia? ¿será la PNP? ¿será el minero artesanal o la minera grande? ¿será que van solas?“.
Al ser cuestionado sobre sus sospechas, Mariño se limitó a decir que “no quiero vivir de sospechas, pero sí quiero que se investigue a todos, que no lo direccionen a un solo sector”.
