Partido del alcalde de Bogotá pide la renuncia del canciller de Colombia tras suspensión

El partido Nuevo Liberalismo, al cual pertenece el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió este miércoles la renuncia del canciller colombiano, Álvaro Leyva, luego de que la Procuraduría (Ministerio Público) ordenara su suspensión del cargo por tres meses.

“Ante la decisión que ha tomado la Procuraduría General de la Nación, de suspender al canciller Álvaro Leyva, desde el Nuevo Liberalismo le pedimos que renuncie”, manifestó el director de ese partido, Juan Manuel Galán, hermano del alcalde.

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La Procuraduría dictó cargos contra Leyva y lo suspendió por tres meses por las posibles irregularidades ocurridas durante la licitación de un contrato para la fabricación de pasaportes.

Según la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, la Sala de Instrucción Disciplinaria del Ministerio Público suspendió a Leyva “para evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, eso teniendo en cuenta su rol de ordenador del gasto y porque también es quien está dirigiendo el nuevo proceso licitatorio de pasaportes”.

“Es gravísimo como precedente para la política exterior del país, para una política de Estado como es la política exterior, que tengamos en entredicho la figura del canciller de la República”, agregó Galán.

Por eso insistió en que Leyva debe renunciar, “que se separe del cargo y que quede nombrado un ministro de Relaciones Exteriores en propiedad para conducir una política estratégica para la nación, como es la política exterior”.

Contrato anulado

En septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación contra Leyva y contra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.

La Cancillería indicó entonces que la licitación fue anulada porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas.

Por eso, el 12 de septiembre la Cancillería suspendió la audiencia en la que se iba a definir si la licitación seguía en poder de Thomas Greg & Sons o si por el contrario se declaraba desierta por la falta de oferentes.

Veinte días después el propio Leyva recurrió a la figura de “urgencia manifiesta” para prolongar el contrato en cuestión, mientras se hacía “la convocatoria de manera inmediata a una nueva licitación plenamente garantista” para evitar retrasos en la expedición de esos documentos de viaje.

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Como al contrato con Thomas Greg & Sons le quedaban todavía tres años de vigencia, la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos (unos 30 millones de dólares de hoy).

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró tras conocer la decisión de la Procuraduría que se trata de una maniobra para no dejar gobernar a un “gobierno popular, democrático”.

“No nos van a dejar gobernar, pues claro, es la mentalidad de quienes (están) acostumbrados a dejar la gente abandonada. No quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular un gobierno democrático”, dijo Petro, quien no explicó los pasos que seguirá tras esa decisión.