Aunque es un ejercicio válido el tratar de contabilizar los daños y pérdidas relacionadas al paro de transportistas realizado la semana pasada, la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía no tiene precio.
A la situación de extorsión e inseguridad que enfrenta el transporte público se suman la minería, el comercio y hasta las ollas comunes. El incremento alarmante de las situaciones de violencia y extorsión está dinamitando, con demasiada agilidad, nuestra convivencia y la vida de muchos peruanos. El problema ya no está solo en el cobro de cupos, sino en que los ciudadanos estamos en medio del fuego cruzado entre bandas de malhechores que se disputan el título de quién extorsiona más y mejor. La parte más dolorosa es que esta no es una situación nueva.
Mucho se han criticado las decisiones tomadas por el Gobierno en los últimos días. Hoy estamos todos expectantes del resultado, aunque tal vez no con la misma fe del ministro Santibáñez, quien con total autoconfianza ha asegurado que renunciaría al cargo si las medidas fracasan. Mientras tanto, en medio de la evaluación de un toque de queda en los distritos declarados en emergencia, los gremios de transportistas han aceptado una “tregua” de 60 días. Ese es el tiempo que le dan a las autoridades para ver resultados, porque de lo contrario, convocarán y ejecutarán el paro nacional de transporte prometido.
En la resurrección de las discusiones sobre seguridad ciudadana se ha desempolvado el origen de las “Águilas Negras”, un grupo de policías que trabajaron en su momento con el objetivo de detener los asaltos en las agencias bancarias. Y lo lograron, no solamente con el apoyo político y presupuestal, sino con una robusta estrategia de inteligencia en articulación con el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Si la receta está sobre la mesa, se preguntan algunos, ¿por qué no optar por ella? No debería ser el roce político entre poderes la razón para dejar de trabajar por el bien común. Y como el gobierno no tiene tiempo ni presupuesto que perder, harían bien nuestras autoridades en revisar las partidas presupuestarias de seguridad ciudadana 2025 para tener los recursos necesarios, pero también ejecutar de manera eficiente.
