El último martes, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación procedió a ejecutar el allanamiento de cuatro inmuebles relacionados a Agüero, entre ellos un departamento y tres cocheras en Breña, dos oficinas parlamentarias (una en Arequipa) y un predio rural en la Ciudad Blanca. Esto en el marco de una investigación en contra de la legisladora por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.
El Comercio, además, reveló que la parlamentaria de Perú Libre recortó el salario de, al menos, 12 trabajadores de su despacho y de otras instancias del Congreso que dependían directamente de ella, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público.
El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales- conducida por el fiscal superior Luis Germaná- estableció que Agüero utilizó a Alexis de la Cruz y Edson Flores Valencia, dos de sus asesores, como las personas que recolectaron el dinero recortado ilegalmente a sus otros trabajadores. Los dos operadores recibieron S/72.017, entre transferencias y depósitos.
En la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley, que dispuso el allanamiento con fines de incautación sobre las casas y oficinas de la perulibrista, se incluye, como elementos de prueba, la declaración de Esther Vásquez Macedo, Ivonne Anquise Yunque, Sergio Carrasco Mamani y Lucette Mamani Fernández, ex trabajadores de la congresista. Las dos primeras no estaban dentro de la lista de 12 víctimas de recorte de salarios.
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La reunión y la rebaja
En su testimonio, brindado ante el Ministerio Público el último 28 de agosto, Vásquez Macedo contó que trabajó en la oficina de Agüero y también en la Mesa de Mujeres Parlamentarias como asistente. Agregó que en setiembre de 2022 le entregó en efectivo una suma de dinero a De la Cruz.
También contó que dos semanas después de que ingresó a trabajar con la congresista de izquierda, los colaboradores de la oficina fueron convocados a una reunión, donde “De la Cruz expuso que había necesidad que cubrir sobre el traslado del personal, porque a veces, Agüero tenía invitaciones y la idea era que el equipo acompañara”.
Vásquez Macedo refirió que dentro de los gastos detallados por el asesor estaban los de alimentación, como “snacks, bebidas y desayunos” y de logística, “como gasolina para el vehículo”.
De la Cruz, de acuerdo con la declaración de la extrabajadora, les dijo que “todos esos gastos escapaban de lo que cubre el Congreso” y que “era necesario que cada uno de manera simbólica aporte”.
“Hubo hasta tres propuestas [de recorte], la primera de ellas fue de un monto alto, la segunda de ellas fue de un monto bajo y la tercera de ellas fue un monto que se estableció más o menos en proporción de lo que [cada uno] iba a recibir como sueldo, lo cual finalmente se aceptó por parte de todos los compañeros de trabajo”, acotó.
El último 18 de setiembre, Carrasco Mamani, en su declaración ante la fiscalía, dijo que fue testigo de dos discusiones entre De la Cruz y Bertha de Souza, asesora II de la oficina de Agüero, por temas de dinero.
“Hubo un altercado entre De la Cruz y De Souza, al parecer por dinero, en donde César aparentemente le exigía, porque recuerdo que le decía ‘necesito, necesito ya’, ‘cuándo vas a hacer’ con un tono de reclamo y Bertha se molestaba y se ponía de mal humor por esta situación. Esta situación la vi en dos oportunidades en el despacho congresal”, expresó.
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Una colaboración para Perú Libre
Anquise Yunque, quien trabajó como auxiliar en la Mesa de Mujeres Parlamentarias, cuando estaba bajo la dirección de Agüero, sostuvo que entregó dinero a De la Cruz Canales, a través del aplicativo Yape, “correspondiente a una colaboración” para “el partido Perú Libre”.
Otro testimonio considerado en la resolución es el de Mamani Fernández, del 19 de setiembre último. La exasesora relató que hizo dos transferencias bancarias al operador de Agüero en noviembre y diciembre de 2022, “como una especie de apoyo al partido Perú Libre”. El dinero entregado fue de S/2.543,80.
Entre sus argumentos para ordenar el allanamiento a los inmuebles vinculados a la perulibrista, el juez supremo Juan Carlos Checkley remarcó que los elementos de convicción, entre ellos dos informes de la UIF (que detallan las transferencias a favor de De la Cruz y Flores Valencia) y las declaraciones descritas líneas arriba, “reflejan que existen motivos razonables” de que Agüero “en su condición de congresista habría recaudado cobros indebidos a trabajadores” del Parlamento.
El magistrado subrayó que los elementos de convicción “se condicen con los hechos materia de investigación, pues reflejan presuntos actos ilícitos desplegados por una parlamentaria en actividad, quien aprovechando su cargo estaría obteniendo ingresos ilícitos por parte de los trabajadores que dependen directamente de ella”.
Este Diario intentó comunicarse con el portavoz de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, pero no respondió a nuestras llamadas.}
A través de un comunicado, De la Cruz, quien de acuerdo con fuentes de El Comercio se encuentra en Chile, rechazó las imputaciones del Ministerio Público. “[Esta institución] se ha convertido en un brazo político para eliminar a quienes levantamos la voz contra la injusticia, la misma que aún se encuentra tomada por Los Cuellos Blancos”, añadió.
El sindicado operador de Agüero dijo que la investigación en su contra es “infundada” y criticó que se haya ordenado levantar su secreto bancario y de comunicaciones.
“Estos actos buscan amedrentar y coaccionar, intentando obligar al acusado a acogerse a la colaboración eficaz y emitir declaraciones fabricadas que sirvan sustentar la débil tesis fiscal basada en especulaciones y no en pruebas reales”, finalizó.
Agüero compartió en sus redes sociales el pronunciamiento de su trabajador. Ella, el martes, dijo que le no le sorprende el allanamiento en su contra, “ya que así opera la instrumentalización de la justicia”.
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El punto de vista
El abogado penalista Andy Carrión consideró que la congresista Agüero ha quedado en una situación “comprometedora”, tras la declaración de cuatro de sus extrabajadores y, además, porque la Fiscalía de la Nación cuenta con la trazabilidad del dinero, “que es lo más importante”. “Los elementos dan la sensación de que la sospecha es mayor”, manifestó.
En comunicación con este Diario, Carrión indicó que el Ministerio Público deberá solicitar al Poder Judicial que ordene a la parlamentaria entregar su celular y computadora.
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Esto debido a que ella no se encontraba en su domicilio, en Breña, cuando realizaron el allanamiento con fines de incautación de esos y otros materiales.
El letrado explicó que la Fiscalía de la Nación deberá deslacrar “todos los elementos” que han sido incautados en las propiedades y oficinas de la congresista de izquierda.
“Luego se debe empezar a revisar los documentos y después el Ministerio Público tendrá que solicitar otros testimonios para cruzar la información. También se puede pedir el levantamiento del secreto bancario de Agüero para saber si existe o no desbalance patrimonial. Lo más importante es que la fiscalía ya tiene un caso. Una vez que terminé la investigación preliminar, deberá formular denuncia constitucional [ante el Congreso]”, finalizó.
Más información
El prófugo secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, calificó el allanamiento como un “amedrentamiento” a la congresista Agüero.
“¿Era necesario allanar cuando la investigación requiere solo medios electrónicos de pago o verificar las planillas del Congreso?”, cuestionó Cerrón Rojas- sobre quien pesa una condena de prisión efectiva de tres años y medio por colusión-por medio de su cuenta de X.
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