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A través de un comunicado, el SAT rechazó públicamente la agresión contra uno de sus fiscalizadores registrada en las inmediaciones del puente Atocongo, mientras se efectuaba un operativo de identificación de vehículos con deudas en estado coactivo.
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Según detalló, los hechos se registraron cuando fue intervenido un vehículo de propiedad de la parlamentaria, el cual —se precisó— contaba con una “orden de captura” por una deuda derivada de una infracción de tránsito.
En el comunicado se indicó que Alcarraz se encontraba en calidad de acompañante y que, al momento de la intervención, intentó disuadir el internamiento del vehículo. Al no lograrlo, “abofeteó y arrebató el celular” a uno de los fiscalizadores del SAT.
Lo ocurrido fue denunciado ante la comisaría de San Juan de Miraflores. En el parte policial, al que accedió El Comercio, se consignan mayores detalles del hecho. En el documento se precisa que el vehículo intervenido era una camioneta negra marca Ford, modelo Territory, de placa CTM-375.
Según información de Sunarp, el vehículo, modelo 2026, figura registrado a nombre de Alcarraz. Sin embargo, fuentes de este Diario explicaron que lo que habría motivado el registro de una orden de captura sería una multa impaga correspondiente a otro vehículo, que pasó a estado coactivo bajo la modalidad de embargo.
En el sistema del SAT se registra una fotopapeleta de junio de 2023 correspondiente al vehículo de marca Geely, de placa CAZ-587, entonces registrado a nombre de Alcarraz, por una infracción “muy grave” por exceso de velocidad. Dicha sanción figura con medida cautelar y, tras lo ocurrido el lunes, fue sometida a fraccionamiento.
En el parte policial, se señala que mientras el fiscalizador realizaba el registro de la intervención, Alcarraz se presentó como congresista, asegurando que tenía una diligencia y que la deuda no le correspondía. El parte consigna que la legisladora adoptó una actitud “altanera” y que, además, “llamó a un supuesto comandante de la policía” solicitando que se le brinde un “apoyo”.
El denunciante indicó que, posteriormente, la parlamentaria se le acercó y le arrebató su teléfono celular, para luego “causarle lesiones en el rostro”. También se dejó constancia de que la congresista le habría advertido que, a partir de esa fecha, “ya no trabajaría en el SAT”, a modo de amenaza.
Según precisó la entidad en un comunicado, el vehículo intervenido fue trasladado al depósito conforme el procedimiento y, posteriormente, fue libertado “tras acogerse a un fraccionamiento de deuda”.
Causa y efecto
Tras conocerse lo ocurrido, la legisladora no se ha pronunciado públicamente al respecto. Este Diario se contactó con Alcarraz para conocer su versión de los hechos; sin embargo, calificó la información como “falsa”, evitando entrar en mayores detalles.
No obstante, al interior del Congreso se alistan acciones. El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, calificó de “inaceptable” lo denunciado y dio a conocer que pidió que la Comisión de Ética aborde este caso.
“¡Inaceptable! He hablado con el presidente de la Comisión de Ética del Congreso para que asuman el caso. Por un asunto anterior —agresión a periodista— se votó una sanción, pero plantearon reconsideración. Hay complicidades inadmisibles”, expresó Rospigliosi.
Poco después, fue el propio presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara (Acción Popular), quien anunció que se promovería una denuncia de oficio respecto a este caso.
“Rechazo toda agresión o violencia: ningún parlamentario está por encima de la ley. Ante la denuncia del SAT Lima contra la congresista Kira Alcarraz por presuntos hechos en un operativo, promoveré denuncia de oficio conforme al art. 11 del Código de Ética”, manifestó.
Previo a ello, en diálogo con El Comercio, el parlamentario Héctor Ventura (Fuerza Popular), integrante de la Comisión de Ética, señaló que inmediatamente se debe iniciar de oficio una indagación y que sería oportuno que la propia congresista salga a explicar lo acontecido.
“Los congresistas y los altos funcionarios debemos tener posturas idóneas y comportamientos objetivos, serios, que obviamente requiere la investidura. Entonces, creo que es oportuno que la Comisión de Ética pueda valorar e iniciar una indagación de oficio respecto a esta nueva denuncia”, expresó.
No obstante, el Congreso se encuentra actualmente en receso parlamentario, por lo que la Comisión de Ética no sesionará hasta marzo. Ante ello, explicó que existe la posibilidad de que el presidente de dicho grupo convoque a una sesión extraordinaria, dada la magnitud del caso.
“Dada la situación de la presunta agresión al servidor público del SAT, creo que es importante que la congresista salga a aclarar este hecho y también es oportuno que la Comisión de Ética inicie las indagaciones preliminares y luego convocar a una sesión extraordinaria”, expresó Ventura en diálogo con este Diario.
Un caso más
De concretarse, la legisladora acumularía un segundo caso en trámite en la Comisión de Ética Parlamentaria. El pasado 1 de diciembre, dicho grupo aprobó —por mayoría— una denuncia de oficio en su contra por agraviar a una periodista a inicios de octubre, cuando esta la abordó para consultarle sobre la contratación de personal en su despacho como parte de un reportaje periodístico.
“Mira, si estuviera alterada, tenlo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”, expresó en ese entonces Alcarraz a la periodista.
Inicialmente, a inicios de noviembre, la legisladora fue blindada en ese grupo de trabajo, luego de que no se alcanzara la votación necesaria para iniciar la denuncia. Sin embargo, semanas después, en una segunda deliberación, se aprobó dar inicio a las diligencias preliminares.
La parlamentaria Kira Alcarraz ingresó al actual Congreso en 2021 con Somos Perú, donde incluso ostentó la vocería.
Sin embargo, en agosto del 2022, renunció a su bancada en medio de la reformulación de la Mesa Directiva. Posteriormente, se sumó a las filas de Podemos Perú, agrupación de la que también pasó a desvincularse.
