Luna Gálvez no es nuevo en los pasillos judiciales. Desde el 2018 viene afrontando investigaciones y procesos por presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos y corrupción, producto de los audios difundidos del Caso “Cuellos Blancos del Puerto”.
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Precisamente, de dicho caso se iniciaron dos expedientes. El denominado Caso ONPE, donde la fiscalía lo acusa por presuntos delitos de crimen organizado y cohecho activo específico. Aquí, la presunta finalidad criminal habría sido copar el sistema electoral a fin de inscribir su partido político Podemos por el Perú (PP) ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entre el 2016 y 2017.
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El segundo caso se vincula a los pagos y cesiones de derecho de publicación al exconsejero Iván Noguera del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (ex CNM, hoy Junta Nacional de Justicia), con la finalidad de que este lo ayude en el nombramiento del exjefe de ONPE, Carlos Castillo Meza.
Y, un tercer caso, por presunto delito de lavado de activos vinculado al desaparecido partido Solidaridad Nacional de Luis Castañeda Lossio y los presuntos aportes ilícitos que habría recibido y lavado a través de la Universidad Telesup.
Los hechos por los que es acusado son graves. Sin embargo, ha logrado tener una vida política larga en el Congreso de la República cargando con dichas imputaciones en su contra. Ahora busca la presidencia de la República e intensifica su campaña política en Andahuaylas, Huancavelica, Ayacucho, Ica y Lima.
“Están escuchando a un cholo, un huancavelicano, que le dice a la política: No ingreses a robar, ingresa a servir, ingresa a trascender y que tu familia se sienta orgullosa de tu apellido y de tu nombre.”
Sin embargo, José Luna Gálvez deberá hacer frente a otro proceso judicial. Esta vez, un Juez de la Especialidad de Extinción de Dominio ha ordenado levantar sus cuentas bancarias, las de su Universidad Telesup, y de otros requeridos. Todo ello, a pedido de la Fiscalía que se encuentra investigando bienes inmuebles y dinerarios que habrían sido parte de un flujo ilegal de dinero objetivo de diversos delitos cometidos por el hoy candidato presidencial de Podemos Perú (PP) desde hace 16 años.
El Comercio buscó la versión de Eduardo Barriga, abogado de José Luna, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.
Revisarán sus cuentas, transacciones, transferencias y pagos desde el 2009 al 2025
De acuerdo a diversos documentos judiciales a los que accedió El Comercio, la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima solicitó el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y reserva bursátil, por el período comprendido desde el 1 de enero del 2009 hasta el 22 de agosto del 2025.
El requerimiento forma parte de un proceso de extinción de dominio que inicialmente se abrió en contra de los bienes patrimoniales del desaparecido exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. Sin embargo, posterior a ello, la fiscalía sustentó su pedido señalando la existencia de diversos aportes a la campaña electoral del fallecido ex burgomaestre tanto de José Luna Gálvez, así como pagos de Telesup y aportes de las empresas Odebrecht y OAS que vienen siendo procesados en el sistema de anticorrupción y de lavado de activos.
Así, de dichos casos se desprendía que OAS habría entregado $480.000 y Odebrecht habría entregado $500.000.
Mientras que, reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señalaban que durante el período de marzo del 2011 a marzo del 2016, Castañeda también “canalizó a través de su cuenta” bancaria ingresos por el monto de S/ 1′759,800, y cobró algunos cheques por parte de la Universidad Privada de Telesup SAC, por el monto en total de S/256,600, “lo cual resulta particularmente sospechoso”, debido a que “dicha universidad es de propiedad de José León Luna Gálvez, persona que era financista de su campaña municipal y secretario general de su partido”.
Ante ello, el Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio señaló que de la revisión de los recaudos adjuntos al requerimiento fiscal formulado se advertía la existencia de una indagación patrimonial en curso, de acuerdo a Disposición Nro. 04 de fecha 31 de marzo del 2025, sobre siete bienes patrimoniales.
Estos bienes se distribuyen en 1 inmueble ubicado en la Urbanización Santa Constanza (Santiago de Surco) entregado como anticipo de legítima en 2016, 1 vehículo Nissan color gris entregado por sucesión intestada, 1 Vehículo Nissan color rojo, un monto de $480,000 entregados como aportes de OAS (2014), un monto de $500,000 entregados como aportes de Odebrecht (2014), otro monto de S/256.000 entregados por la Universidad Telesup y acciones y derechos de 1 inmueble ubicado en Chiclayo.
Con todo ello, la judicatura precisó en su resolución la existencia de elementos de convicción que permiten considerar de que los bienes materia de la indagación patrimonial, tendrían un vínculo con alguna de las causales de extinción de dominio; destacando que en esta etapa del proceso extintivo no se requiere prueba plena para la concesión de las medidas limitativas sino la alta probabilidad de tal vinculación.
En esa línea, explicó que en el caso se tienen como materia de indagación bienes patrimoniales respecto de los probables requeridos al fallecido Óscar Luis Castañeda Lossio, sus sucesores y Martín Marcial Bustamante Castro.
Respecto de José León Luna Gálvez, a la Universidad TELESUP SAC y otras cuatro personas naturales, si bien no se encuentran como personas requeridas en la presente indagación patrimonial, el juzgado aclaró que sí pueden ser objeto de afectación de derechos por estar inmersos en los presuntos actos ilícitos.
“Es cierto que el presente requerimiento puede aplicarse a ellos como familiares y allegados; así también, como las personas que habrían participado en las actividades ilícitas, ello a fin de determinar los ingresos y el destino del dinero maculado que habría recibido Oscar Luis Lossio Castañeda, dinero que podría haberse convertido en muebles o inmuebles.”
De acuerdo a la resolución judicial, la información que deberá recabarse, además de Luis Castañeda Lossio y otros, también deberá incluir a José Luna Gálvez y a la Universidad Privada Telesup SAC, desde un año antes de que el fallecido ex alcalde fuese candidato a la presidencia de la República de Perú hasta el 22 de agosto del 2025.
“Se solicita el Levantamiento de Secreto Bancario (de José Luna Gálvez), quien fue financista de la campaña municipal de Óscar Luis Castañeda Lossio y también era Secretario General del Partido de dicha persona. Cabe resaltar que dicha persona estuvo en las reuniones donde se le ofrecía realizar aportes para favorecer la campaña municipal de Castañeda Lossio, por lo que, es necesario verificar sus cuentas bancarias a fin de determinar los ingresos y el destino de este dinero maculado”, argumentó el juzgado de Extinción de Dominio.
Mientras que, en el caso de la persona jurídica Universidad Privada Telesup S.A.C, el juzgado explicó que su vinculación está relacionada a transacciones sospechosas (por el monto total de S/256.600), durante los años 2011 al 2016, a favor de Castañeda Lossio de acuerdo a lo informado por la UIF.
“Advirtiéndose que dichas transacciones se efectuaron a través de cheques y que el propietario de la citada universidad es la persona de José León Luna Gálvez, la cual era financista de su campaña municipal y secretario general de su partido, por lo que, es necesario verificar sus cuentas bancarias a fin de determinar los ingresos y el destino de este dinero maculado. Asimismo, es necesario obtener información detallada sobre sus declaraciones y movimientos financieros – tributarios y bursátiles”, indicó.
En conclusión, el Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio declaró “procedente” el Levantamiento del Secreto Bancario, de la Reserva Tributaria y de la Reserva Bursátil solicitado por la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima de 9 personas naturales, entre ellas José Luna Gálvez. Así como de la persona jurídica Universidad Privada Telesup S.A.C.
En el caso de estos dos últimos, se deberá remitir la información que comprende desde el 1 de enero del 2009 al 22 de agosto del 2025.
Por lo que se deberá oficiar a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones (SBS) para que requiera a todas las entidades bancarias que remitan información sobre las operaciones activas, pasivas y neutras; cuentas bancarias abiertas o cerradas, movimientos bancarios, bursátiles, cheques girados, créditos, cajas municipales, adquisición de acciones en el Mercado de Valores, u otras operaciones.
Si bien la resolución fue emitida a finales del 2025, el diciembre del año pasado la fiscalía realizó una corrección sobre el nombre de uno de los afectados, por lo que dicha corrección de forma -no de fondo- fue realizada por el juzgado el pasado 16 de enero del 2026.
Ello, señaló la magistratura, era posible puesto que es facultad del juez realizar corrección o aclaración del contenido (errores numéricos, ortográficos o puntos no resueltos) antes que la resolución cause ejecutoria (sea ejecutada), de oficio o a pedido de parte.
Audiencias en control de acusación en Caso ONPE y Caso Aportes
De otro lado, este viernes 30 de enero el juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación, tiene previsto realizar la audiencia de control de acusación en contra de José Luna Gálvez, por el denominado Caso ONPE.
En este proceso, la fiscalía ha solicitado 22 años y 8 meses de cárcel en contra del candidato presidencial de Podemos Perú (PP), al acusarlo por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico en agravio del Estado.
“La organización criminal está liderada (presuntamente) por el investigado José León Luna Gálvez (quien tiene una carrera política como congresista de la República) e integrada por 21 personas naturales y 2 personas jurídicas; adicional a ello 1 investigado sujeto a prerrogativa del antejuicio. La cual inició sus actividades ilícitas desde el mes de noviembre del 2014 , en la ciudad de Lima, hasta que se ordenó la detención de sus principales integrantes ocurrida en el año 2020, cuya finalidad era el ejercicio del poder político y económico.”
Al momento de contestar la acusación, José Luna Gálvez -a través de su abogado Eduardo Barriga- rechazó las imputaciones en su contra y aseguró que las afirmaciones y los elementos de convicción que sustentan la acusación por el delito de Organización Criminal y Cohecho Activo Especifico, “no son suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento”. Por ello, solicitó el “sobreseimiento” del caso, es decir el archivo del mismo.
Gálvez también formuló una “objeción” contra la reparación civil solicitada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la misma que solicitó S/ 11’700,000. Siendo S/10´000,000 por el presunto delito de Organización Criminal y S/1´700,000 por el supuesto delito de Cohecho Activo Especifico.
En la investigación por presuntos aportes ilícitos, José Luna Gálvez ha interpuesto diversos recursos que buscan anular la investigación por el presunto delito de lavado de activos, por la presunta recepción y lavado de dinero maculado de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht.
De acuerdo a diversas resoluciones, Luna Gálvez ha solicitado la “suspensión inmediata de la acción penal” en su contra. Sobre dicho pedido, el Ministerio Público ha requerido que este sea declarado improcedente.
La audiencia de este pedido se ha previsto para el martes 8 de abril de este año.
El pasado 15 de enero, Luna Gálvez también interpuso un recurso de “excepción de improcedencia de acción” buscando el archivo de su proceso al señalar que no existió acto ilegal en posibles aportes en la época en que se habrían cometido los hechos. Además, ha planteado dos tutelas de derechos cuestionando el proceso en su contra por el caso “Aportes”.
Los tres últimos recursos serán analizados en sendas audiencias a realizarse en marzo próximo.
JOSÉ LUNA GÁLVEZ
ANTE EL TC
El candidato presidencial, José Luna Gálvez, también ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) para anular sus tres procesos vinculados a los casos “Onpe”, “Aportes” y “Pagos a ex consejeros del exCNM”.
El caso llegó al TC luego de que en agosto del 2025, el Poder Judicial (PJ) anuló una resolución que había ordenado archivar los tres casos, al declarar fundado un recurso de amparo.
La Sala Constitucional revocó dicho fallo y dispuso que los tres casos continúen procesándose.
Ahora, el caso de Luna Gálvez será visto por el Pleno del TC, aunque hasta el momento no se ha señalado fecha para la audiencia de sustentación.
