La superintendencia de Migraciones dispuso la expulsión de la activista venezolana Paulina Facchin, quien llegó al Perú hace once años huyendo del régimen chavista.
“A pesar de que el proceso está judicializado, de que existe el Pacto de San José de Costa Rica del cual el Perú es parte, que en su artículo 22 establece que no se puede devolver a un ciudadano extranjero al país donde corre riesgo, se me notifica el día de ayer (jueves) esta resolución que indica mi expulsión y la prohibición de ingreso al Perú por quince años”, manifestó la abogada Paulina Facchin a Clara Elvira Ospina, de Epicentro TV.
También refirió que la resolución de la Superintendencia de Migraciones instruye a la Policía Nacional a que ejecute el fallo, lo que significa que la pueden capturar en cualquier momento para ser entregada al régimen de Nicolás Maduro, con los riesgos que eso significa para ella.
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Sobre esta expulsión, Facchin dijo que el Gobierno venezolano desde hace mucho ha estado tratando de lograr su expulsión por diferentes medios para apresarla y tenerla como una nueva presa política.
Activista venezolana lleva viviendo en el Perú desde 2014, año que huyó de su país. Foto: difusión.
Contó que ha estado sufriendo persecución sistemática a través de la embajada de su país, así como amenazas y procesos entablados en Venezuela. Relató que al estar tanto tiempo en Perú con su familia, donde ha estado brindando sus servicios profesionales, en el 2018 decidió solicitar su nacionalización. Desde entonces se abrió un proceso “al mismo estilo chavista”.
En agosto del 2020 recibió una notificación en la que le denegaban la solicitud de nacionalización por insolvencia moral, hecho que no entendía al considerarse una defensora de derechos humanos.
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Según Facchin, se han violado sus derechos, y cuando terminó este proceso se le inició otro sobre el mismo delito, algo que viola tratados internacionales. Ella consideró que los gobiernos similares al régimen de Maduro o que se identifican con el socialismo del siglo XXI empiezan este tipo de persecuciones. La activista informó además que su abogado acaba de presentar un habeas corpus para solicitar que se suspenda su expulsión del país.
La gestión actual de Migraciones informó que espera la interposición de los recursos administrativos reconocidos por ley para revisar el caso; garantiza además el respeto de los tratados sobre derechos humanos de los que el Perú es parte.