Ollanta Humala y Nadine Heredia serán sentenciados: ¿por qué su caso es clave para el futuro de Lava Jato y qué pruebas presentó fiscalía?

Luego de una investigación que inició hace una década y de un juicio que se extendió por más de tres años, el caso del expresidente Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia, llega a su conclusión este martes.

El Poder Judicial emitirá ese día su decisión, en primera instancia, sobre la acusación por lavado de activos contra la pareja por presuntos aportes ilícitos que habría recibido el Partido Nacionalista en las campañas del 2006 y 2011: podría ser una sentencia de condena o de absolución.

La sentencia que dictará el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, bajo la dirección de la jueza Nayko Coronado, no solo será trascendente porque decidirá si un nuevo expresidente peruano es declarado culpable por la justicia nacional. También será la primera en pronunciarse respecto a si presuntos aportes no declarados a campañas presidenciales constituyeron actos de lavado de dinero.

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El Caso Lava Jato en el Perú ya tiene sentencias por corrupción referidas a presuntos pagos ilícitos a exfuncionarios, entre las que destaca la del expresidente Alejandro Toledo por las coimas de la constuctora brasileña Odebrecht por la Carretera Interoceánica Sur. No obstante, la de Ollanta Humala será la primera que aborde otro tipo de acusaciones: las de lavado de dinero por presuntos aportes de campañas.

De acuerdo con la acusación del fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, la campaña nacionalista del 2006 recibió dinero de origen ilícito del Gobierno Venezuela. Además, la imputación sostiene que la campaña del 2011 -que acabó con Ollanta Humala ganando la presidencia -recibió , del presidente brasileño, Lula da Silva.

El Ministerio Público pide 20 años de prisión para Ollanta Humala y 26 años y medio para Nadine Heredia. Hay otras ocho personas también acusadas por lavado de activos en este caso, para las que se piden penas que van de ocho hasta 26 años y medio de condena. Además, se solicitó la disolución del Partido Nacionalista y la empresa Todo Graph. Por su parte, la Procuraduría contra el Lavado de Activos requiere el pago de una reparación civil de S/ 20 millones.

Las penas solicitadas por la fiscalía:

Las defensas de Ollanta Humala y Nadine Heredia rechazan que las campañas del nacionalismo hayan llegado ese dinero desde Venezuela o Brasil. Más allá de eso, también rechazan que -en el supuesto negado de que hubiesen recibido esos montos- ello constituya el delito de lavado de activos. Para los abogados, la fiscalía no logró probar nada de ello: ni la entrega ni el origen ilícito.

Allí estará el aspecto clave de la sentencia: además de establecerse si ese dinero fue recibido o no por las campañas nacionalista, se definirá si ello constituyó lavado de activos. Para ello, nolo se debió lograr establecer durante el juicio no solo la entrega de ese dinero, sino también su presunto origen ilícito y posteriores actos para ocultar su procedencia. Para la fiscalía, todo ello sí pudo ser probado.

Los efectos de esta sentencia apuntan a repercutir en casos similares en los que el Equipo Especial Lava Jato acusa a excandidatos o exfuncionarios por presuntos aportes de constructoras brasileñas a sus campañas. Entre estos están Keiko Fujimori y la acusación por el Caso Cocteles y la exalcaldesa limeña Susana Villarán y el caso del No a la Revocatoria. También se investigan aportes relacionados a campañas del PPC, el Apra, Perú Posible y Peruanos por el Kambio.

“Esta sentencia definitivamente va a marcar el derrotero de todos los demás casos. No porque los demás jueces se vinculen a esta decisión, sino porque ya va a haber una línea interpretativa, judicial, de lo que se considera lavado de activos o no. Yo creo que ese es el punto medular”, comenta a El Comercio el abogado penalista Andy Carrión. “Diría que es la sentencia más importante para este Equipo Especial Lava Jato, que se conformó a partir del tema de los financiamientos”.

Por su complejidad y por no tener precedentes, el penalista consideró que es “muy complejo” anticipar si la sentencia será de condena o de absolución para el expresidente y su esposa. No obstante, consideró que es más probable que se una eventual condena sea por los presuntos aportes de Odebrecht y no por lo referido a los aportes desde Venezuela, que considera el aspecto “más débil” de la acusación.

“En ese tema (de Brasil) me animaría a decir que podría haber una sentencia condenatoria”, opinó el abogado. “Creo que sí han recibido ese financiamiento, pero la discusión va a estar en si ese financiamiento puede atribuirse a título de lavado de activos o de financiamiento ilícito de campañas políticas. Allí me animo a pensar que sí podría ameritar una sentencia condenatoria, al menos respecto a estos hechos”.

El penalista también indicó que incluso si se dicta una condena en primera instancia contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, el juzgado podría optar por suspender su ejecución para al menos uno de ellos. Es decir, podría disponer que solo sean internados en un penal si la decisión se confirma en segunda instancia. Ello al considerar hechos como que ambos son padres de un hijo menor de edad y que no se trata de un delito violento.

Para el exprocurador Antonio Maldonado, la fiscalía sí logró probar “las imputaciones formuladas en contra de los acusados”. “En consecuencia, estos deberían ser severamente condenados, como un mensaje de la justicia en virtud del cumplimiento de las finalidades preventivo generales y preventivo especiales del Derecho penal”, dijo a El Comercio.

“Una de las explicaciones más burdas que he escuchado de sus defensores políticos es que este proceso es una persecución política. También he escuchado a su actual abogado defensor y su ministro del interior decir que los ministros no advirtieron de éstas conductas ilegales. ¿Cuando, desde al menos de recuperación de la democracia, a finales de los 2000, algún gabinete de ministros ha tenido la conciencia o la decencia de denunciar la conducta inmoral y delictiva de algún presidente, sea éste Toledo, García, Humala o Kucksynski?“, cuestionó.

El jurista consideró que la trascendencia de esta sentencia sobrepasa lo judicial y también alcanza a lo político. “El principio ético político democrático es que el fin no justifica los medios, es decir, que la competencia política en democracia exige a los actores políticos a jugar limpio. No se justifica, en nombre de su ideario o programa político, recibir fondos o dinero no regulado y menos, una vez éstos recibidos, incurrir en procedimientos de ocultamiento , transferencia y conversión”, dijo.

“Proponer un programa de reformas políticas, a pesar de ser éstas esperadas y necesarias, no justifica recibir dinero de Hugo Chávez ni de Odebrecht, por encargo del partido de los Trabajadores del Brasil por orden de Lula da Silva”, opinó. “En lo jurídico -penal la trascendencia es también significativa, pues cuando una conducta incurre en lo típico, antijurídico y culpable, desde lo tipificado y sancionado por el ordenamiento jurídico penal, debe ser castigado, y en virtud del principio de igualdad ante la ley y de la lucha contra la impunidad del delito, aunque este sea cometido por un candidato, y su esposa, que luego logra la presidencia”.

Un caso que ha durado una década

El camino para llegar a esta sentencia ha sido largo, complejo y ha atravesado distintas coyunturas políticas y judiciales. Ese camino ha demorado una década en llegar hasta la sentencia.

La investigación que hoy está por derivar en una sentencia se remonta a inicios del 2015, cuando Ollanta Humala aún era presidente. Sin embargo, recién tomó fuerza a mediados de ese año, cuando fue asumida por el fiscal provincial Germán Juárez Atoche, bajo la coordinación del fiscal superior Rafael Vela como jefe de las Fiscalías contra el Lavado de Activos.

Inicialmente, la investigación solo incluyó a Nadine Heredia, por entonces primera dama y una de las personas más poderosas del país, con los escritos hallados en sus agendas como un elemento clave. Luego de que Ollanta Humala dejó Palacio de Gobierno, él también fue incluido como el otro principal investigado de la trama.

El estallido del caso Odebrecht a fines del 2016 y el acceso a las declaraciones de sus exdirectivos Marcelo Odebrecht y Jorge Barata sobre el presunto aporte de US$ 3 millones al Partido Nacionalista fortalecieron el caso.

En ese contexto, a mediados del 2017, la fiscalía obtuvo órdenes de prisión preventiva contra la pareja a nivel de jueces de primera y segunda instancia, con el posterior visto bueno de la propia Corte Suprema. En abril del 2018, sin embargo, ambos fueron liberados por orden del Tribunal Constitucional.

La investigación fiscal continuó y concluyó en mayo del 2019. Ese mes se presentó formalmente la acusación del caso, la misma que hoy está por motivar una sentencia. No obstante, antes de llegar a juicio, el caso atravesó una compleja fase de control de acusación hasta fines del 2021.

Así, el juzgamiento recién comenzó el 21 de febrero del 2022. La evaluación de las pruebas por parte del juzgado comenzó en abril de ese año con las declaraciones de los testigos y peritos, fase que duró hasta enero del 2024. Al mes siguiente se inició la evaluación de las pruebas documentales, que se extendió hasta agosto pasado.

De agosto hasta noviembre se analizaron un último grupo de pruebas adicionales y en noviembre se entró a la recta final con las declaraciones de los acusados, entre ellos Ollanta Humala. Esa fase se extendió más de lo esperado luego de que el acusado Martín Belaunde Lossio revelara que acababa de ser sentenciado como colaborador eficaz y pasó a ser solo un testigo del caso.

Posteriormente, la fiscalía y la procuraduría realizaron sus alegatos finales en enero pasado y las defensas hicieron lo propio entre febrero y marzo. Finalmente, entre marzo y abril, los acusados, encabezados por Ollanta Humala y Nadine Heredia, dieron sus últimas palabras antes de conocer la sentencia, que fue programada para este martes 15 de abril.

La propia jueza Nayko Coronado indicó que se tratará de una sentencia compleja por la gran cantidad de información que han recibido durante los más de tres años de juicio. Como directora de debates del juzgamiento, es ella quien propone la sentencia del caso a sus compañeros del colegiado, los magistrados Max Vengoa y Juaan Caballero, quienes pueden coincidir o votar distinto. Así, la sentencia puede ser unánime o por mayoría.

Las pruebas en el juicio

A lo largo del juicio, la fiscalía presentó testimonios y documentos para probar los distintos aspectos de su acusación. En lo referido a los presuntos aportes de Venezuela, el fiscal Germán Juárez dijo en sus alegatos finales que “existe una cuantiosa cantidad de indicios que llegan a establecer que vino dinero, a través de valijas diplomáticas y de la empresa Kaysamak, vinculado al gobierno venezolano, para apoyar la campaña del hoy acusado Ollanta Humala”.

Entre esas pruebas actuadas, destacó distintas declaraciones, registros migratorios y registros de llamadas que acreditaron los contactos de Ollanta Humala y Nadine Heredia con Hugo Chávez y el Gobierno de Venezuela, que se remontan al 2005. En cuanto al envío de dinero por valijas, están los testimonios como los de los excongresistas nacionalistas Álvaro Gutiérrez y Gustavo Espinoza, el propio Martín Belaunde Lossio o el empresario Juan Carlos Rivera Idrogo ‘Chocherín’, sobre estas presuntas entregas a través de Virly Torres, funcionaria de la embajada venezolana.

Beluande Lossio dijo, en su declaración como testigo, que durante la campaña del 2006 fue a la embajada de Venezuela en Lima y también a la casa de Virly Torres, exfuncionaria del régimen chavista, para recoger dinero que venía de Caracas a fin de solventar la primera campaña presidencial de Humala.

“[En la embajada] me estaban esperando, caminé todo el pasadizo y me recibió el personal de prensa y también estaba Virly Torres, ella me entregó una mochila y me retiré. En el carro, antes de bajar al [local del] partido vi que había dinero y se lo entregué a la señora Nadine Heredia. Ella fue la que me pidió que vaya a recoger este dinero”, manifestó sobre la primera entrega.

Respecto a la segunda, sostuvo que se dio en el departamento de Torres, en San Isidro. Añadió que aquella vez lo acompañó Juan Carlos Rivera, quien se encargaba de la pauta publicitaria de la campaña: “Le dije que aproveche y que me jale [al partido], porque la plata era para él. En esa oportunidad no vi el dinero, se lo entregué a Nadine Heredia y ella pasó a la oficina de Ilan Heredia, hicieron pasar a Rivera y él salió con dinero para pagar la pauta publicitaria del partido en diferentes medios de comunicación”.

El fiscal Juárez también se refirió a las declaraciones del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Consejo de Ministros durante la campaña del 2026, y del entonces mandatario Alejandro Toledo. Ambos indicaron que tenían conocimiento, por informes de inteligencia, que estaba llegando dinero desde Venezuela.

Por otro lado, sostuvo que ese dinero no era de origen lícito. “No es que sale del bolsillo de Hugo Chávez, sino que sale de las arcas del gobierno venezolano. Por la fuerte cantidad, se presume que era un dinero ilícito, por la forma encubierta en la que vino”, dijo el fiscal Juárez.

Sobre este punto, Belaunde Lossio refirió que el origen del dinero era el pago de sobornos que realizaban empresarios venezolanos al régimen de Hugo Chávez para obtener contratos con la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Esto según lo que le contó Virly Torres.

“Este dinero era [entregado] por empresarios venezolanos por contratos que ganaban en la PDVSA, y una parte lo enviaban aquí [al Perú]. Evidentemente, era una coima”, subrayó. Según explicó, el régimen chavista entregó licitaciones a favor de empresarios amigos y como contraprestación “les pedían una parte de sus utilidades como coima”. “Y una parte la enviaban al Perú para financiar a un partido con ideología cercana”, complementó.

El empresario indicó que una de las compañías que habría pagado sobornos al chavismo fue Petrotulsa. “Respecto a eso, a la ilicitud del dinero, eso me lo decía Virly Torres, y yo con mi experiencia de hacer política y empresa y en todo el contexto, trató de corroborarlo, el dinero era ilícito, nadie trae a escondidas dinero lícito”, declaró.

De acuerdo con el Ministerio Público, ese dinero fue introducido al sistema bancario peruano “para cubrir gastos de la campaña electoral, como es la publicidad, pasajes, mítines, etc”. Para ello, se presentaron testimonios y documentos sobre cómo se manejaron las finanzas en la campaña nacionalista del 2006, y advirtió un desbalance entre sus reportes de ingresos y de gastos.

También indicó que un total de 59 personas negaron durante el juicio haber dado aportes de campaña que figuraban a su nombre, mientras que otros indicaron que dieron menos de lo que fue declarado ante la ONPE. “Haciendo el cálculo de los apartes negados, estos suman S/ 1 millón 387 mil 400″, precisó.

“Está acreditado que se dio una apariencia de legalidad a ese dinero maculado que vino del gobierno venezolano a través de valijas diplomáticas y Kaysamaq, dándole esa apariencia legal con aportantes ficticios”, sostuvo el fiscal. “Nunca transparentaron ese dinero. Ellos pidieron a otros que abran cuentas: Rocío Calderón y Antonia Alarcón. [El dinero] vino de una manera subrepticia (…) ¿Por qué se le dio apariencia de legalidad con aportantes simulados y contratos ficticios? Porque sabían que era dinero maculado”, dijo Juárez.

En cuanto al presunto aporte de Odebrecht, el fiscal aseguró en su alegato que “está acreditado que el Partido de los Trabajadores, a través del exministro brasileño Antonio Palocci, apoyó económicamente la candidatura presidencial de Ollanta Humala con 4 millones 800 mil reales, que al tipo de cambio eran aproximadamente 3 millones de dólares”.

Para el fiscal, esto se acreditó con pruebas como los testimonios de los exejecutivos de Odebrecht: Marcelo Odebrecht (ex CEO), Jorge Barata (exjefe de la constructora en Perú) y Luiz Antonio Mameri (exjefe para Latinoamérica). Si bien fueron impedidos de presentarse en el juicio por la justicia de su país, se leyeron sus declaraciones previas, tal como ocurrió en el juicio de Alejandro Toledo.

Juárez destacó que Marcelo Odebrecht contó que se le pidió ese apoyo por la “proximidad ideológica” entre Ollanta Humala y el presidente brasileño Lula de Silva, y que se debía descontar de un monto que ya tenía la constructora a favor del PT. El fiscal se refirió a esta como una “planilla corrupta” que tenía ese partido en Odebrecht.

En su declaración leída durante el juicio, Marcelo Odebrecht dijo que “no podría decir si realmente la iniciativa vino realmente de Lula por una cuestión ideológica o si la gente del PT se movió para conseguir el apoyo”. “Lo único es que yo recibí ese pedido del ministro Paloschi para que apoyáramos la campaña de Ollanta Humala con US$ 3 millones”.

Añadió que recién conoció a Ollanta Humala y Nadine Heredia en un viaje que hicieron a Brasil luego de ganar esas elecciones, antes de asumir el cargo. Además, consideró que un factor detrás del apoyo al nacionalismo fue que “dos figuras del PT estaban involucradas en la campaña”: los publicistas Luis Favre y Valdemir Garreta.

“Visitaron a Lula, agradecieron el apoyo […] En mi casa tuvimos una cena, conocí allí al presidente Humala y su esposa Nadine. Ellos agradecieron el apoyo que les habíamos dado. No sabría decir cómo se realizó el apoyo ni de qué modo, cómo fue contabilizado en el Perú, eso solo Barata lo puede decir”, declaró. “Sí hubo [un reconocimiento expreso del apoyo]. No se habló de cuál era el monto […] la visita tenía por objeto agradecer el apoyo”.

El fiscal Juárez agregó en su alegato final que otros tres testigos brasileños indicaron, en sus declaraciones previas, que un directivo del PT los contactó para dirigir la campaña del futuro mandatario peruano. Sin embargo, ese rol finalmente recaería en el publicista Valdemir Garreta, de acuerdo con la tesis fiscal.

“Esta acreditado en juicio que fue a través de la División de Operaciones Estructuradas, contabilidad paralela de la empresa Odebrecht, que se canalizaron los 3 millones de dólares para financiar la candidatura de Ollanta Humala”, afirmó el integrante del Equipo Especial Lava Jato. “Queda acreditado que la División de Operaciones Estructuradas, la contabilidad paralela que manejaba Odebrecht, era una división que manejaba dinero ilícito”.

La primera parte de los US$ 3 millones habría sido pagado directamente al publicista Valdemir Garreta, mientras que otra habría sido entregada directamente a la acusada Nadine Heredia por parte de Jorge Barata, en reuniones en un departamento del entonces candidato nacionalista en el distrito limeño de Miraflores.

“Está probado que parte del dinero maculado que recibía Jorge Barata, proveniente de la División de Operaciones Estructuradas, fue entregado por este a la acusada Nadine Heredia, en diversas entregas clandestinas que se realizaron en el inmueble de calle Armendáriz, de propiedad de Ollanta Humala”.

El fiscal puso énfasis en el testimonio brindado por Jorge Barata durante la etapa de investigación de este caso, remarcando que “el ha manifestado que entregó personalmente a Nadine Heredia la suma de US$ 2 millones, aproximadamente, repartidas en diversas armadas”.

En su propia declaración leída dentro del juicio, Jorge Barata corroboró que “hemos entregado recursos para el señor Ollanta Humala, para la señora Nadine [Heredia] más precisamente, para la campaña del 2011 para presidente. Hemos entregado eso a orden del señor Marcelo Odebrecht”.

También relató que conversó con el publicista Valdemir Garreta sobre ese aporte y sobre la campaña publicitaria del entonces candidato nacionalista. Se refirió a él como “el gestor de todo este proceso de campaña”. “Mi entendimiento era que todos los recursos iban a ser a través del señor Garreta. Ese era el papel de él”. Los pagos, precisó, se realizaron entre octubre del 2010 y mayo del 2011.

Sin embargo, añadió que luego la propia Nadine Heredia lo llamó para decir que deje de pagarle a Garreta en Brasil, sino que necesitaba los recursos en Perú para “mandar a la gente a viajar a provincias, hacer campañas regionales”. Para esto, el dinero le era enviado desde Brasil a través de personas hasta su oficina en Lima y él le “iba a entregar a Nadine Heredia” personalmente. “Cuando recibía el recurso, la llamaba […] Las entregas a la señora Nadine las hice yo”.

“Estimo que ella [Nadine Heredia] llevaba el control de lo que estaba recibiendo el señor Garreta en brasil. Se habían pagado 700, 800 mil dólares. Y que a partir de ahí iba a ser pagado en Perú”.

En cuanto a los presuntos actos de lavado de ese dinero, el fiscal apuntó que un informe pericial reveló que la campaña nacionalista del 2011 reportó ingresos de 19 millones de soles y gastos de 24 millones: “Se determinó un desbalance patrimonial de S/ 4 millones 957 mil 590. Se revela una notoria inconsistencia entre ingresos y gastos”.

También recoardó que decenas de personas que figuran como aportantes de esa campaña negaron haber dado dinero o precisaron que dieron un monto menor a lo que les consignaron ante la ONPE. “Ascienden a un total de 4 millones 738 mil 375 nuevos soles: tanto los aportes negados como aportes en los que los testigos declararon que habían aportado menos. Ese es el monto que se le dio apariencia de legalidad para evitar la identificación de ese dinero maculado”.

Finalmente, remarcó que se buscó “evitar la identificación” de ese dinero, que le “dieron apariencia de legalidad con aportantes falsos”, y que se buscó acreditar supuestos gastos de campañas con “meras declaraciones juradas, no con documentos sustentatorios, justamente porque no podían acreditar lo que había venido de manera clandestina”.

La postura de las defensas

Para el abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, estas pruebas presentadas por la fiscalía no son suficientes para una condena contra el expresidente. Durante sus alegato final, el defensor pidió su absolución y alegró que “la actuación probatoria ofrecida por el Ministerio Público y actuada en este juicio oral, resulta insuficiente, tanto para la campaña del 2006 como del 2011″.

“El Ministerio Público actuó medios probatorios que, en ocasiones, con manifiesta errada interpretación de lo que estaba presentando, tienen contenido irrelevante, medias verdades, información falsa introducida por personajes con prontuario policial y judicial, y que tienen una notoria animadversión hacia mi patrocinado (…) (Esto) supone una notoria insuficiencia probatoria, que no permite remontar el principio de inocencia al que tiene derecho mi patrocinado”, dijo.

En cuanto los presuntos aportes del Gobierno de Venezuela a la campaña del 2006, aseguró que “no existe prueba actuada en juicio que permita corroborar la hipótesis de que el señor Hugo Chávez habría sustraído dinero del tesoro público venezolano y que ese dinero haya sido entregado a Ollanta Humala para financiar su campaña del 2006”.

También enfatizó que “no existe el delito previo, no hubo un delito fuente” respecto a los presuntos aportes venezolanos en esa campaña. En cuanto al supuesto dinero en valijas, afirmó que en el juicio no se logró confirmar esa versión. “Los testigos han dicho lo mismo: nunca tuvieron certeza de que hubiera valijas diplomáticas con dinero venezolano para la campaña de mi patrocinado”, afirmó.

Sobre el supuesto aporte de Odebrecht en el 2011,alegó que tampoco se pudo probar la “supuesta entrega de aportes para la campaña del 2011 del señor Jorge Barata a la señora Nadine Heredia”. “Es manifiesta la ausencia de elementos de corroboración y manifiesta la ausencia de una operación estructurada que sustente el circuito a través del cual habría llegado ese dinero”.

El abogado atacó principalmente al testimonio de Jorge Barata. Alegó que este admitió que no llevó un registro de las supuestas entregas y sostuvo que “no hay testigos que corroboren” que le dio dinero personalmente a Nadine Heredia.

“El Ministerio Público no ha acreditado cómo llegaba ese dinero al país, no ha confirmado si realmente ese dinero llegaba (…) No existe una ruta del dinero que haga verosímil la llegada de ese recurso. La versión del señor Barata es solitaria: nadie ratifica que él entregó dinero a Valdemir Garreta en Brasil y nadie respalda la entrega de dinero a la señora Heredia en Lima“, afirmó.

Pese a negar la recepción de ese dinero el abogado también afirmó que, “siguiendo la lógica de la acusación fiscal”, Ollanta Humala y Nadine Heredia “no estaban en condiciones de presumir, razonablemente, que Odebrecht manejaba recursos de origen ilegal”. “En el 2011, nadie en nuestro país estaba en condiciones de saber o presumir que Odebrecht manejaba dinero maculado, de suponer que manejaba una ‘Caja 2′“, dijo.

La propia Nadine Heredia tomó la palabra en el juicio, el pasado 2 de abril, para dar su última palabra antes de la sentencia. Ese día, en línea con lo alegado por su abogado, sostuvo que nunca recibió “dinero del gobierno de Chávez en Venezuela ni del presidente Lula en Brasil, o de alguna empresa brasileña. En esta investigación se ha logrado probar que no existieron valijas diplomáticas transportando dinero para la elección del 2006 o del 2011”.

“No existe ninguna evidencia objetiva que lo acredite, más allá de los chismes vertidos en medios de comunicación, y ante este juicio, por personas de marcada hostilidad contra mí y contra mi esposo. No existe desbalance patrimonial, lo que ha existido, y ustedes mismos han podido ver, es un pésimo análisis pericial de la fiscalía”, añadió.

Con todos los testimonios, documentos, declaraciones y alegatos sobre la mesa, por delante solo queda una cosa: que los jueces emitan su veredicto y declaren culpables o inocentes a Ollanta Humala y a Nadine Heredia.