La labor de la Comisión de Fiscalización del Congreso siempre ha dependido de la fortaleza de las bancadas opositoras. En el actual gobierno de Dina Boluarte, la nula labor fiscalizadora desde el Parlamento radica precisamente en que no tenemos grupos parlamentarios con interés de ejercer control político. Esta suerte de oficialismo encubierto es cada vez más notorio en momentos en los que el discurso suena opositor, pero las votaciones saben a oficialistas.
El caso más reciente es la negativa del pleno a otorgar facultades a la Comisión de Fiscalización para investigar el Caso ‘Cofre’ que involucra la fuga de Vladimir Cerrón y cuya trama implica a la misma presidenta de la República. El cuadro de votación pone todo el peso del blindaje en las bancadas del bloque de derecha y las denominadas ‘surfistas’: Fuerza Popular, APP, Podemos Perú, Acción Popular y Somos Perú.
De las bancadas antes mencionadas, el partido de César Acuña es el más llamativo. Sin pudor alguno, APP votó en contra (ocho de sus 14 miembros). Las demás optaron –en su mayoría– por la abstención.
Mientras que el caso de Podemos Perú es particular: pese a que su congresista Juan Burgos preside la Comisión de Fiscalización, solo tres (de 13) votaron a favor y una congresista se abstuvo. Es decir, nueve legisladores se desaparecieron. La legisladora que se abstuvo, Kira Alcarraz, estuvo en Palacio de Gobierno un día antes, según imágenes publicadas en la cuenta de X de la Presidencia del Perú.
Avanza País y Renovación Popular son las únicas bancadas del bloque de derecha que no están dispuestas a cargar con los pasivos del Gobierno, sobre todo ante la proximidad del período electoral. Han marcado distancia con las propuestas de vacancia bajo el argumento de la necesidad de estabilidad, pero se han mostrado a favor del uso de herramientas de control político. La legisladora Norma Yarrow ya viene impulsando una moción de interpelación contra el ministro de Justicia.
La prueba de fuego sigue siendo el caso del Ministerio del Interior, donde la mayoría de las bancadas se han puesto de costado ante los cuestionamientos frente al titular del sector, Juan José Santiváñez. Pese a todas las denuncias, la mayoría ha decidido no tomar mayores acciones de fiscalización.
Es difícil pensar que la situación vaya a cambiar en lo que resta del año. Lo más probable es que el blindaje se mantenga al menos hasta un año antes de finalizar el actual mandato, en julio del 2025 (cuando ya no se pueda cerrar el Congreso). Solo el período electoral podrá romper esta sinergia que bloquea la fiscalización legislativa que, en años anteriores, logró poner luz sobre actos desmedidos del Gobierno. Parece lejano el tiempo en el que teníamos bancadas opositoras y congresistas con ganas de priorizar el perfil fiscalizador.
Lo más peligroso de la actual situación es que se ha demostrado que, con pocos incentivos, se puede conseguir bancadas oficialistas encubiertas.
