Mañana se elegirán a las autoridades responsables de gestionar servicios básicos como el agua, la disposición de la basura y las carreteras. Las brechas en estos servicios reflejan las debilidades de las gestiones subnacionales. Por ello, conviene conocer los principales retos que heredarán para elegir informadamente candidatos capaces de superarlos.
Mañana se elegirán a las autoridades responsables de gestionar servicios básicos como el agua, la disposición de la basura y las carreteras. Las brechas en estos servicios reflejan las debilidades de las gestiones subnacionales. Por ello, conviene conocer los principales retos que heredarán para elegir informadamente candidatos capaces de superarlos.
El servicio de agua recae sobre todo en los gobiernos locales, a través de las EPS municipales (48 de las 50 EPS lo son). Los gobiernos regionales, por su parte, coordinan o financian inversiones en agua y saneamiento. Según el Censo 2025, en 15 regiones más de la mitad de la población no accede a agua por red pública o pilón, o la recibe 12 horas al día o menos. En total, se contabilizan 14,8 millones de personas afectadas.
Parte del problema está en la operación de las EPS. Al 2025, en 37 EPS más del 30% del agua producida no se factura por pérdidas físicas y conexiones clandestinas, según la Sunass. Además, en 22 de ellas, la proporción de conexiones sin medidor supera el promedio nacional (22,9%). El caso más grave es la unidad ejecutora de Tumbes (administrada por OTASS): no factura el 75% del agua que produce y el 71% de sus conexiones no tiene medidor. Esto limita sus ingresos para operar y mantener la infraestructura.
El manejo de residuos sólidos, a cargo de las municipalidades, también muestra deficiencias. Al 2024, 7,3 millones de personas —el 21,7% de la población— vivían en un distrito cuya municipalidad no disponía su basura en rellenos sanitarios ni la reciclaba, según el Renamu. En Huánuco (48,9%), Amazonas (47,4%) y Ucayali (47,2%), casi la mitad de su población se encuentra en esa condición.
Los gobiernos subnacionales también gestionan las redes viales departamentales y vecinales, pero en 14 regiones más del 70% de esas vías está en condiciones inadecuadas, según el MEF. El problema no es la falta de recursos. Entre 2016 y 2025, el presupuesto subnacional en la función transporte aumentó 61% en términos reales, alcanzando S/ 14.804 millones. Pese a ello, la satisfacción con las carreteras cayó de 44% a 31% en el mismo periodo, según Ipsos.
Las nuevas autoridades heredarán brechas no solo viales, sino en agua y manejo de residuos.
FOTOS: MIGUEL BELLIDO/EL COMERCIO.
/ MIGUEL BELLIDO
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Una de las causas es la acumulación de obras inconclusas. Al 2025, 11.581 proyectos viales de los gobiernos regionales y locales estaban abandonados o paralizados, según cálculos del IPE. Estos suman S/ 5.193 millones y representan el 60% de los proyectos en curso de la función transporte. Las municipalidades de la provincia de Lima concentran la mayor cantidad de obras viales paralizadas o abandonadas (1.019, por S/ 757 millones), seguidos de las de la región Áncash (823) y Junín (778). A ello contribuye el débil seguimiento de las inversiones. Al segundo trimestre de 2026, los gobiernos subnacionales solo cumplían con reportar información de avance y culminación actualizada para el 11,3% de sus proyectos de inversión.
Cerrar estas brechas exige también reducir los riesgos de mal manejo de dinero público y corrupción, identificados en el Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS) 2026 del IPE. Uno de ellos es la baja competencia en las contrataciones públicas. En 2025, el 35% de los procesos de selección en adjudicaciones de los gobiernos regionales y locales tuvo un solo postor, lo que reduce la posibilidad de obtener mejores precios y puede sugerir la existencia de requisitos hechos a la medida. Además, en 15 regiones, esta proporción aumentó respecto a 2019.
Otro riesgo es la concentración del gasto a fin de año. En diciembre de 2025, los gobiernos subnacionales ejecutaron el 16,7% de su gasto anual en bienes, servicios y activos no financieros, el doble de lo que correspondería si el gasto fuera uniforme todos los meses (8,3%). Esto aumenta la posibilidad de sobreprecios.
Las nuevas gestiones deben promover más competencia en las contrataciones y planificar mejor el gasto a lo largo del año, sin que el control paralice las decisiones técnicas. También deben priorizar las brechas más urgentes como el acceso a agua de calidad; publicar metas anuales de cobertura; y asegurar la construcción y mantenimiento de las obras. Elegir autoridades con capacidad de gestión es clave para que los recursos públicos se traduzcan en mejores servicios.
