En un país donde la brecha de infraestructura supera los US$100 mil millones (según datos del Ministerio de Economía y Finanzasi), el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) se ha consolidado como una alternativa eficaz para acelerar el desarrollo de obras públicas, transformando inversión privada en bienestar social. Desde su creación, esta modalidad ha demostrado que, cuando el Estado y la empresa comparten objetivos, los resultados llegan más rápido, con calidad y con un impacto tangible.
Las OxI representan una idea poderosa: acelerar obras para cambiar vidas, apoyándose en la eficiencia y capacidades del sector privado. Este tipo de alianzas permite reducir tiempos, garantizar transparencia y asegurar que cada sol invertido se traduzca en bienestar ciudadano. Al mismo tiempo, fortalecen el compromiso empresarial con el país, convirtiendo la inversión privada en un motor de desarrollo sostenible.
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El mecanismo ha permitido que diversas regiones del país avancen en la ejecución de iniciativas que antes parecían inalcanzables, especialmente en sectores clave como educación, salud, transporte y saneamiento. Estas iniciativas evidencian cómo las Obras por Impuestos se han convertido en una de las herramientas clave para alcanzar los objetivos de infraestructura social del país con más de 890 proyectos ejecutados y más de 28 millones de personas beneficiadas, según cifras de ALOXIii.
Un caso que refleja este impacto es el contrato suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y Arca Continental en Perú para la ejecución —bajo el mecanismo OxI— del Esquema Pucusana, destinado a mejorar los sistemas de agua potable y alcantarillado del distrito. Con una inversión de S/ 291 millones, esta iniciativa se convierte en la más grande adjudicada bajo esta modalidad en 2025, con impacto directo en más de 68 mil vecinos que accederán a agua y saneamiento después de casi dos décadas de espera. El Esquema Pucusana forma parte del portafolio del Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), que impulsa convenios con el sector privado para ampliar la cobertura de servicios básicos y acelerar la ejecución de obras prioritarias.
Dotar de agua y saneamiento a poblaciones que lo han esperado durante años no solo responde a una necesidad básica, sino a un principio de equidad. Estos servicios son la base de la salud, la educación y la dignidad. Por ello, resulta indispensable seguir promoviendo mecanismos que permitan unir esfuerzos y recursos entre el Estado y la empresa privada.
El desafío ahora es multiplicar estos casos de éxito y no limitar su alcance. Más empresas deben apoyarse en este mecanismo para invertir con eficacia y contribuir al progreso del país. El desarrollo del Perú necesita precisamente eso: alianzas que conviertan la voluntad en acción y la inversión en bienestar.
