El prófugo Vladimir Cerrón no logró archivar la acusación del Ministerio Público que solicitó hasta seis años de cárcel en su contra por presuntos actos de corrupción en el caso “Puente Comuneros II”.
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¿Cuál es la acusación concreta contra Vladimir Cerrón en el Caso Puente Comuneros?
Según la documentación, Vladimir Cerrón es acusado en su condición de exgobernador regional de Junín, por dos hechos presuntamente ilícitos cometidos en su segunda gestión (2019) para la ejecución de la obra “Creación del Puente Comuneros entre la Av. Daniel Alcides Carrión y la Calle Max Hongler en los distritos de Huancayo – Huamancaca Chico – provincia de Huancayo y Chupaca, región Junín”.
De acuerdo a la acusación, Cerrón Rojas no habría cumplido con su deber funcional de resguardar los bienes del Gobierno Regionl y habría incurrido en infracción del deber al firmar el convenio marco de la referida obra.
Por el presunto delito de colusión simple, se le atribuye haberse concertado con funcionarios de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA) para que se evalúe, reformule y ejecute el referido proyecto pese a que ya existía un convenio marco suscrito entre el Gobierno Regional de Junín y SIMA Perú, que precisaba cuál sería el papel de esta última entidad y del que tenían conocimiento.
VLADIMIR CERRON-PUENTE COMUNEROS II
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De acuerdo a la fiscalía, durante la reformulación del convenio, para el que no tenían la facultad, se insertaron cláusulas, referidas al objeto – estudio definitivo, plazos y obligaciones de SIMA PERU, distintos al proyecto.
Posteriormente, se suscribió el convenio entre el Gobierno Regional de Junín y SIMA PERÚ, sin que la empresa tenga la competencia de reformular el expediente técnico inicial.
“Es decir, dichos imputados facultaron a SIMA PERÚ a realizar actividades ajenas a su objeto social, tal es así que para cumplir con la obligación de elaborar el estudio complementario de Ingeniería; es decir, la finalidad de dichos imputados con este acto colusorio, fue que SIMA PERÚ además de ejecutar la obra, reformule el expediente técnico inicial, generando un peligro potencial económico al Estado, dado que SIMA PERÚ no sería el encargado de reformular el expediente técnico inicial sino la empresa CESMA con fondos del Estado.”
El segundo hecho, donde se le acusa por el presunto delito de colusión agravada, el Ministerio Público sostuvo que Cerrón Rojas, luego de firmar el convenio y previo a la ejecución de la obra “Creación del Puente Comuneros” se concertó con sus co-acusados con la finalidad de modificar el convenio específico mediante adendas No. 1 y 2.
Dichas adendas, señaló, disponían un adelanto directo del 30% equivalente a S/39’459,197.07 a SIMA Perú para reformular el expediente técnico ampliar el plazo, incrementar los costos en los componentes (Puente Comuneros, vías de acceso y obras de mitigación de impacto ambiental) en S/ 3’606, 516.91 y gastos generales en S/ 2’863,172.68, generando un peligro potencial económico al Estado.
Esto porque al haberse reformulado el expediente técnico sin ningún sustento técnico se incrementarían los costos en el puente comuneros, vías de acceso y obras de mitigación de impacto ambiental.
Advirtió que fiscalía que “el cambio de alternativa tecnológica no permitió cumplir con la finalidad del convenio específico que se enmarcó en el ahorro del costo (…). Contrariamente, incrementó el costo en un importe similar al que se pretendió ahorrar, por lo tanto al otorgar dicho incremento contravino la cláusula novena del convenio específico”.
VLADIMIR CERRON-PUENTE COMUNEROS
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La defensa de Cerrón Rojas pidió el archivo del caso al señalar que los hechos por los que fue acusado no configuran delito de colusión.
De acuerdo a sus argumentos, la intervención del SIMA sí estaba contemplado dentro del convenio marco y además, no se habría incurrido en una infracción del deber pues su patrocinado tenía la facultad de suscribir convenios de acuerdo a ley.
“(Solicitó) El sobreseimiento de la causa por falta de elementos de convicción suficientes para vincular a su defendido con el delito de colusión, argumentando que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y que, como gobernador, Cerrón Rojas se basó en los informes técnicos y legales para suscribir la adenda, y no infringió su deber”, demandó la defensa.
VLADIMIR CERRON-PUENTE COMUNEROS II
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La fiscalía anticorrupción, por su parte, solicitó que se rechace el pedido de archivo de la acusación, señalando que lo alegado por la defensa de Cerrón Rojas no concuerda con las actuaciones y acuerdos firmados por el exgobernador regional de Junín.
Con sus actuaciones, señaló el fiscal, “el acusado ha infringido su deber al momento de suscribir el Convenio Específico y la Adenda N.° 1”, ya que si bien estaba dentro de las facultades como gobernador regional, no lo está infringir las normas y ocasionar un perjuicio al Estado.
“El adelanto directo hasta el 30% solicitado, ascendía a más de 40 millones (…) que nunca se debió otorgar porque la obra no se encontraba en ejecución; por lo tanto, los hechos sí se subsumen al delito de colusión”, remarcó el fiscal.
