Para concretar esta finalidad, la norma en mención introduce cambios que permiten acelerar la ejecución de obras. Según el texto, se busca incorporar un procedimiento alternativo y más célere que el vigente, orientado a que las entidades responsables de proyectos de gran envergadura puedan liberar predios en conjunto y cumplir plazos contractuales asumidos por el Estado.
Al respecto, la entonces ministra de Economía y Finanzas (hoy primera ministra), Denisse Miralles, destacó que esta norma permitirá optimizar tiempos y recursos mediante procesos conjuntos de adquisición predial y evitar retrasos en la ejecución de proyectos.
¿De qué trata el nuevo mecanismo?
El decreto señala que el propósito es promover y agilizar la inversión pública y privada, generar empleo y mejorar la competitividad, creando además incentivos adicionales para favorecer el trato directo como vía de obtención de inmuebles.
“Con esta medida los ciudadanos podrán contar con infraestructuras y servicios públicos del sector salud, educación, saneamiento, vial, ferroviario, energía, entre otros, en menor tiempo, generándoles beneficios económicos y sociales”, resaltó Miralles.
Asimismo, comentó que, de esta manera, se reducirán las controversias legales vinculadas a expropiaciones y valorizaciones, y se hará un uso más eficiente del presupuesto público al evitar rediseños y actualizaciones de expedientes técnicos ocasionados por retrasos.
Entre las principales disposiciones se incluye:
- La valorización grupal de terrenos que compartan características físicas, urbanísticas o de uso, conforme al Reglamento Nacional de Tasaciones, lo que permitirá uniformizar criterios técnicos y acortar los plazos de negociación.
- Se fortalecen los incentivos económicos y administrativos para promover la entrega anticipada de predios por parte de propietarios y poseedores, reconociendo su colaboración en la viabilización de proyectos estratégicos para la prestación de servicios públicos.
- Se crea el Sistema Nacional de Tasación Comercial en Bloque, con el fin de estandarizar metodologías, transparentar procesos y recoger mejores prácticas internacionales en materia de adquisición predial.
“Además, habilita la entrega anticipada de inmuebles de titularidad estatal en un plazo máximo de siete días, facilitando el inicio oportuno de obras, precisó Miralles. Añadió que se incorporan medidas para fortalecer la planificación multianual de liberación de predios, dotar de mayor estabilidad a los equipos técnicos especializados y simplificar procedimientos administrativos.
Ventajas y diferencias
El urbanista Aldo Facho detalló a El Comercio que cuando el Estado inicia un proceso de expropiación, por más que el reglamento estipule los pasos a seguir, se suele trabar con amparos legales. Es decir, los propietarios de los predios plantean amparos ante el órgano jurisdiccional, lo que traba los procesos haciendo que se vuelvan excesivamente largos. Ese tiempo excesivo impacta en el cronograma de ejecución de la obra y la encarece tremendamente.
“De base tienes gastos generales y también costos operativos. Además, se afecta a las personas, porque si ya la obra ha sido determinada como prioritaria, el que se postergue indefinidamente por amparos judiciales y procesos engorrosos, hacen que esta finalmente no llegue a tiempo. Por eso es importante que se pueda resolver la demanda de los vecinos antes de ir a juicio, a través de conciliaciones», explicó.
En ese sentido, Facho destacó que siempre es importante que el Estado avance en otorgarse a sí mismo herramientas eficaces para poder resolver la expropiación de terrenos para obras de infraestructura pública. Y mejor si ayudan a destrabar entrampamientos legales, agregó.
El experto puso sobre la mesa un caso bastante conocido: el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Este proyecto, precisó, se demoró décadas en poder liberar el suelo y ejecutar la nueva terminal y la pista, justamente por un proceso de expropiación que estaba trabado.
“Entonces, toda ley que mejore los procedimientos dándole más herramientas al Estado en todos los niveles de gobierno, para poder en el marco de un proceso transparente, ordenado y prolijo resolver expropiaciones de terreno y liberaciones de suelo con fines públicos, de infraestructura urbana principalmente, va a hacer que esas obras puedan concluirse en tiempos más eficientes», expresó.
En tanto, Edwin Aquise, director de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma del Perú, comentó que en términos simples, lo que cambia con este nuevo mecanismo es la lógica del proceso. Tradicionalmente, explicó, el Estado gestiona la adquisición de terrenos predio por predio, lo que implica múltiples procesos administrativos, tasaciones individuales y negociaciones separadas con cada propietario. “El nuevo mecanismo propone que, cuando se trate de proyectos grandes, se pueda agrupar varios predios dentro de un mismo ámbito y gestionarlos de manera conjunta”, dijo.
“Esto podría ayudar a ordenar procesos que muchas veces se vuelven muy largos y complejos. En el Perú, uno de los problemas recurrentes en los proyectos de infraestructura es justamente la demora en la liberación de terrenos. Informes de la Contraloría han señalado que existen más de 2.200 obras públicas paralizadas, estando el problema en muchos casos vinculado a dificultades en la gestión predial”, sostuvo.
Por su parte, Francisco Coronel, profesor de la Facultad de Derecho de la USIL, señaló que bajo el mecanismo tradicional del DL 1192, la obtención de terrenos necesarios para una obra pública se gestiona predio por predio, requiriendo cada inmueble su propia identificación, tasación, negociación y expropiación. Este modelo suele generar altos costos administrativos y retrasos significativos. En cambio, agregó, el nuevo mecanismo busca superar esta limitación introduciendo un enfoque territorial y colectivo.
“La norma permite que la entidad pública responsable del proyecto delimite un “bloque” de inmuebles, es decir, un conjunto de predios ubicados dentro de una misma poligonal y necesarios para la ejecución de la obra. A partir de esa delimitación, el proceso de identificación de afectados, tasación, negociación y liberación de los terrenos se gestiona de manera simultánea, optimizando plazos y recursos. Además, se incorporan incentivos económicos para promover el trato directo», indicó.
¿Cómo se puede aplicar?
Anillo Vial Periférico de Lima y Callao
Aquise detalló que el Anillo Vial Periférico es un proyecto de gran escala que atravesará varios distritos de Lima y Callao, por lo que necesariamente requiere liberar una gran cantidad de terrenos a lo largo de todo su recorrido. En proyectos viales de este tipo, donde la infraestructura se desarrolla en varios kilómetros de extensión, precisó uno de los principales desafíos suele ser justamente la liberación progresiva del derecho de vía.
Estos son los 12 distritos de Lima por donde pasará el nuevo Anillo Vial Periférico
