Lunes, Marzo 17

La obra de S/13,8 millones para reparar la avenida Morales Duárez, vía de gran relevancia en la actualidad porque por ahí se accederá al nuevo aeropuerto Jorge Chávez del Callao, fue otorgada a un consorcio integrado por la empresa española Fuertetupa S.L., la cual ha tenido malas prácticas, justamente hacia Provías Nacional (PVN), entidad que la eligió pese a los problemas que tuvo con esta en dos proyectos viales anteriores.

El 25 de octubre del 2024, PVN –entidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)– adjudicó de forma directa, sin concurso público, el servicio de conservación de 4,2 kilómetros de la Av. Morales Duárez (que se conectará con los dos puentes temporales que facilitan el acceso al aeropuerto) al Consorcio Conservador Faucett, que integran Fuertetupa y Ares Servicios Global S.A.C. (con sede en Huaraz, Áncash).

La convocatoria fue publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) solo dos días antes.

La avenida Morales Duárez se conectará con los puentes que llevarán al nuevo aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Julio Reaño)

Sanción millonaria

Antes de elegir al Consorcio Conservador Faucett, PVN denunció a otros dos consorcios en los que Fuertetupa participó. Fue por no cumplir las garantías financieras y entregar información falsa.

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En febrero del 2024, Fuertetupa, Infinity Construction S.A.C. y Argos Company ING S.A.C. participaron mediante el Consorcio Vial Imperial en el concurso público de PVN para dar mantenimiento al corredor vial Pampas-Churcampa-Allccomachay, en Huancavelica.

El 9 de abril pasado, PVN le otorgó la buena pro por S/332′979.519. Pero el 20 de mayo le comunicó al consorcio la pérdida automática de la obra con base en un informe de su área de logística. El documento señala que el consorcio no presentó la documentación para perfeccionar el contrato, como la garantía financiera. “En lugar de presentar la carta-fianza o la póliza de seguro […], los integrantes del consorcio solicitaron la retención del 10% del monto total del contrato únicamente en base al artículo 149 de la Ley de Contrataciones del Estado”, indicó en el informe el jefe de Logística de PVN, Francisco Sánchez.

A pedido de PVN, el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) del Organismo de Supervisión de Contrataciones del Estado (OSCE) inició un proceso sancionador contra el consorcio. El 13 de noviembre del 2024, el TCE resolvió sancionar a las empresas del consorcio con una multa de S/16′648.976 a cada una y con una inhabilitación de cinco meses para seguir contratando con el Estado.

La sanción e inhabilitación del TCE a Fuertetupa se dio el mismo día que PVN contrató al consorcio de la obra en la avenida Morales Duárez, del que forma parte.

Por correo electrónico, Percy Mariño Trujillo, representante de Fuertetupa, reconoció a El Comercio que la compañía está inhabilitada y que no puede contratar hasta mayo, aunque afirmó que para la obra de Morales Duárez estaba habilitada: “El contrato se firmó el 13 de noviembre del 2024 y la empresa se encontraba habilitada para contratar con el Estado. La fecha de inicio de inhabilitación es 4 de diciembre del 2024 [desde esa fecha asegura que se aplica la inhabilitación], la ley te indica que, al firmar contrato, tienes que estar habilitado y eso fue lo que pasó”.

El otro problema

Ese no fue el único problema que Fuertetupa tuvo con PVN. En mayo del 2024, ganó la ejecución de un servicio en el corredor vial Cerro de Pasco-Huánuco-Tingo María por S/63 millones. Fue con otras dos empresas a través del Consorcio Conservador Tingo María.

Poco antes de firmar el contrato, PVN descubrió que la documentación entregada por Fuertetupa, respecto a su experiencia previa, era falsa. En un informe del 12 de junio, el jefe de Logística de PVN señaló que la Diputación de Valencia (España) había comunicado que “no había realizado ningún contrato de obra con Fuertetupa”.

“[En] el documento del Diputado de Valencia [España], este ha negado haber realizado algún contrato de obra con la empresa Fuertetupa S.L, con lo cual niega su emisión”, refirió el jefe de logística de PVN.

En una resolución, el entonces director ejecutivo de PVN José Romero Gleny declaró nulo el proceso de selección y buena pro otorgada al consorcio.

A estos cuestionamientos se suma la trayectoria de Carlos Espinoza Malvaceda, representante del Consorcio Conservador Faucett. Entre el 2007 y el 2011 registra ocho requisitorias de juzgados por el delito de hurto agravado.

Espinoza confirmó a este Diario que tuvo problemas con la justicia: “Sí, [tuve] una condena sin cárcel, claro, por hurto agravado. Se aclaró todo”.

El 27 de enero, además, el TCE sancionó con una inhabilitación de 36 meses a Rodiar Ingeniería y Construcción S.A.C., una empresa de Espinoza, por presentar información falsa en una licitación del Ministerio de Agricultura.

Consultado sobre los antecedentes de Fuertetupa, Espinoza afirmó: “Sabíamos perfectamente que está inhabilitada, pero fue después de la contratación, cosa que el reglamento de contratación nos permite”.

Sobre la obra y atraso en su entrega, dijo que el contrato “es un servicio de recuperación de vía. Ahora el diseño […] es parte ya del mismo MTC, que debería tener un plan, digamos, mayor. Debe estar terminado […] en unos 15 días por todo el atraso que nos ha generado”.

Según el contrato, la obra es por un plazo de 90 días, por lo que debió concluir en febrero.

Espinoza afirmó que Ares Servicios Globales ejecuta y financia la obra en la avenida Morales Duárez, mientras que Fuertetupa aporta su experiencia.

El especialista en contrataciones públicas José Trelles señaló que, al ser una contratación directa, pudo haber más filtros en la selección del ofertante, en referencia a las firmas del Consorcio Conservador Faucett.

“Tiene que haber un filtro en la selección y tendría que haber responsables en la evaluación de la invitación a estas empresas, porque justamente lo que estamos evitando es una competición para llegar a este contrato. […] Si estás corriendo solo, la pregunta es: ¿Qué atributos tienes tú para correr solo?”, comentó el especialista.

Sin justificación

Los cuestionamientos por la contratación del consorcio también alcanzan a PVN. Un informe de la Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas del OSCE señaló que no se justificaba la contratación directa solo para la refacción de una vía.

“No se advierte el sustento técnico y legal del ‘hecho extraordinario e imprevisible’, requisito indispensable para la causal de contratación directa por ‘situación de desabastecimiento’”, menciona el documento.

Al cierre de la versión impresa de este informe, Evelyn Aranda, directora de la Oficina de Comunicaciones e Imagen del Ministerio de Transportes y Comunicaciones proporcionó una respuesta a nuestras consultas sobre la inhabilitación a una de las empresas del Consorcio Conservador Fuertetupa S.L.

A la fecha de suscripción del contrato (13/11/2024), los integrantes del Consorcio Conservador Faucett se encontraban vigentes en el Registro Nacional de Proveedores y no contaban con inhabilitación temporal o definitiva del Tribunal de Contrataciones del Estado, encontrándose facultados para intervenir como participantes, postores y/o contratistas en los procedimientos de selección convocados por cualquier entidad pública”.

Sobre las acciones desarrolladas por la entidad luego de tomar conocimiento de la inhabilitación de Fuertetupa S.L, MTC indica que el numeral 50.5 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que “la inhabilitación o multa que se imponga no exime de la obligación de cumplir con los contratos ya suscritos a la fecha en que la sanción queda firme”. Por lo tanto, no es posible que, como consecuencia de la inhabilitación aplicada a dicha empresa, se genere la resolución y/o nulidad del contrato”.

Respecto al dictamen del área de riesgos en contrataciones directas de la OSCE, MTC señala que ese informe fue hecho posterior a la firma del contrato de la contratación directa. “PVN decidió realizar la contratación directa en vista de que se requería con urgencia que la Av. Morales Duárez, vía de ingreso al nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tuviera la intervención necesaria para garantizar una adecuada transitabilidad hacia dicho terminal”.

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