El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) acordó —por mayoría— rechazar la metodología empleada para el cálculo de la nueva Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
El cobro, previsto para aplicarse desde el 7 de diciembre, fijaba un monto de US$12,67 para pasajeros en conexión internacional y US$8,01 para los de conexión nacional, según una resolución aprobada en junio por la entonces presidenta del regulador, Verónica Zambrano. En ese entonces aún no había quórum del Consejo Directivo. En los meses siguientes se fueron incorporando dos nuevos directores.
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De acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria, realizada el 13 de octubre- a la que accedió este Diario-, los consejeros Claudia Salaverry y Javier Masías votaron en contra de aprobar el informe técnico que sustentaba la metodología tarifaria.
Como se sabe, el viernes pasado el MTC -en un comunicado conjunto con el MEF, Mincetur y Ositran -informó que el regulador se encuentra evaluando la fijación de la tarifas de transferencia definitivas, “que serán aprobadas en las próximas semanas”.
¿Qué es lo que cuestionan?
Ambos coincidieron en que la TUUA de transferencia “podría tener un impacto muy significativo” y afectar la competitividad del aeropuerto frente a otros de la región.
“Una tarifa unificada que sea competitiva puede atraer a más aerolíneas y pasajeros de conexión. El impacto de la aplicación de la TUUA podría influir en la elección de aeropuertos para realizar conexiones”, advirtieron los consejeros.
Ante ello, el Consejo Directivo pidió a las áreas técnicas del Ositrán elaborar un nuevo informe, considerando la aplicación de una metodología de tarificación comparativa o benchmarking, que evalúe el nivel de tarifas en aeropuertos similares de la región.
Reevaluar costos y adenda con el MTC
La posición mayoritaria del Consejo – compuesto hoy por tres miembros- sostiene que no existe una justificación clara para el cobro de la TUUA de transferencia, ya que los costos alegados por LAP podrían estar cubiertos por la tarifa de origen que ya pagan los pasajeros.
“No se evidencia con claridad la justificación del cobro, pues los supuestos costos en los que incurre LAP para prestar este servicio podrían estar financiados por el pago de la TUUA de origen”, se lee en el acta de la sesión.
Los consejeros también cuestionaron la Adenda N°6 al contrato de concesión, firmada en el 2013 entre LAP y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en la que se estableció esta tarifa adicional.
Salaverry y Masías señalaron, durante la sesión, que se requiere revisar la documentación que sustentó la inclusión de la TUUA de transferencia para confirmar que se haya respetado el equilibrio económico-financiero del contrato.
Además, propusieron verificar si LAP ha cumplido con las inversiones y servicios comprometidos en la adenda, especialmente en lo referido a la infraestructura y funcionamiento del nuevo terminal.
Para garantizar imparcialidad, los consejeros sugirieron encargar una evaluación independiente a una institución académica especializada, como la Universidad ESAN o la Universidad del Pacífico, que analice la pertinencia del cobro y los supuestos técnicos empleados por LAP y el regulador.
