“Es una tremenda irresponsabilidad del Parlamento”, señaló a El Comercio Daniel Alfaro, exministro de Educación y fundador de Pirka Consultoría. “Estamos bajando la valla y debilitando la reforma magisterial”, agrega. Por su parte, Liliana Miranda, investigadora adjunta de GRADE, afirmó a este Diario que “no hay muchos argumentos [para su implementación]. Termina socavando la confianza que se iba a construyendo por parte de los docentes hacia el sistema educativo”.
Esta legislación permite que los docentes no titulados que fueron cesados en el 2014 con la Ley de Reforma Magisterial puedan acceder a la Carrera Pública Magisterial (CPM) sin pasar por la evaluación docente. Para esto, deben acreditar su titulación entre el 2012 y el 2014, así como haber trabajado como profesor al menos 30 meses. Años atrás se calculó que, de los 14.865 profesores interinos, solo 3.215 se titularon en el plazo indicado. Solo 546 pasaron la prueba y accedieron a la CPM.
Los escolares olvidados
“Hay mucha evidencia que dice que el docente es el factor más importante para impactar en el aprendizaje”, explicó Alfaro. Para el especialista, las políticas de Estado deberían centrarse en la recuperación del aprendizaje perdido durante la pandemia, huelgas de profesores y desastres naturales. “La literatura señala que uno de los factores determinantes es el docente. Un mal docente va a tener un efecto de sus estudiantes en la medida que no va a poder desarrollar esas habilidades que deberían desarrollar”, contempló Miranda.
“Es increíble como un sistema que tiene tantos desafíos, en lugar de fortalecer las escuelas lo que estamos haciendo es retroceder. Tenemos ya muchos problemas. El sistema educativo que reclama a gritos mejoras”, agregó la especialista. De acuerdo con la Evaluación Muestral de Estudiantes 2022 que desarrolló el Ministerio de Educación (Minedu), solo el 19,1% de los alumnos de segundo de secundaria logró niveles satisfactorios en lectura, 12,7% en matemática y solo 12% en ciencia tecnología.
Ricardo Cuenca, exministro de Educación, también comentó en la misma línea. “Todos los estudios e investigaciones, no solo peruanas, concuerdan que dentro de los recursos humanos del ambiente educativo, el docente es el factor más importante para [garantizar] el éxito [de los alumnos]”, explicó Cuenca. “El efecto más directo, el más serio y más grande, es que ni los estudiantes ni las familias van a tener la seguridad respecto a la calidad de los docentes que están ingresando por esta modalidad [aprobada por la nueva ley]”, agregó.
Sin claridad
Días atrás, el ministro de Educación, Morgan Quero, sostuvo ante la prensa que “nuestro sistema educativo requiere de más profesores” y puntualizó que el ingreso de los cerca de tres mil docentes cesados representa solo el 0,5% del universo docente. “Me preocupa que el Minedu minimice esto utilizando porcentajes del total docentes. Uno no puede dejar que se tenga un solo profesor que no esté a la altura de las expectativas”, criticó Alfaro.
Al respecto, Miranda dispuso: “lo que está en juego a partir de esta propuesta no es tanto el número [de profesores a incorporarse]. Fue lamentable escuchar al ministro con esta mirada reduccionista. Uno esperaría que el gobierno defienda las políticas educativas por encima de los intereses particulares. Basta con que sea un profesor [no preparado] para que afecte la vida de varias generaciones”. “El argumento no es si son el 0,01% o el 5%, es que tienen que entrar a un sistema [con las garantías de la evaluación]”, comentó Cuenca.
Los entrevistados hicieron hincapié en la falta de información por parte de las autoridades sobre el tema. “Llama la atención de que ni sepamos cuántos docentes se estarán asignando”, dispuso Miranda, mientras Alfaro opinó que “se debió conocer de cuánto era el impacto [cantidad de maestros restituidos] antes de diseñar la ley. No está claro a dónde se les asignará”. “No hay información clara. Lo más grande [de esta situación] es la incertidumbre”, cuestionó Cuenca.
Adiós al mérito
Los especialistas coinciden en que, al crear una excepción para este grupo de docentes -que pudo ingresar a la CPM por el conducto normal- se afecta a la meritocracia que propuso la Reforma para garantizar educación de mayor calidad. “Hay un impacto sobre los docentes que sí se están preparando para pasar los filtros, pero ahora las plazas se van a reducir”, sostiene Alfaro. Aclaró que estos profesores pueden estar trabajando bajo contratos que pueden terminarse si su desempeño no es óptimo. Sin embargo, “cuando pones a un docente en la CPM, se mantiene hasta su jubilación. Si no [tiene las aptitudes] va a afectar a todas las promociones [de alumnos] hasta su retiro”, destaca Alfaro.
“[Esta ley] perfora una de las reformas más importantes que es la Reforma Magisterial, que busca revalorar la carrera docente en los más altos niveles de la valoración social”, dispuso Alfaro. “Lo que más afecta es que [la ley] desvirtúa uno de los principios de la CPM, el mérito. Desincentiva el esfuerzo y la mejora continua de los docentes, quienes también van a desconfiar de los siguientes procesos [de reforma educativa] que vengan”, arguyó Miranda. La especialista recalcó que nada impidió a estos docentes a inscribirse a los concursos que se han realizado desde el 2014.
“Se está debilitando la función pública. ¿Qué va a pasar con aquellos profesores que hacen el esfuerzo para ganar una plaza a través del concurso público para que luego [se le facilite el acceso a un grupo]?”, cuestionó el exministro Cuenca.