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La reciente promulgación de la Ley N.° 32379, conocida como la nueva Ley de la Vivienda de Interés Social (VIS), ha generado críticas por considerar que representa un retroceso en las políticas públicas orientadas a reducir la brecha habitacional en el país. La norma, deroga artículos clave de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (Ley DUS).
Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación del artículo 82 de la Ley DUS, que establecía como deber del Estado la priorización de la VIS en todo el territorio nacional.
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El arquitecto Aldo Facho Dede advirtió en su cuenta en X que la eliminación de esta disposición le restaría deber al Estado y debilitaría la garantía de acceso a una vivienda digna.
Además, se establece que los proyectos de VIS solo podrán desarrollarse en zonas previamente autorizadas a través de instrumentos de gestión del suelo. Esta disposición generaría un escenario en el que las municipalidades podrían restringir la construcción de vivienda social.
Se señala que la nueva ley contradice pronunciamientos previos del Tribunal Constitucional sobre el derecho a una vivienda digna, al limitar la capacidad del Estado para reducir el déficit habitacional. Además, complicaría la promoción de proyectos formales y abriría la puerta a una mayor segregación urbana.
