Cinthia Ramírez Santillana asume la jefatura del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) en medio de una serie de antecedentes fiscales y vinculaciones políticas.
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La Unidad de Investigación de El Comercio accedió a los registros de la funcionaria en el Ministerio Público, donde figura como imputada en investigaciones penales por lesiones y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, a lo que se suma un conjunto de denuncias y procesos previos –algunos archivados o prescritos– por hurto agravado, apropiación ilícita y falsedad ideológica.
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A la fecha permanecen abiertos dos procesos: uno por lesiones, del 18 de marzo del 2024, y otra por difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, iniciado en mayo del 2024. Ambos procesos provienen de un conflicto entre la funcionaria y la abogada María Pinedo Pérez, pareja de su familiar Jorge Romero.
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Las disputas legales están relacionadas con un antiguo reclamo por la empresa Corporación Técnica de Inspección Vehicular S.A.C., donde Ramírez y su madre adquirieron participación.
La ahora funcionaria atribuye todas las denuncias en su contra a Romero, a quien calificó como un “delincuente”.
Sobre la investigación por difusión de contenido sexual, Ramírez sostuvo que se trata de un malentendido, pues ella grabó un video para dejar constancia de una agresión física donde habría captado de manera “accidental” imágenes sensibles.
Afirmó que ese material fue filtrado en las redes sociales por “alguien dentro de la policía”.
Acomodos
En materia administrativa, la designación de Ramírez se dio de una manera particular. Seis días antes de su nombramiento, el IRTP modificó su Manual de Clasificador de Cargos, reduciendo los requisitos mínimos para acceder al puesto.
Antes, el cargo estaba reservado a un grupo limitado de carreras vinculadas a la comunicación; pero con el cambio, se permitió que cualquier profesional pudiera asumir la jefatura de la entidad.
También se eliminó el requisito de contar con una maestría en Gestión Pública, Ciencias de la Comunicación o afines, y se redujo la experiencia específica exigida de cinco a cuatro años. Ramírez, administradora de profesión y sin maestría en comunicación o áreas afines, reconoció que no hubiera calificado bajo los requisitos anteriores, los cuales –admitió– estaban “muy ligados a un tema periodístico”.
Lo llamativo es que su designación ya había sido anticipada públicamente por el propio presidente José Jerí en una entrevista.
Consultada sobre la modificación del clasificador de cargos y el impacto en su designación, respondió que “no es el know-how” que ella maneja y que la modificación no le incumbe directamente.
Ramírez sostuvo reuniones con Jerí cuando este ocupaba el cargo de presidente del Congreso. El 19 de agosto, participó en un encuentro para impulsar una ley que permita la inclusión gratuita de medios regionales en las parrillas de cable. Y el 22 de setiembre firmó un convenio entre la Confederación Nacional de Radio y Televisión (CNRTV) y el Congreso para que los medios regionales “difundan la producción parlamentaria a nivel nacional”.
Ramírez también registra vinculaciones con Alianza para el Progreso (APP). Está casada con Dick Acuña, director general de la UCV Tarapoto y sobrino de César Acuña. Además, su madre, Robertina Santillana Paredes, fue congresista por APP en el período 2020-2021.
