La ex primera ministra Betssy Chávez sumó una nueva investigación fiscal en su contra mientras permanece asilada en la embajada de México en Lima. Esta vez, el Ministerio Público indaga la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica, por la presentación de un certificado médico aparentemente falso con el que intentó postergar una de las audiencias del juicio que enfrenta por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El fiscal William Rabanal Palacios informó que, mediante una resolución emitida el pasado 6 de noviembre, Chávez fue formalmente incorporada como investigada, junto con su defensor legal, el abogado Raúl Noblecilla. La decisión se tomó después de que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema advirtiera inconsistencias en el documento médico presentado por la defensa.
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Rabanal informó de esta nueva medida el último jueves, durante la audiencia en la que sustentó su pedido de cinco meses de prisión preventiva contra la ex jefa del Gabinete Ministerial. La indagación por la presunta falsificación estaría a cargo de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita.
Mientras tanto, Chávez permanece en la sede diplomática mexicana, a la espera de que el gobierno de José Jerí resuelva la entrega del salvoconducto que le permitiría abandonar el país y viajar a México.
Certificado bajo sospecha
En octubre pasado, el abogado Noblecilla presentó un escrito a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema alegando que su patrocinada no podía asistir a una audiencia programada en el juicio por el golpe de Estado. Esto debido, supuestamente, a un cuadro de bronquitis aguda que la mantenía con descanso médico. Para sustentar la petición, adjuntó un certificado que —según indicó— había sido emitido por un médico de la Clínica Chorrillos.
No obstante, el gerente general de la clínica envió un oficio a la sala señalando que Chávez no fue atendida en ese establecimiento. Agregó que el médico cuyo nombre figuraba en el documento no trabaja allí desde hace varios años y que incluso el modelo de recetario presentado por la defensa ya no se utiliza.
Noblecilla insistió el pasado 28 de octubre, durante una audiencia, en que estaba acreditado que Chávez se encontraba enferma. Ese mismo día, la sala lo expulsó y dispuso suspenderlo por dos meses en el ejercicio profesional. El abogado ha apelado la sanción.
Sustenta pedido de prisión preventiva
El fiscal Rabanal expuso ante el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley los argumentos del Ministerio Público para solicitar que se impongan cinco meses de prisión preventiva a Betssy Chávez.
La medida busca reemplazar la comparecencia con restricciones que pesa actualmente sobre la ex primera ministra, pues esta no ha cumplido cabalmente su finalidad.
La comparecencia dictada por el Poder Judicial obligaba a Chávez a no ausentarse de Lima sin autorización del juzgado supremo, acudir cada siete días al control biométrico y presentarse ante la fiscalía o el Poder Judicial cada vez que fuese requerida para una diligencia.
Sin embargo, Rabanal afirmó que la ex primera ministra dejó de cumplir con estas obligaciones al menos desde el pasado 27 de octubre. Tampoco pasó por el registro biométrico el 3 de noviembre, fecha en la que el canciller Hugo de Zela informó que Chávez había ingresado a la residencia de la Embajada de México en San Isidro, donde permanece asilada.
La última aparición de Chávez en las audiencias del juicio por el golpe de Estado ocurrió el 21 de octubre. La decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum de otorgarle asilo desencadenó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre el Perú y México.
Chávez fue excarcelada en septiembre por orden del Tribunal Constitucional, pese a que el juicio en su contra se encuentra en etapa final. El Ministerio Público solicita para ella una condena de 25 años de prisión por el presunto delito de rebelión.
Por los mismos hechos, el Ministerio Público pide 34 años de cárcel para el expresidente Pedro Castillo.
Alegato político
Durante la audiencia, el abogado Raúl Noblecilla intentó frenar el pedido fiscal recurriendo a un discurso político más que a argumentos jurídicos. Sostuvo que su patrocinada es víctima de persecución política y que, al haber recibido asilo del gobierno mexicano, no se encuentra al alcance de la justicia peruana.
“Ya no está al alcance de usted y ya no está al alcance de la fiscalía”, dijo dirigiéndose al juez Checkley, a quien incluso solicitó inhibirse del caso, pedido que fue rechazado.
Luego, Noblecilla anunció que renunciaba a continuar ejerciendo la defensa legal de Chávez.
El juez Checkley dio por concluida la audiencia sin precisar la fecha exacta en que emitirá su decisión, aunque se prevé que la resolución sea notificada en las próximas horas.
Patrón
El abogado penalista Gilmar Andía señaló que la presentación de un certificado médico falso revela “descaro”.
“Hay un patrón de torpezas, descaro y mentiras. He visto muy pocas veces que exista este tipo de actuaciones en la que, para poder suspender una audiencia, se presente un documento falso. Pudo tranquilamente haber alegado la enfermedad y decirlo así ante la sala. Había alternativas para evitar esta situación, que habla no solo de cómo actúa ella, sino de cómo actúa su defensa”, señaló.
Andía precisó que el otorgamiento del asilo no detiene el avance de la investigación, siempre que se garantice una notificación adecuada.
“La investigación continuará su camino siempre y cuando se garantice su derecho a defensa; es decir, que sea emplazada y que este emplazamiento sea correcto para que ella pueda presentar un abogado. Si no lo hace, la investigación continúa con todos los actos que se puedan hacer sin ella”, explicó.
Para el abogado penalista Vladimir Padilla, la actuación de la ex primera ministra encaja en un patrón destinado a dilatar el proceso y preparar su salida del país.
“Queda claro que buscó entorpecer el enjuiciamiento con dilaciones indebidas. […] Ha estado preparando todo para poder evadir la justicia. Pero la presentación de documentos falsos trae consigo una responsabilidad penal”, dijo en diálogo con El Comercio.
No obstante, consideró que el pedido de prisión preventiva podría terminar reforzando la narrativa de persecución que Chávez adopta: “Para mí, pedir la prisión preventiva en estos momentos es impertinente. Si se la dan, ella seguirá asilada y reforzará su posición de asilo. Ella va a decir: ‘Ya ven, me están persiguiendo’”.
