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Precisamente, el vehículo oficial se encuentra en el ojo de la tormenta por presumirse su uso para ayudar en la fuga de Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre (PL), en los primeros meses del 2024, tras un operativo en una playa al sur de Lima.
La presidenta de la República es investigada por la Fiscalía de la Nación, por presuntamente haber usado el vehículo presidencial para encubrir al referido prófugo.
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Desde que se conoció el caso, a mediados del año pasado, hasta la fecha, la mandataria no ha dado una versión oficial a la fiscalía respecto al viaje que realizó al sur de Lima, el 24 de febrero del 2024, con quién se reunió y por qué decidió regresar al día siguiente en otro vehículo oficial.
Ahora, la Directiva N°001 -2025-DP/SSG, expedida el 15 de enero último, vuelve a dejar fuera de toda transparencia y detalle público sobre el uso que la mandataria le daría al vehículo asignado para trasladarla y que se conoce como “El cofre”.
El documento fue elaborado por la Oficina de Operaciones de Palacio de Gobierno, revisada por otras cuatro oficinas entre las que figura la Oficina de Asesoría Jurídica y aprobada por la Subsecretaría General de Palacio, a cargo de Antonio Ramos Bernaola.
Con sistema de rastreo satelital, pero no para los que use la presidenta
La referida directiva detalla diversas disposiciones, entre ellas la de “administración vehicular” donde se precisa que la flota del Despacho Presidencial (DP) será usado siempre que cuente con un requerimiento y autorización.
Por medidas de seguridad, se dispone que las unidades de la flota no llevarán ni pintado, ni pegado ningún símbolo o emblema, que los identifiquen como vehículos oficiales.
La administración de la flota vehicular del DP lo controlará la Unidad Funcional de Transporte (organizados en turnos de servicio durante las 24 horas del día).
Para ello, se usará el aplicativo informático del DP conocido como SITRA, a través del cual se registra la solicitud de comisión de servicio y en general se lleva el control de la flota vehicular en su mantenimiento, kilometraje, etc. Además, este llevará el monitoreo satelital.
Este servicio es de carácter centralizado e informatizado mediante el uso obligatorio del SITRA, ejerciendo permanente control del movimiento vehicular, contando para tal efecto con sistemas de rastreo satelital, los cuales son instalados en los vehículos de patio (vehículos de tecnología automotriz convencional).”
Directiva N°001 -2025-DP/SSG- Disposición sobre la “Administración de la Flota Vehicular”
En esta misma disposición se indica que los vehículos de la flota del DP serán conducidos por personal civil, contratado para tal fin; y militares y/o policias designados por la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno, y autorizados por la Unidad Funcional de Transporte.
Sin embargo, se precisa que en el caso de la seguridad integral “del Presidente de la República y su familia”, a requerimiento de la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno, “se designa un conductor perteneciente al equipo de seguridad de la citada Secretaría”.
También señala que todo vehículo del DP debe contar con un Registro Administrativo Vehicular, cuya información en copia es administrada por la Oficina de Abastecimiento (Unidad Funcional de Control Patrimonial), como parte del procedimiento de recepción y registro de los vehículos.
La disposición establece que “está prohibido” que las unidades de la flota vehicular “pernocten fuera de las instalaciones del DP”, bajo responsabilidad del servidor comisionado y del conductor a quien se le asignó el vehículo.
Agrega que, en caso fortuito o fuerza mayor no pudiera retornar el mismo día de la comisión, el conductor deberá informar de ello a la Unidad Funcional de Transporte, quien, a su vez, informa a la Oficina de Operaciones, pero quedarán exceptuados” de esto aquellas comisiones de servicio fuera de Lima Metropolitana con itinerario debidamente autorizado por la OGA.
Finalmente, se dispone que las indicaciones contempladas dentro de la disposición referida a la “administración vehicular” no aplicaría a los vehículos que use el presidente y su familia. En este caso, la mandataria Dina Boluarte y familia.
Están excluidos de la presente disposición de ser el caso, los vehículos asignados para el servicio oficial del Presidente de la República y su familia”
Directiva N°001 -2025-DP/SSG- Disposición sobre la “Administración de la Flota Vehicular”
Cabe precisar que dicha precisión, no se encuentra incluida en la Directiva N°008-2017-DP que estaba vigente hasta los primeros días de enero del 2025 y que fue derogada con la nueva directiva emitida por el gobierno de Dina Boluarte.
¿Quiénes podrán hacer uso de los vehículos del DP?
Según las Disposiciones referidas a “Atención de Comisión de Servicio”, “Autorización de salida del vehículo” y “Asignación de Vehículos” reitera que toda solicitud de servicio de movilidad se realiza virtualmente a través del SITRA y es aprobada por la Unidad Funcional de Transporte; por lo tanto, se encuentra prohibido el desplazamiento de la flota vehicular sin el registro correspondiente.
Además, se señala que el itinerario deberá cumplirse de acuerdo al requerimiento y autorización.
No obstante, se agrega otra precisión que tampoco estaba contemplada en la directiva derogada, indicando que ello no aplicaría bajo condiciones que se enmarquen dentro del “Plan de Seguridad de la Casa de Gobierno, la Presidencia de la República, locales conexos”, el mismo que fue clasificado de “Secreto” por el gobierno de Boluarte en setiembre del 2024 y restringido de acceso público.
El itinerario de la comisión de servicio a la cual se asigna movilidad, debe cumplirse estrictamente según lo requerido y aprobado en el SITRA, salvo caso fortuito o fuerza mayor o por medidas de seguridad contempladas en el Plan de Seguridad de la Casa de Gobierno, la Presidencia de la República, locales conexos y actividades nacionales e internacionales o el que haga sus veces, en ese caso, el conductor debe informar del hecho al Coordinador de la Unidad Funcional de Transporte, para su autorización o instrucción.”
Directiva N°001 -2025-DP/SSG- Disposición sobre “Autorización de Salida de Vehículo”
Los vehículos enmarcados dentro del cumplimiento de la Directiva emitida deberán registrarse manualmente en un “Cuaderno de Control Documento” mediante el cual el conductor registra de forma manual:el número de Formato de Autorización de Salida del Vehículo, fecha, nombre del conductor, kilometraje de salida y llegada, hora de salida y llegada, autorizado por el jefe inmediato, nombre del comisionado, motivo, destino, cantidad de combustible, cantidad abastecida de combustible, kilometraje de abastecimiento y estado del vehículo.
Sobre el uso de los vehículos, se indica que los servidores y funcionarios del DP no podrán tener vehículos asignados a tiempo completo, a excepción de los altos funcionarios en actividad señalados en la Ley de Presupuesto del Sector Público vigente, es decir el Secretario General y Jefe de Gabinete.
Además, se especifica que no está permitido que los servidores y/o funcionarios del Despacho Presidencial, puedan hacer uso de los vehículos para el recojo o traslado a domicilio, salvo casos excepcionales debidamente justificados por “necesidad del servicio”, requeridos a través del SITRA y autorizados por la Oficina General de Administración.
Como se recuerda, en noviembre del 2024, el programa Punto Final informó que el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, hacía uso continuo de “El Cofre”que incluso lo recogía de su domicilio. Esto, pese a que no estaba contemplado en Directiva N°008-2017-DP, vigente hasta hace poco.
En ese momento, Palacio de Gobierno señaló que la Ley de Presupuesto Público del 2024 contemplaba su uso. Ahora, en la nueva directiva emitida por el gobierno de Boluarte, ya lo especifica.
Palacio señala que recorrido de vehículo presidencial continúa siendo de carácter “reservado”
El Comercio consultó con Palacio de Gobierno las últimas disposiciones realizadas sobre los vehículos del Despacho Presidencial, sobre todo porque hasta octubre del 2024 se había confirmado que “El Cofre” no contaba con un sistema de rastreo que pueda dar información precisa sobre su desplazamiento.
Como se recuerda, la misma mandataria indicó que ella usa cinco vehículos para movilizarse. Cada uno de ellos es llamado “El Cofre” cuando se encuentra transportando a la mandataria o su familia.
Entre estos se encuentran los vehículos de placas EGR-844 y EGK-267. El primero, que fue captado cuando se dirigía hasta la playa de Asia, el 24 de febrero del 2024; mientras que el segundo fue el vehículo que la recogió de aquel lugar, según lo informó Cuarto Poder en su momento.
“Siempre hay un cambio de turno y dije al inicio (de la conferencia) que la presidenta de la República usa cinco vehículos. Y, efectivamente, fui en uno y me recogieron en otro, con toda mi escolta, con todos los vehículos, con todos los motorizados, con absolutamente todo.”
Cabe recordar que, según información proporcionada en octubre del 2024 por la empresa Geosatelital Peru E.I.R. a la Comisión de Fiscalización del Congreso, los vehículos de placas EGR-844 (Uno de los Cofres), EPE-703, EPF-852. EPF-807, EPE-952 Y EDF-952, que también serían parte de de los vehículos del Despacho Presidencial usados por la mandataria, no estaban incluidos en el Contrato Nro.12-2023-DP/OGA, para la flota que tenía un control satelital para su rastreo en tiempo real.
Desde la Dirección de Comunicaciones de Palacio de Gobierno señalaron que el Despacho Presidencial cuenta a la fecha con el Contrato N° 003-2024-DP/OGA-OA, denominado “Servicio de monitoreo satelital GPS para controlar y automatizar en tiempo real, el movimiento de 40 vehículos de la flota vehicular del Despacho Presidencial”, suscrito el 20 de marzo de 2024 y cuyo plazo de ejecución de la prestación es de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario.
Y, sobre la consulta respecto de qué sistema usan para el monitoreo o control del desplazamiento de los vehículos usados por la mandataria, incluido el conocido como “El Cofre” reiteraron que se cuenta por el sistema de rastreo GSP para la flota de 40 vehículos asignados al DP, pero no para los usados por Boluarte Zegarra.
Agregaron que por “temas de seguridad”, el recorrido que realiza “El Cofre” como los usados por la presidenta son de carácter “reservado” de acuerdo al Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno.
“Respecto al denominado El Cofre, por temas de seguridad, los vehículos de uso de la señora Presidenta de la República y de apoyo en comitivas, no cuentan con un Sistema de Monitoreo Satelital debido a que, tanto el vehículo, como el recorrido del mismo, constituyen información que se encuentra inmersa dentro del Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno, y por tanto, tienen el carácter reservado.”
Además, como razón para dicha decisión que, de revelarse la identificación del vehículo, el recorrido de mismo mediante el monitoreo de un tercero (contrato de Sistema de Monitoreo Satelital), implicaría un riesgo a la seguridad e integridad de la figura del Presidente de la República, y hasta de posibles atentados.
“Lo que se está buscando es blindar de una suerte de oscurantismo y falta de acceso a las actividades de la presidenta”
José Ugaz, exprocurador Anticorrupción cuestionó la falta de transparencia en la nueva Directiva N°001 -2025-DP/SSG emitida por Palacio de Gobierno, al señalar que “lo que en realidad interesa saber es a qué lugares y qué tipo de desplazamientos tiene la presidenta de la República”.
En diálogo con El Comercio, señaló que no tiene ninguna justificación que por un lado se diga ‘vamos a apostar por la transparencia’ y por otro ‘vamos a tener un régimen de excepción porque no tienen GPS’.
“Creo que es una confesión de parte, el gobierno está reconociendo que a raíz de este inexplicable hecho en el que está involucrada la presidenta; y que, además, se ha vuelto a negar a declarar (sobre El Cofre), han incurrido en actos poco transparentes de uso indebido de bienes del Estado y ahora con este reglamento están tratando de corregir”, sostuvo.
El exprocurador también calificó como un “pretexto” que desde Palacio se señale que los vehículos usados por la presidenta Boluarte no usen GPS por temas de “seguridad” y evitar posibles “atentados”.
“Es un argumento absurdo, porque si alguien quiere monitorear el desplazamiento de un vehículo oficial, eso se hace facilmente sin que tenga que interferir una GPS. Además, la tecnología para intervenir un GPS puede ser más complicada que un rastreo básico. Son pretextos, lo que se está buscando es blindar, una suerte de oscurantismo y falta de acceso a la actividdes de la presidenta. Ya hemos visto que en sus registros de trabajo no consigna las horas en que se dedica a sus actividades y se ve involucrada en hechos oscuros y complicados como en el de los cofres.”
Por ello, Ugaz consideró que el gobierno de Boluarte Zegarra, “no es otra cosa que una continuidad” de la gestión de Pedro Castillo.
“Castillo, incluso, desde antes que se instale en Palacio de Gobierno, tuvo una serie de reuniones a escondidas, seguramente utilizó el argumento de la seguridad, pero en el fondo, lo que se quería, era evitar que se supiera que estaba en actividades que no eran propias de un presidente de la República electo”, remarcó.
“Las directivas pierden su propia naturaleza para evitar la corrupción si es que van a dejar de lado a la presidenta de la República”
Andy Carrión, abogado penalista y especialista en la implementación de medidas preventivas anticorrupción (compliance) señaló a El Comercio que poner en marcha lienamiento para el buen uso y manejo de bienes del Estado, en este caso de los vehículos bajo la administración del Despacho Presidencial, deben empezar por cumplirse desde la cabeza de la institución.
Señaló que la Directiva N°001 -2025-DP/SSG recientemente emitida por el gobierno de Dina Boluarte, se enmarce dentro de lo que hoy se conoce como “Compliance” contra la corrupción y las acciones para su prevención.
Sin embargo, señaló que esta resultaría ineficaz, si no toma como punto medular de partida que quien dirige la institución, en este caso el Despacho Presidencial, cumpla con la directiva.
“Entonces, no tiene sentido; y las directivas pierden su propia naturaleza para evitar la corrupción, si es que van a dejar de lado a la presidenta de la República, porque solamente los subordinados tienden a seguir las normas, en tanto la cabeza lo haga. Es decir, pregonar con el ejemplo.”
En el caso concreto, comentó, se desnaturaliza la directiva ya que se excluye a la persona que debería de pregonar con el ejemplo, en las medidas anticorrupción, que es la presidenta de la República. Por tanto, resultaría en “un saludo a la bandero o un distractor, un programa en el papel, pero no efectivo”.
“Ahora, podrían decir que hay medidas especiales para la presidenta porque, precisamente, se necesita resguardar su seguridad, pero esto no quiere decir que en la propia directiva no se pueda establecer mecanismos para la liberación de la información a la fiscalía, por ejemplo”, comentó.
En esa línea, consideró que lo que se podría decir es que “la Presidencia de la República implementa un programa de cumplimiento ineficaz”, pues se interpreta como “yo sí puedo estar fuera de control, pero ustedes subordinados, sí van a estar controlados”.
Carrión Zenteno recordó que días atrás Boluarte Zegarra y su defensa señalaron que como cualquier persona, le asisten sus derechos a guardar silencio sobre la información referida a “El Cofre” y su desplazamiento hacia el sur de Lima.
No obstante, indicó que bajo el mismo criterio, también tendría obligaciones, y una de ellas sería no quedar excenta del control del desplazamiento vehicular.
“Es contradictorio, pues si la presidencia señala que debe tratársele de igual manera ante la ley, que tiene el derecho al silencio, derecho a que su información sea reservada, entonces, si es que va ha implementar un programa de prevención que también siga ese mismo criterio y ella, teniendo los mismos derechos y por tanto las mismas obligaciones, debería partir por ella la directiva”, dijo el abogado.
Finalmente, remarcó que en el Perú está vigente la Ley 30424, ley que responsabiliza penalmente a las personas jurídicas y desarrolla la implementación de programas de cumplimiento (prevención) y su reglamentación de lucha contra la corrupción.
Añadió que si bien se aplica a personas jurídicas, estas son equiparables a las instituciones públicas. Y es allí, agregó, es donde también se señala que uno de los supuestos más importantes, es que es que su cumplimiento siempre debe comenzar por quien lidera la institución.
